Pejeverde

El futuro del Hospital Insular de Lanzarote vuelve a la agenda del Parlamento de Canarias. El diputado Yoné Caraballo ha presentado una propuesta de resolución en el marco del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria con el objetivo de blindar el centro y garantizar su continuidad dentro del sistema público sanitario de las islas.

La iniciativa plantea que la Cámara autonómica respalde de forma explícita el fortalecimiento y desarrollo del hospital, reconociendo su papel en la atención sociosanitaria y frenando cualquier proceso que pueda derivar en una pérdida de servicios. Para ello, el texto exige al Gobierno de Canarias la elaboración de un proyecto previo de remodelación del edificio, el cual debe ir acompañado de una partida presupuestaria específica para ejecutar las obras de adecuación.

Junto a la reforma de la infraestructura, la propuesta de Caraballo subraya la necesidad de establecer un calendario claro para el retorno progresivo de los usuarios al centro hospitalario, con el fin de recuperar plenamente su actividad asistencial una vez que concluyan los trabajos de mejora.

Se trata de la segunda iniciativa que el diputado impulsa en el Parlamento autonómico para recabar apoyos hacia el Hospital Insular. Anteriormente, registró una Proposición No de Ley con el mismo objetivo estratégico, la cual fue rechazada por los votos de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP).

En este contexto, Caraballo ha aprovechado el Debate de la Nacionalidad para señalar directamente a las formaciones que sustentan al Ejecutivo de Fernando Clavijo. El diputado nacionalista les ha exigido que pasen "de las palabras a los hechos" y demuestren su compromiso real con la sanidad pública insular respaldando esta nueva propuesta de resolución.

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Arrecife a tres personas —dos hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 40 y los 48 años— como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Todos los arrestados contaban con antecedentes policiales previos. La autoridad judicial ha decretado el ingreso inmediato en prisión para dos de ellos.

La investigación policial se originó a principios de enero de este mismo año tras la recepción de una información anónima. Este aviso alertaba sobre la presencia en la capital de uno de los principales distribuidores de cocaína de la isla, vinculándolo además con una operación anterior desarrollada en mayo de 2025, en la cual se detuvo a un individuo que transportaba cuatro kilogramos de cocaína y un kilogramo de heroína. A raíz de estos datos, se estableció un dispositivo de vigilancia que confirmó los contactos del investigado con diversas personas relacionadas con el tráfico de drogas.

El operativo se precipitó la mañana de los arrestos tras una nueva llamada anónima que advertía de que el sospechoso iba a recibir una importante partida de estupefacientes. Los agentes observaron al individuo abandonar su domicilio y realizar un trayecto en el vehículo de un tercero, adoptando diversas medidas de seguridad. A su regreso a la vivienda, portaba un bolso pesado. En ese momento fue interceptado por la Policía Nacional, que localizó en el interior del bolso seis ladrillos de cocaína con un peso aproximado de siete kilogramos.

Tras este primer hallazgo, los investigadores solicitaron tres mandamientos judiciales para registrar dos viviendas y un local comercial vinculados a los detenidos. El saldo total de la operación, sumando la incautación en la vía pública y los registros, asciende a 11 kilogramos de cocaína, 10.000 euros en efectivo y cuatro vehículos intervenidos. Uno de estos turismos era un BMW de alta gama que contaba con un habitáculo oculto diseñado específicamente para esconder la droga.

 

S.Calleja

Parte de la portada de esta historia no es una declaración política, es un folio con sello judicial. Un documento fechado el 21 de febrero de 2020 en el Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife podría convertirse en la prueba definitiva de cómo se tejió la supervivencia del anterior grupo de gobierno en el Cabildo de Lanzarote. El texto recoge una comparecencia de Juan Manuel Sosa en la que, supuestamente, maniobró para desmarcarse de su propio partido (Coalición Canaria) y allanar el camino judicial a Carlos Espino y político a Dolores Corujo.

La jugada, que en su momento sirvió para sostener un gobierno insular en minoría, parece estar pasándole ahora una factura carísima y en solitario al propio Sosa. Todo apunta a que, para justificar su posición y no perjudicar a sus nuevos aliados socialistas en el conocido caso Cocinas, el entonces consejero declaró ante el juez que se encontraba "apartado completamente" de la política y "dedicado a su profesión de médico del Servicio Canario de Salud".

 

El problema de dejar las cosas por escrito es la hemeroteca. Coalición Canaria, a través de Pedro San Ginés, ha denunciado que estas afirmaciones podrían constituir un engaño deliberado a la Justicia. Según los nacionalistas, Sosa no solo habría participado y firmado previamente el recurso del que luego renegó ante el juez, sino que su afirmación de estar ejerciendo la medicina choca frontalmente con la realidad: cobraba como médico, pero no ejercía como tal.

Hoy se demuestra que quien va a pagar los platos rotos de aquella rocambolesca alianza política podría ser el propio "tránsfuga". Mientras Dolores Corujo, actual diputada, observa la tormenta desde la barrera y a salvo de responsabilidades, Juan Manuel Sosa se enfrenta a un callejón sin salida. La Justicia ya ha dictaminado que deberá devolver cerca de 300.000 euros al Servicio Canario de la Salud por haber percibido retribuciones indebidas durante los años que sostuvo la Presidencia socialista. A esa ruina económica podrían sumarse ahora responsabilidades penales por un presunto falso testimonio.

Es la triste radiografía y el precio de esconder el transfuguismo. Las supuestas trampas pergeñadas para asegurar un sueldo con fondos públicos y comprar una voluntad política podrían acabar muy mal para el eslabón más débil. Como señala San Ginés, resulta "deplorable" el grado de denigración moral al que se puede llegar para conservar el poder sin respaldo democrático. Al final, la reina salvó la partida, pero el peón podría perderlo todo.

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El Área de Gobierno Abierto del Cabildo de Lanzarote ha iniciado la producción de un documental audiovisual centrado en la historia, la evolución y el impacto del tejido asociativo y la participación ciudadana en Lanzarote y La Graciosa. El proyecto, que contará con una duración aproximada de 25 minutos y está patrocinado por la propia institución insular, busca plasmar el papel de los movimientos sociales a lo largo de las últimas décadas.

Para coordinar la ejecución de este trabajo, el consejero de Gobierno Abierto, Armando Santana, mantuvo este miércoles una reunión de trabajo con concejales y personal técnico de las áreas de Participación Ciudadana de los siete ayuntamientos de la isla. Durante el encuentro, los representantes municipales aportaron experiencias locales y propusieron posibles testimonios que formarán parte del audiovisual.

El contenido del documental realizará un recorrido por las diferentes formas de organización social que han existido en la isla, desde asociaciones vecinales y comisiones de festejos hasta plataformas reivindicativas. El guion abordará cómo, históricamente, la participación ciudadana en Lanzarote ha surgido muchas veces a raíz de conflictos o de la necesidad de resolver problemas colectivos, derivando en movilizaciones que han logrado promover cambios concretos o frenar proyectos de gran impacto territorial.

Armando Santana ha explicado que la iniciativa pretende poner en valor la capacidad histórica de organización ciudadana de la isla. El consejero destacó que Lanzarote cuenta con un tejido asociativo "enorme y muy vivo" que ha resultado determinante para el desarrollo insular, impulsando mejoras sociales y defendiendo el territorio mediante un trabajo colectivo que, en muchas ocasiones, se ha realizado de forma silenciosa.

El audiovisual también incluirá una reflexión sobre cómo el asociacionismo tradicional se ha ido adaptando a las nuevas realidades socioculturales. En este sentido, el proyecto incide en la importancia de la cooperación comunitaria como herramienta fundamental para hacer frente a la creciente individualización de la sociedad contemporánea.

 

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El Ayuntamiento de Arrecife ha sumado oficialmente a seis nuevos agentes a la plantilla de la Policía Local. Los efectivos tomaron posesión de su cargo como funcionarios de carrera en un acto celebrado recientemente en el salón de plenos y presidido por el alcalde y responsable directo del cuerpo, Yonathan de León, una vez concluido su periodo formativo obligatorio en la Academia Canaria de Seguridad. Con estas incorporaciones, la plantilla activa en la capital alcanza los 85 efectivos, según recogen los anexos de los presupuestos municipales vigentes.

El refuerzo de los recursos humanos continuará a lo largo de este año. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado el proceso selectivo para cubrir otras ocho nuevas plazas de agentes en el municipio. Para agilizar los trámites burocráticos, el consistorio capitalino se ha adherido a la "Convocatoria Anual Simplificada" gestionada por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, cuyas bases fueron aprobadas el pasado mes de octubre.

De forma paralela a las nuevas contrataciones, el Departamento de Recursos Humanos, dirigido por la concejala Eli Merino, avanza en la reestructuración de los mandos intermedios. El próximo 16 de marzo está convocado el Tribunal Calificador que evaluará el ascenso, por promoción interna, de siete agentes a la categoría de oficiales. Este proceso se ha reactivado después de que la Justicia emitiera una sentencia avalando la legalidad de la Oferta de Empleo Público (OPE) del Ayuntamiento, la cual había sido recurrida previamente por el sindicato UGT.

El alcalde ha avanzado que, una vez se consolide el ascenso de estos siete nuevos oficiales, las plazas básicas que dejen vacantes podrán ser cubiertas mediante el sistema de comisión de servicio, lo que abrirá la puerta a la llegada de policías procedentes de otros municipios para reforzar la vigilancia en Arrecife.

Estas maniobras de personal se enmarcan dentro de la estrategia de seguridad fijada desde el inicio del actual mandato en julio de 2023. Durante este periodo, además del incremento de plantilla, se han puesto en marcha unidades específicas como los Agentes Tutores y la Unidad Antiokupa, y se ha modernizado la flota de vehículos y los equipos tecnológicos. Según los datos del Ministerio del Interior facilitados por el propio Ayuntamiento, estas medidas han contribuido a que Arrecife sea actualmente el único municipio de la isla de Lanzarote que registra un descenso en sus índices de criminalidad.