Gustavo Valiente/Europa Press

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dejado visto para sentencia el juicio contra el senador autonómico de Coalición Canaria, Pedro San Ginés, acusado de presunta denuncia falsa y falso testimonio. El proceso, que hunde sus raíces en la gestión de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) de Lanzarote durante la etapa del socialista Carlos Espino, ha pivotado en su recta final sobre un detalle procesal determinante: quién dio el primer paso en la acusación que acabó arruinando a la empresa del ya fallecido Antonio González.

Para la acusación particular —ejercida por los hijos del empresario— y para el Ministerio Fiscal, San Ginés acudió a las autoridades con el ánimo deliberado de faltar a la verdad. Sin embargo, la última sesión del juicio ha arrojado una testifical que amenaza con enfriar las expectativas de una condena y rebajar los ánimos de victoria judicial en el entorno socialista.

El requerimiento de Pamparacuatro: el escudo de la defensa

El punto de inflexión de la vista oral llegó con la comparecencia de dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Su testimonio apuntaló la principal línea de defensa del senador: no hubo una cruzada personal, sino obediencia a un mandato judicial en el marco del estallido del caso Unión.

Tal y como recoge en su cobertura  Lancelot Digital, "El juez César Pamparacuatro fue quien diligenció a la Guardia Civil que se entrevistara con San Ginés en relación con el conocido como caso de las cocinas de Los Jameos del Agua". Este matiz es fundamental. En derecho penal, el delito de denuncia falsa exige una intencionalidad maliciosa y espontánea. Si San Ginés actuó bajo la "diligencia" de un juez instructor que ya investigaba una macrocausa de corrupción en la isla, la tesis del ataque político premeditado contra Espino pierde tracción jurídica.

Según detalla el citado medio, los agentes precisaron en el Supremo que "acudieron al domicilio de San Ginés por orden del magistrado para tomarle declaración en la sede de la Guardia Civil sobre supuestas irregularidades cometidas por Carlos Espino". Esta versión fue corroborada en la sala por la periodista Pilar Martínez, quien testificó haber presenciado un encuentro previo entre el juez instructor y el entonces futuro presidente del Cabildo.

La autoría de la denuncia formal

El segundo pilar de la defensa de San Ginés busca desvincularlo de la formalización de los cargos que mantuvieron años de calvario judicial para los acusados originales. A su salida de la vista, en declaraciones al programa Café de Periodistas, el senador reiteró su postura.

La crónica de Lancelot Digital resume esta estrategia argumental: "El testimonio del Guardia Civil refuerza la versión de San Ginés: él no presentó denuncia contra Espino ni contra el empresario Antonio González. Su papel se limitó a trasladar información al juez de la documentación que tenía recabada, incluso antes de estar como Presidente del Cabildo. Posteriormente, el Consejo de Administración de los Centros Turísticos presentó la denuncia".

Un fallo de complejas aristas

A pesar de la contundencia de los testigos de la defensa, el Tribunal Supremo tiene ahora la compleja tarea de dictar sentencia sopesando todas las pruebas. El alto tribunal deberá dilucidar si, independientemente de quién firmara la denuncia final en el Consejo de Administración, la información original que San Ginés facilitó a los agentes diligenciados por Pamparacuatro fue entregada con conocimiento de su falsedad —como sostiene la acusación— o si, por el contrario, fue una entrega de indicios documentalmente respaldados en el marco de su deber cívico y político.

El desenlace de este caso no solo decidirá el futuro penal y político del senador, sino que cerrará uno de los capítulos más agrios de la judicialización de la vida política lanzaroteña.

Imagen de hoy en Puerto Naos

Pejeverde

Ha caído el Muro de Berlín en Arrecife. O al menos, esa es la épica  que nos intentan vender desde las instituciones el día de hoy . Las palas han empezado por fin a derribar el famoso "muro de la vergüenza" de Puerto Naos, y la clase política capitalina ha salido en tromba a comprar flores para lanzárselas por encima. Es un espectáculo maravilloso, y a la vez extraño, ver a algunos de  nuestros dirigentes exigir un aplauso  por solucionar una chapuza estética y urbanística de la que ya se les había advertido hace catorce años.

Para entender la magnitud de esta comedia, hay que desempolvar la hemeroteca, ese juez implacable que no perdona. Viajemos al 24 de septiembre de 2012. Por aquel entonces, mientras se levantaba esta aberración de cemento, Blanca Blancas y Domingo García, desde las filas de Alternativa Ciudadana 25 de mayo, presentaron una moción suplicando su "derribo inmediato". Advertían, con un sentido común que en Arrecife a veces parece ciencia ficción, que vallar la zona portuaria era "negarnos a los ciudadanos parte de nuestra historia y cultura", y se oponían tajantemente a que nos impusieran "la ceguera con la disculpa de la seguridad".

¿Qué hicieron las autoridades y los grandes partidos de la época? Mirar para otro lado, ignorar a Alternativa Ciudadana y dejar que el hormigón sepultara las vistas de la ciudad hacia su propio origen marinero.

Damos un salto temporal hasta el presente. Estos días el muro cae, y arranca el campeonato insular de colgarse medallas. Por un lado, sale Coalición Canaria en Arrecife deshaciéndose en elogios hacia los suyos. El teniente de alcalde, Echedey Eugenio, saca el incensario para aplaudir la "sensibilidad y gestión" de la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada. Faltaría más, todo queda en casa. Se felicitan mutuamente por haber "sabido entender" la importancia de integrar el puerto y la ciudad. Un entendimiento deslumbrante que, curiosamente, ha tardado casi tres lustros en llegar a los despachos.

Pero el festival no termina ahí. El alcalde, Yonathan de León, tampoco ha querido perderse la foto. Desde su púlpito, saca pecho recordando que él mismo reiteró la petición "hace ahora un año". ¡Un año entero! Menuda prisa supersónica para un muro que lleva ahí desde que se podía pescar bogas en el puerto. .

Del Partido Socialista, por ahora, no hay notas de prensa. Y casi que mejor. Un silencio prudente es la decisión más inteligente que pueden tomar para evitar sumarse a este sainete y ahorrarnos más carcajadas.

Nadie niega que tirar el muro es una excelente noticia para Arrecife. Recuperar esos miles de metros cuadrados y que Puerto Naos vuelva a asomarse al mar es un alivio inmenso para los ojos y para la dignidad de la ciudad. Pero el tono triunfalista e impostado roza el ridículo más absoluto. Reivindicar como un hito de gestión faraónica el simple acto de meter la pala para corregir una estupidez que nos han obligado a tragar durante catorce años requiere tener la cara del mismo material que el muro que acaban de derribar: de puro hormigón armado.

Pejeverde

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha comenzado esta semana los trabajos de demolición del cerramiento de hormigón de Porto Naos, conocido popularmente en la capital como el "muro de la vergüenza". Esta actuación da cumplimiento a un acuerdo plenario del Ayuntamiento de Arrecife y atiende a las históricas demandas de la comunidad pesquera local para abrir visualmente la zona portuaria a la ciudad.

Previo a la retirada de estas estructuras de hormigón, construidas hace cerca de dos décadas por necesidades operativas, el ente portuario procedió a la licitación e instalación de un nuevo cerramiento perimetral interior. Este sistema alternativo permite cumplir con las normativas de seguridad exigidas por la legislación de Puertos del Estado, pero reduce drásticamente el impacto visual, facilitando a los transeúntes las vistas hacia el mar y el interior de las instalaciones.

La demolición de este vallado marca el inicio administrativo y físico de la recuperación de una parcela de 5.400 metros cuadrados de superficie. Gracias a un convenio de cesión de suelo ya vigente entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Arrecife, este espacio se transformará en un nuevo parque urbano que integrará dentro de su diseño el primitivo muelle de Porto Naos. Según ha avanzado el alcalde de la capital y miembro del consejo de administración portuario, Yonathan de León, la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote, que dirige Jacobo Medina, se encuentra actualmente ultimando los documentos para sacar a licitación la redacción del proyecto técnico de este futuro parque.

Esta nueva gran área de esparcimiento se integrará en un plan urbanístico más amplio. El Consistorio capitalino proyecta la creación de una red de cinco "ecobulevares" diseñados para cohesionar distintos puntos de Arrecife con la Vía Medular mediante paseos verdes. El Área de Obras Públicas tiene previsto sacar a licitación este mismo verano el primero de estos trazados, el cual conectará la Vía Medular con la zona de las Cuatro Esquinas a través de la calle Pérez Galdós.

Pejeverde

El Ayuntamiento de Arrecife ha dado luz verde en su último pleno municipal a la nueva Ordenanza de Limpieza y Sostenibilidad. El documento sustituye a la normativa anterior con el objetivo de modernizar la gestión de residuos en la capital, alineando las políticas locales con el Plan Integral de Residuos de Canarias y la estrategia de economía circular hacia el "residuo cero".

Uno de los aspectos más destacados del nuevo texto es el planteamiento de su régimen sancionador. La Concejalía de Limpieza, dirigida por Jacobo Lemes, ha introducido un enfoque pedagógico que busca que las sanciones cumplan una función resocializadora y educativa, más que estrictamente punitiva. Para facilitar esta transición y el conocimiento de los nuevos deberes, el Consistorio ha establecido un periodo de adaptación: aunque la ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles de su publicación oficial, las multas no comenzarán a tramitarse hasta seis meses después.

A nivel normativo, el texto introduce obligaciones específicas sobre elementos que hasta ahora generaban vacíos legales o conflictos continuos. A partir de ahora, se exige expresamente el mantenimiento adecuado de solares privados y fachadas visibles desde la vía pública. El Ayuntamiento se reserva la capacidad de incrementar las inspecciones y ejecutar subsidiariamente las labores de limpieza si los propietarios incumplen la norma. Asimismo, se establecen directrices estrictas para la prevención y retirada de basura en eventos multitudinarios que ocupen el espacio público.

El sector empresarial también deberá adaptarse a las nuevas directrices. La ordenanza fija exigencias técnicas para los grandes generadores de residuos, como hoteles o centros comerciales, regulando el uso de autocompactadoras. Del mismo modo, se endurecen las normas para la instalación y retirada de cubetas de escombros generados por obras, con el fin de minimizar las molestias en la vía pública.

Jacobo Lemes ha defendido que esta nueva reglamentación busca la implicación directa de los vecinos y empresas. El objetivo final, según el edil, es que la ciudadanía conozca sus derechos y deberes antes de la fase sancionadora, logrando un cumplimiento voluntario que garantice el mantenimiento del entorno urbano.