La acampada por la vivienda del Parque Viejo de Arrecife entra en su cuarto día convertida en munición electoral. Juventudes Socialistas denunció este viernes una "respuesta represiva" del Ayuntamiento y sanciones de hasta 4.500 euros por persona. En el expediente municipal, por ahora, no consta ninguna multa impuesta.

Elpejeverde.com | Lanzarote, 9 de octubre de 2026

Diez tiendas de campaña bajo una pérgola del parque José Ramírez Cerdá, el Parque Viejo de toda la vida, a dos pasos del Quiosco de la Música. Llevan ahí desde la noche del martes y sus ocupantes anuncian que seguirán, al menos, hasta el lunes 12. En cuatro días, lo que empezó como una protesta por el precio del alquiler se ha convertido en el principal campo de batalla político de la isla a cincuenta días de las generales.

La secuencia es conocida. El jueves, los acampados relataron a Lancelot Televisión que agentes de la Policía Local habían acudido en dos ocasiones, habían tomado los datos de varios participantes y les habían advertido de posibles sanciones: alrededor de 1.500 euros por mantener las instalaciones y otros 3.000 por las pancartas. Nadia, una de las portavoces de la asamblea, aseguró que también les comunicaron que el servicio municipal de limpieza acudiría a retirarlo todo.

Lo que dice la Delegación del Gobierno

El marco jurídico lo fijó por escrito la propia Administración del Estado. En una resolución firmada el jueves 8, la Dirección Insular de la Administración General del Estado no puso objeciones a la concentración comunicada hasta el lunes 12, siempre que se respeten las condiciones de seguridad y libre circulación. Pero precisó que su competencia se limita al derecho de reunión y manifestación, y que corresponde al Ayuntamiento autorizar cualquier ocupación del espacio público o instalación de elementos.

Las ordenanzas municipales de Arrecife prohíben acampar. Los manifestantes no tienen autorización municipal para las tiendas. Sobre esa base actúa la Policía Local, y ese es el criterio que la Delegación del Gobierno —dependiente del Ejecutivo de Pedro Sánchez— trasladó formalmente por escrito.

La entrada en escena de Juventudes Socialistas

Sobre ese cuadro irrumpió este viernes el comunicado de Juventudes Socialistas de Lanzarote y La Graciosa, firmado por su responsable, José Carlos Roger, que condena "la respuesta represiva de Yonathan de León" y eleva la cifra de las posibles sanciones hasta los 4.500 euros por persona.

"Son familias, jóvenes y trabajadores que reclaman poder vivir en su isla", sostiene Roger, que califica las advertencias de "respuesta represiva ante una reivindicación que compartimos miles de personas en Lanzarote". El dirigente socialista reclama al alcalde que "abandone las amenazas de multas y desalojo y se siente a escuchar", y añade que "amenazar con sanciones de miles de euros a personas que están reclamando una vivienda digna es una muestra intolerable de insensibilidad política".

El comunicado incorpora además un pasaje sobre la actuación personal del alcalde: según los testimonios que recoge, De León "se personó junto al lugar de la protesta y subió al quiosco de la música para tomar fotografías".

Las cifras del condicional

Las cantidades que maneja el escrito —esos 4.500 euros— proceden en su totalidad del relato de los acampados. No hay expediente sancionador abierto que conste, ni resolución, ni notificación con importe y destinatario. La propia información periodística que destapó el asunto cerraba precisando que las cantidades mencionadas corresponden a advertencias relatadas por los participantes, sin que conste la imposición formal de sanciones.

Esa salvedad no figura en el comunicado socialista, que presenta las multas como un hecho consumado y construye sobre ellas la acusación de represión.

Nueve párrafos sin Madrid

El documento de Juventudes Socialistas consta de nueve párrafos dedicados a la emergencia habitacional. Describe a jóvenes que no logran emanciparse, familias que temen perder su casa y personas que trabajan y aun así no pueden pagar un alquiler. Interpela al alcalde de Arrecife, menciona al Partido Popular y reclama diálogo al Consistorio.

En ninguno de esos nueve párrafos aparece una referencia al Gobierno de España, al Ministerio de Vivienda ni a la legislación estatal en la materia. La competencia sobre el mercado del alquiler, la regulación de los desahucios y la política estatal de vivienda no corresponde a los ayuntamientos, que gestionan ordenanzas, licencias y suelo municipal. Corresponde al Estado, gobernado desde 2018 por el partido del que dependen orgánicamente las Juventudes Socialistas.

Qué pasa el lunes

La concentración está comunicada hasta el lunes 12. A partir de esa fecha decae el amparo de la resolución de la Delegación del Gobierno y la situación de las tiendas queda enteramente en manos de la ordenanza municipal, que las prohíbe. Los acampados mantienen que seguirán de forma pacífica.

Mientras tanto, ninguna de las partes ha movido ficha hacia el acuerdo: el Ayuntamiento no ha ofrecido una ubicación alternativa ni un cauce de diálogo formal, y la asamblea no ha pedido autorización para la instalación. En el Parque Viejo siguen las diez tiendas, el alquiler sigue costando lo que cuesta y, de momento, la única cifra confirmada de todo el asunto es la de los días que llevan allí: cuatro.

José Carlos Roger, de Juventudes Socialistas de Lanzarote y La Graciosa, durante un acto del partido, y la acampada por la vivienda instalada bajo la pérgola del Parque Viejo de Arrecife / Fotos: PSOE y Lancelot TV