
El yacimiento del Rubicón se conoce desde hace décadas como los Pozos del Rubicón. Seis siglos después de que allí se levantara el primer asentamiento europeo de Canarias, y sesenta años después de las primeras excavaciones, la séptima campaña arqueológica está buscando exactamente eso: más pozos. Las fuentes escritas de los siglos XVI y XVII hablan de seis o siete. Confirmados solo hay cuatro.
Elpejeverde.com | Lanzarote, 10 de octubre de 2026
El equipo multidisciplinar que dirige la excavación lo forman los arqueólogos María del Cristo González, Esther Chávez, Nona Perera, Luis Alejandro García y Miguel Ángel Hervás. Trabajan en la séptima campaña sobre el yacimiento de San Marcial del Rubicón, en el litoral de Yaiza, con el objetivo de reconstruir cómo era la vida en aquella ciudad: el origen de su población, su actividad cotidiana y sus relaciones sociales.
Cuatro entidades sostienen la investigación: el Gobierno de Canarias, las dos universidades públicas canarias y el Ayuntamiento de Yaiza. A ellas se suman la empresa Baraka Arqueólogos y estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de La Laguna. El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, la concejala de Patrimonio, Silvia Santana, y el concejal de Parque Móvil, Rubén Arca, visitaron el yacimiento esta semana.
La campaña de este año, de cinco semanas de duración y ya en su ecuador, se ha centrado en el eje acuífero del barranco. El equipo quiere confirmar o descartar la existencia de nuevos pozos, una hipótesis que sostienen tanto documentos escritos de los siglos XVI y XVII como testimonios orales recogidos en la actualidad. Frente a los cuatro pozos conocidos, hay quien habla de seis o incluso siete: el barranco fue intensamente explotado durante esos siglos.
Los trabajos han sacado a la luz varias estructuras que, en el estado actual de la investigación, no pueden confirmarse como pozos, pero sí están vinculadas al uso del agua. Es una distinción importante en arqueología: una cosa es documentar una estructura hidráulica y otra, bastante más exigente, acreditar que se trata de un pozo.
El equipo tomó este año una decisión metodológica que merece explicación: no volver a destapar las zonas ya excavadas en campañas anteriores —los hábitats domésticos o las fortificaciones— y dedicar el esfuerzo a localizar espacios nuevos con funciones distintas de las ya documentadas.
Para eso recurrieron al estudio geofísico realizado durante los dos primeros años de campaña, que permite detectar anomalías bajo tierra sin excavar. Siguiendo esas huellas, destaparon un área próxima a la caseta donde los arqueólogos guardan las herramientas. Lo que apareció allí podría ser un depósito de cal asociado al horno de cal que se descubrió hace dos años, lo que empezaría a dibujar un área de producción dentro del asentamiento.
Conviene recordar de qué se está hablando. San Marcial del Rubicón fue el primer asentamiento europeo estable de Canarias, levantado hacia 1402 por las huestes de los capitanes franconormandos Jean de Béthencourt y Gadifer de La Salle. Es el escenario de los hechos que narra Le Canarien, la primera crónica europea conocida del Atlántico.
El 7 de julio de 1404, el papa Benedicto XIII elevó su iglesia a sede episcopal: el obispado del Rubicón, el primero de Canarias. El traslado posterior de la diócesis a Gran Canaria marcó el principio de su decadencia, que remataron los ataques berberiscos y, en 1593, los piratas ingleses que destruyeron la iglesia. Sus pobladores acabaron buscando refugio tierra adentro.
De aquella catedral no se conserva nada visible. El lugar donde se supone que estuvo lo señala únicamente la cruz blanca que se levantó hacia 1862 y que todavía preside el cerro sobre las excavaciones, la misma que aparece en las fotografías de esta campaña.
Las primeras búsquedas arqueológicas se remontan a comienzos de los años sesenta, cuando los hermanos Serra Ráfols localizaron en el entorno de los Pozos del Rubicón restos de muros y elementos arquitectónicos que identificaron con la torre erigida por Béthencourt.
Seis décadas después, el trabajo continúa en el mismo barranco y alrededor del mismo asunto: el agua. Que era, al fin y al cabo, la razón por la que alguien decidió asentarse justo allí.
Arriba, la cruz levantada hacia 1862 que señala el lugar donde se supone que estuvo la catedral del Rubicón, con el equipo trabajando a sus pies. Abajo, labores de la séptima campaña de excavaciones y explicaciones a la visita institucional / Fotos: Ayuntamiento de Yaiza

El futuro Centro de Atención Especializada de Costa Teguise tiene local elegido, metros cuadrados y hasta una descripción de sus instalaciones, pero sigue sin contrato de alquiler firmado, sin precio cerrado y sin fecha de apertura. Lo reconoció este jueves en el Parlamento la consejera de Sanidad, Esther Monzón, a preguntas del diputado socialista por Lanzarote Marcos Bergaz. Mientras tanto, 6.620 personas esperan en la isla por una operación o por un especialista.
Elpejeverde.com | Lanzarote, 10 de octubre de 2026
La comparecencia se produjo en la Comisión parlamentaria de Sanidad, donde Bergaz, que es además portavoz del PSOE en Teguise, pidió al Gobierno de Canarias concreción sobre seis puntos: el coste y la duración del alquiler, las obras de adaptación y su presupuesto, la inversión prevista, las especialidades que ofrecerá el centro, la dotación de profesionales y los plazos de puesta en marcha.
La consejera respondió a algunos de esos puntos y dejó otros en el aire. Monzón detalló que el CAE contará con un quirófano de Cirugía Menor Ambulatoria, tres salas de Radiodiagnóstico —radiología simple, ecografía y mamografía— y alrededor de quince consultas de distintas especialidades hospitalarias. No precisó cuáles serán esas especialidades, ni cuántos profesionales sanitarios se destinarán al centro, ni en qué fecha abrirá.
Sobre el alquiler, la consejera admitió que el contrato de arrendamiento todavía no se ha formalizado y que el precio continúa en negociación.
El inmueble seleccionado se encuentra en Costa Teguise, tiene una superficie de 1.460 metros cuadrados y alberga en la actualidad una clínica privada. La autorización para concertar directamente su arrendamiento se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el pasado 7 de septiembre.
Ese trámite es el que permite al Servicio Canario de la Salud negociar el alquiler sin concurso público, por la vía directa, pero no equivale a tener el contrato cerrado. De ahí la distancia entre el anuncio de septiembre y la respuesta de este jueves: un mes después de la publicación en el BOC, ni hay firma ni hay precio.
El diputado situó el proyecto en el contexto de las cifras sanitarias de la isla. Según los datos oficiales del Servicio Canario de la Salud a 30 de junio de 2026, en Lanzarote hay 1.866 personas pendientes de una intervención quirúrgica y 4.754 esperando la consulta de un especialista.
Sumadas, son 6.620 personas. Sobre los 170.155 residentes que el Instituto Nacional de Estadística atribuye a la isla a 1 de julio de este año, la proporción equivale a uno de cada veintiséis habitantes, o a cerca del 9% de toda la población de Arrecife.
"Con 1.866 personas esperando por una operación y 4.754 por la consulta de un especialista, la sanidad en Lanzarote no va bien", resumió Bergaz, que pidió al Ejecutivo autonómico que concrete cómo y cuándo prevé reforzar la atención especializada en la isla.
El diputado reconoció que los servicios anunciados para el centro podrían mejorar la atención sanitaria en Costa Teguise y en el conjunto de la isla, pero advirtió de que el proyecto necesita concretarse. "Un anuncio no es una realidad hasta que hay un contrato, una inversión y una fecha de apertura", señaló.
La situación del CAE se suma, según su planteamiento, a la de otras dos infraestructuras sanitarias pendientes en Lanzarote: la rehabilitación del Hospital Insular y la construcción del nuevo centro de salud de Playa Honda. Dos asuntos que han generado movilización vecinal en los últimos meses, con más de 7.000 personas concentradas en defensa del Hospital Insular y recogidas de firmas para reclamar el centro de salud de Playa Honda.
Bergaz anunció que continuará haciendo seguimiento del CAE y del resto de actuaciones sanitarias pendientes, tanto desde el Parlamento como desde el Ayuntamiento de Teguise. "Lanzarote no necesita más anuncios, sino una planificación sanitaria seria, inversiones comprometidas y fechas que se cumplan", concluyó.
Por ahora, el calendario del CAE de Costa Teguise sigue dependiendo de un trámite previo: la firma de un contrato de alquiler cuyo precio, cinco semanas después de autorizarse la negociación, aún no está cerrado.
El diputado socialista por Lanzarote Marcos Bergaz, durante su intervención en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias / Foto: Parlamento de Canarias

La acampada por la vivienda del Parque Viejo de Arrecife entra en su cuarto día convertida en munición electoral. Juventudes Socialistas denunció este viernes una "respuesta represiva" del Ayuntamiento y sanciones de hasta 4.500 euros por persona. En el expediente municipal, por ahora, no consta ninguna multa impuesta.
Elpejeverde.com | Lanzarote, 9 de octubre de 2026
Diez tiendas de campaña bajo una pérgola del parque José Ramírez Cerdá, el Parque Viejo de toda la vida, a dos pasos del Quiosco de la Música. Llevan ahí desde la noche del martes y sus ocupantes anuncian que seguirán, al menos, hasta el lunes 12. En cuatro días, lo que empezó como una protesta por el precio del alquiler se ha convertido en el principal campo de batalla político de la isla a cincuenta días de las generales.
La secuencia es conocida. El jueves, los acampados relataron a Lancelot Televisión que agentes de la Policía Local habían acudido en dos ocasiones, habían tomado los datos de varios participantes y les habían advertido de posibles sanciones: alrededor de 1.500 euros por mantener las instalaciones y otros 3.000 por las pancartas. Nadia, una de las portavoces de la asamblea, aseguró que también les comunicaron que el servicio municipal de limpieza acudiría a retirarlo todo.
El marco jurídico lo fijó por escrito la propia Administración del Estado. En una resolución firmada el jueves 8, la Dirección Insular de la Administración General del Estado no puso objeciones a la concentración comunicada hasta el lunes 12, siempre que se respeten las condiciones de seguridad y libre circulación. Pero precisó que su competencia se limita al derecho de reunión y manifestación, y que corresponde al Ayuntamiento autorizar cualquier ocupación del espacio público o instalación de elementos.
Las ordenanzas municipales de Arrecife prohíben acampar. Los manifestantes no tienen autorización municipal para las tiendas. Sobre esa base actúa la Policía Local, y ese es el criterio que la Delegación del Gobierno —dependiente del Ejecutivo de Pedro Sánchez— trasladó formalmente por escrito.
Sobre ese cuadro irrumpió este viernes el comunicado de Juventudes Socialistas de Lanzarote y La Graciosa, firmado por su responsable, José Carlos Roger, que condena "la respuesta represiva de Yonathan de León" y eleva la cifra de las posibles sanciones hasta los 4.500 euros por persona.
"Son familias, jóvenes y trabajadores que reclaman poder vivir en su isla", sostiene Roger, que califica las advertencias de "respuesta represiva ante una reivindicación que compartimos miles de personas en Lanzarote". El dirigente socialista reclama al alcalde que "abandone las amenazas de multas y desalojo y se siente a escuchar", y añade que "amenazar con sanciones de miles de euros a personas que están reclamando una vivienda digna es una muestra intolerable de insensibilidad política".
El comunicado incorpora además un pasaje sobre la actuación personal del alcalde: según los testimonios que recoge, De León "se personó junto al lugar de la protesta y subió al quiosco de la música para tomar fotografías".
Las cantidades que maneja el escrito —esos 4.500 euros— proceden en su totalidad del relato de los acampados. No hay expediente sancionador abierto que conste, ni resolución, ni notificación con importe y destinatario. La propia información periodística que destapó el asunto cerraba precisando que las cantidades mencionadas corresponden a advertencias relatadas por los participantes, sin que conste la imposición formal de sanciones.
Esa salvedad no figura en el comunicado socialista, que presenta las multas como un hecho consumado y construye sobre ellas la acusación de represión.
El documento de Juventudes Socialistas consta de nueve párrafos dedicados a la emergencia habitacional. Describe a jóvenes que no logran emanciparse, familias que temen perder su casa y personas que trabajan y aun así no pueden pagar un alquiler. Interpela al alcalde de Arrecife, menciona al Partido Popular y reclama diálogo al Consistorio.
En ninguno de esos nueve párrafos aparece una referencia al Gobierno de España, al Ministerio de Vivienda ni a la legislación estatal en la materia. La competencia sobre el mercado del alquiler, la regulación de los desahucios y la política estatal de vivienda no corresponde a los ayuntamientos, que gestionan ordenanzas, licencias y suelo municipal. Corresponde al Estado, gobernado desde 2018 por el partido del que dependen orgánicamente las Juventudes Socialistas.
La concentración está comunicada hasta el lunes 12. A partir de esa fecha decae el amparo de la resolución de la Delegación del Gobierno y la situación de las tiendas queda enteramente en manos de la ordenanza municipal, que las prohíbe. Los acampados mantienen que seguirán de forma pacífica.
Mientras tanto, ninguna de las partes ha movido ficha hacia el acuerdo: el Ayuntamiento no ha ofrecido una ubicación alternativa ni un cauce de diálogo formal, y la asamblea no ha pedido autorización para la instalación. En el Parque Viejo siguen las diez tiendas, el alquiler sigue costando lo que cuesta y, de momento, la única cifra confirmada de todo el asunto es la de los días que llevan allí: cuatro.
José Carlos Roger, de Juventudes Socialistas de Lanzarote y La Graciosa, durante un acto del partido, y la acampada por la vivienda instalada bajo la pérgola del Parque Viejo de Arrecife / Fotos: PSOE y Lancelot TV

El alcalde de Tías sacó este viernes por la mañana una nota acusando a Coalición Canaria y al Partido Popular de "especular" con la vega de Mácher y señalando a Oswaldo Betancort por haber "engañado con hechos" a los lanzaroteños. Horas después, el Cabildo respondió: rechazo rotundo al proyecto, posición desfavorable, igual que con la planta anterior. Es decir, exactamente lo mismo que pedía el alcalde. La pregunta que queda flotando es por qué montó entonces el escándalo.
Elpejeverde.com | Lanzarote, 9 de octubre de 2026
Vayamos por orden, porque el orden lo explica todo. A primera hora de la mañana, el Ayuntamiento de Tías distribuye una nota en la que José Juan Cruz Saavedra expresa su "rechazo absoluto y rotundo" a la tramitación de la planta fotovoltaica 'Tías II' en la vega de Mácher. Hasta ahí, normal: es su municipio, es suelo rústico, y defender el territorio de su pueblo es exactamente lo que se espera de un alcalde.
El problema es lo que viene después. Porque la nota no se queda en rechazar el proyecto: convierte el asunto en un ataque político a CC y al PP, a los que exige que "cesen de inmediato la especulación con la isla de Lanzarote", y remata señalando personalmente al presidente del Cabildo: "Oswaldo Betancort ha engañado con hechos a los lanzaroteños y lanzaroteñas".
Y aquí es donde conviene detenerse, porque hay tres cosas que el alcalde de Tías sabía perfectamente cuando firmó ese texto.
La primera: que la salida de un expediente a información pública no es una autorización. Es un trámite reglado. Cuando un promotor presenta una solicitud que cumple los requisitos formales, la Administración está obligada a tramitarla y a resolverla. No puede archivarla de un plumazo porque el proyecto no guste; hacerlo sería, literalmente, prevaricar. Un alcalde con veinte años de experiencia en la gestión municipal conoce esto de sobra.
La segunda: que el Cabildo ya se había pronunciado en contra de la planta fotovoltaica proyectada anteriormente en Mácher. No es una promesa ni una intención: es un informe formal ya emitido, con posición desfavorable, por considerar que no se ajustaba al modelo territorial y energético de la isla. Existe, está firmado y es público.
La tercera: que el Cabildo tiene encima de la mesa, y ya presentado a los siete ayuntamientos —incluido el de Tías—, el informe técnico sobre las Zonas de Aceleración de Energías Renovables. Ese documento recorta la superficie propuesta de 3.163 hectáreas a menos de 200. Hagamos la cuenta: es una reducción del 93,7%. Queda en torno al 0,25% del territorio insular, priorizando cubiertas de edificios, aparcamientos, infraestructuras existentes y terrenos ya degradados, precisamente para no tocar suelo rústico.
Dicho de otro modo: el alcalde acusó de querer llenar la isla de placas a la institución que acaba de proponer recortar en un 94% el suelo disponible para ponerlas.
La contestación del Cabildo llegó esa misma tarde y fue, en el fondo, demoledora por lo sencilla. Betancort aclaró que la información pública "no supone una autorización ni un respaldo al proyecto" y añadió: "El Gobierno de Canarias tiene la obligación de dar continuidad al procedimiento y cualquier interesado tiene derecho a que su solicitud sea estudiada. Cuando corresponda pronunciarnos, nuestra posición será desfavorable porque este proyecto no responde al modelo energético y territorial que defendemos para Lanzarote".
El consejero de Energía, Miguel Ángel Jiménez, apretó un poco más: "La posición del Cabildo ha sido clara desde el principio y está respaldada por hechos. Defendemos una implantación ordenada de las renovables, priorizando cubiertas, infraestructuras y espacios ya transformados y reduciendo al máximo la ocupación de suelo rústico". Y cerró con la frase que resume el episodio: "Que un expediente tenga que continuar su tramitación administrativa no cambia nuestra posición".
Resultado del día: Tías está en contra de la planta. El Cabildo está en contra de la planta. Nadie en Lanzarote la defiende. Entonces, ¿contra quién iba la nota de la mañana?
Iba contra el adversario político, a cincuenta días de unas elecciones generales. Eso es lo que iba. Se coge un trámite administrativo obligatorio, se presenta ante el vecino como si fuera una decisión política deliberada, se señala con nombre y apellidos al presidente del Cabildo, y se confía en que el titular llegue más lejos que el desmentido. Es una táctica vieja y conocida: la respuesta siempre tiene menos recorrido que la acusación.
Lo que no previó el alcalde es que la réplica llegaría el mismo día, con documentos encima de la mesa y con un antecedente que lo desmonta entero: el Cabildo ya había dicho que no a la planta anterior en ese mismo lugar.
Y queda un detalle que el alcalde no menciona en ninguna línea de su nota. El procedimiento lo tramita el Gobierno de Canarias porque así lo exige la legislación de procedimiento administrativo, esa que obliga a dar curso a toda solicitud que cumpla los requisitos. Pedir que se "pare de inmediato" un expediente en información pública no es defender el territorio: es pedir que un gobierno se salte la ley. Y eso, viniendo de un alcalde, cuesta creer que sea desconocimiento.
Tías tiene todo el derecho a pelear por su vega de Mácher, y hace bien en anunciar alegaciones y recursos, que es exactamente el cauce correcto. Pero defender el suelo rústico de un municipio y fabricar un titular electoral son dos cosas distintas. Este viernes se hicieron las dos a la vez, y solo una de ellas resistió hasta la tarde.
Arriba, el plano del expediente de la planta fotovoltaica 'Tías II' en la vega de Mácher facilitado por el Ayuntamiento de Tías. Abajo, el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, junto al consejero Jesús Machín, y el salón de plenos del Ayuntamiento de Tías / Fotos: Cabildo de Lanzarote y Ayuntamiento de Tías

Arrecife va a contar sus gatos. La Concejalía de Bienestar Animal convoca el miércoles 14 a las seis de la tarde, en el Zaguán, a las asociaciones, a los veterinarios y sobre todo a quienes llevan años alimentando colonias por su cuenta y riesgo. El objetivo es montar un programa municipal con censo, esterilizaciones y protocolos. Y conviene decir una cosa desde el principio: esto no es una iniciativa voluntariosa, es una obligación legal que la ciudad lleva tres años debiendo.
Elpejeverde.com | Lanzarote, 9 de octubre de 2026
La jornada que organiza la concejalía que dirige Jacobo Lemes está abierta a las asociaciones de protección animal, a las personas voluntarias y, muy especialmente, a las cuidadoras y cuidadores de gatos comunitarios del municipio. La idea es crear una unidad coordinadora que ponga a trabajar en la misma dirección a los servicios municipales, a quienes cuidan las colonias sobre el terreno y a los servicios veterinarios, con criterios comunes en lugar de cada uno por su lado.
Entre las primeras medidas está la que da sentido a todo lo demás: un censo actualizado de gatos comunitarios con su número, su ubicación, su estado, cuáles están ya esterilizados y cuáles no. Sin ese mapa no se puede planificar nada, porque hoy por hoy nadie sabe con certeza cuántos gatos hay en Arrecife ni dónde están.
El programa se apoyará en el método CER: capturar, esterilizar y retornar. Suena técnico, así que conviene explicarlo, porque es justo lo que mucha gente no entiende y por eso lo critica.
La reacción instintiva ante una colonia molesta es retirar los gatos. El problema es que no sirve: cuando se vacía una colonia, el territorio queda libre de ocupantes pero no de recursos —hay comida, hay refugio— y en pocas semanas llegan gatos de otras zonas a ocuparlo. Se llama efecto vacío, y el resultado es que al cabo de unos meses hay otra vez una colonia, con la diferencia de que esta no está esterilizada ni controlada. Se ha gastado el dinero para volver al punto de partida.
El CER hace lo contrario: deja los gatos donde están, pero esterilizados. La colonia deja de crecer, defiende su territorio de la llegada de otros y se va reduciendo sola con los años. Es más lento, es menos vistoso, y es lo único que ha demostrado funcionar.
Una gata sin esterilizar puede tener dos o tres camadas al año, de tres a cinco crías cada una. Las hembras de esas camadas son fértiles antes de cumplir el año. Esa progresión es la razón de que una colonia desatendida se descontrole en un par de temporadas y de que cada mes de retraso en esterilizar se pague multiplicado después.
Aquí está el contexto que no aparece en la nota municipal y que conviene conocer. La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, en vigor desde marzo de 2023, dedica un capítulo entero a las colonias felinas y no deja margen: obliga a los ayuntamientos a censar y mapear los gatos de su término, a esterilizarlos mediante veterinario habilitado, a identificarlos con microchip registrado a nombre del propio ayuntamiento, a mantener un programa sanitario con desparasitación y vacunación supervisado por un colegiado, y a formar y acreditar a las personas cuidadoras.
Es decir: todo lo que Arrecife empieza a plantear el día 14 es, desde hace tres años y medio, una obligación. No es mérito extraordinario ponerse a ello; es cumplir.
Dicho lo cual, seamos justos: tampoco es un retraso exclusivo de Arrecife. Este mismo año se han convocado movilizaciones en 38 localidades españolas precisamente porque la aplicación de esa ley es, según los convocantes, insuficiente en muchos municipios e inexistente en otros. Arrecife llega tarde, sí, pero llega. Y hay bastantes ayuntamientos que todavía no han llegado.
Lemes apunta a algo que quien vive cerca de una colonia conoce bien: "El trabajo conjunto incluirá la revisión y mejora de los puntos de alimentación, el seguimiento de las condiciones de salud de los animales y la atención a las incidencias que puedan surgir en el entorno de las colonias". La concejalía habla además de escucha activa y mediación vecinal.
Y ahí está el nudo de verdad. Los problemas con las colonias casi nunca son por los gatos: son por los platos de comida dejados de cualquier manera en un portal, por los restos que atraen ratas, por el vecino que alimenta a las once de la noche bajo la ventana de otro. Un punto de alimentación bien ubicado, limpio y con horario resuelve la mitad de los conflictos antes de que empiecen. Que el Ayuntamiento lo ponga por escrito es más importante de lo que parece.
La cita es el miércoles 14 de octubre, a las 18:00, en el Zaguán. Quien lleve años dando de comer a los gatos de su barrio tiene ahí la oportunidad de que ese trabajo deje de ser voluntarismo solitario y pase a estar amparado, coordinado y, sobre todo, pagado por quien tiene la obligación de hacerlo.
El concejal de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Arrecife, Jacobo Lemes, con uno de los gatos atendidos en las instalaciones municipales / Foto: Ayuntamiento de Arrecife
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