Por Pedro Hernández.
Cualquier sociedad mínimamente democrática y plural debe ser capaz de digerir opiniones y análisis distintos frente a un mismo tema. Sin embargo, en Lanzarote, observo con preocupación cómo los responsables públicos, aquellos que tienen la potestad de tomar decisiones que afectan al bien común, parecen olvidar la prudencia y la obligación de consulta.
El bien común, como nos recuerda la encíclica Laudato si', no es solo el interés de un grupo; es la Pachamama, es la biodiversidad, son nuestros horizontes, nuestros colores, la lluvia. Y, como cantaba René de Calle 13, "tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol". Este es el gran hándicap de los poderosos y de quienes les sirven: quieren negociar con aquello que es innegociable.
Una Transición Energética a la Medida de los de Siempre
El gran debate que se ha instalado en Canarias —y ahora, de forma agresiva, en Lanzarote— es la llamada transición ecosocial. Pero, ¿a quién sirve realmente esta transición? Mi análisis, basado en la realidad que vivimos, es que está al servicio del oligopolio energético: Iberdrola, Red Eléctrica y demás grandes corporaciones.
En Canarias, se ha establecido un modelo no escrito, no planificado, donde el supuesto "plan de transición a las renovables" no existe como tal, sino que son los caprichos de quienes están tomando decisiones en el ámbito autonómico, insular y municipal. Se informa positivamente cualquier proyecto que los grandes fondos internacionales o el oligopolio energético pongan sobre la mesa, calificándolo de interés general para, en esencia, robar nuestro suelo y regalarles nuestro viento y nuestro sol.
Lanzarote, hasta hace poco, había estado exonerada de este modelo centralizado. No participaba en esta cesión al gran capital. Sin embargo, esto ha cambiado. La firma de un protocolo entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo en julio, publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el 20 de agosto, ha abierto la veda.
La Opacidad y el Engaño del Suelo
Desde entonces, el debate se ha centrado en cifras ridículas. Hemos visto a responsables políticos enredarse con las cifras de ocupación: que si era el 4%, el 3%, el 1% y ahora el 0,23%. Me pregunto: ¿La clave de todo esto es con quién se ha consultado? La respuesta es clara: ni con la ciudadanía en general ni con los ayuntamientos. Las decisiones no se pueden tomar al margen.
Además, el marco jurídico es inexistente o, peor aún, es una excusa. La directiva comunitaria en la que se amparan no está traspuesta al ordenamiento jurídico español. De hecho, la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción al Reino de España por esta misma razón. ¿Cuál es el marco jurídico-político que sustenta estos acuerdos? No existe.
Lo que se silencia con el debate de las cifras de ocupación es la afección real. Un proyecto como el solicitado por una filial de Iberdrola para un millón de metros cuadrados entre San Bartolomé y Arrecife (zona de Montaña Mina) no solo "ocupa" ese suelo, sino que requiere subestaciones y líneas de evacuación. La afección es igual o superior, dañando el paisaje, la biodiversidad y las comunidades.
La Directiva Comunitaria, si se leyera y aplicara correctamente, exige utilizar los suelos antropizados, es decir, aquellos espacios que ya están intervenidos. Se trata de poner en marcha los techos ociosos de naves industriales, comunidades de vecinos o parkings. La transición debe beneficiar a los pequeños y medianos empresarios y a los ciudadanos, facilitando la creación de economía cercana, como está haciendo el Ayuntamiento de San Bartolomé con su comunidad energética, no entregándolo todo a las multinacionales.
Recuperar la Coherencia y el Planeamiento
Hemos puesto nuestros recursos, nuestras condiciones climatológicas y nuestros paisajes al servicio del capital internacional, primero con el turismo, y ahora con la energía. Los nuevos "mineros" de la industria energética van a llevarse aquello que justifica una parte significativa de la visita turística.
Lo que exigimos, y lo que piden los cuatro alcaldes que no han sido consultados, es que se anule de una vez ese acuerdo del BOC del 20 de agosto. Queremos que los recursos del viento y el sol vuelvan a estar al servicio de la ciudadanía, contribuyendo a la economía local.
Necesitamos poner en marcha unidades técnicas que faciliten la burocracia para que ciudadanos y pequeños empresarios puedan incorporarse a la transición. Y, sobre todo, necesitamos hablar de planeamiento. ¿Dónde están la ficha financiera del Plan Insular de 1991 (con sus 20 mil millones de pesetas para ejecutarlo)? ¿Dónde están los 28 programas de la Reserva de la Biosfera aprobados en 1998?
¿Cuándo cesarán las palabras en Lanzarote? ¿Cuándo vamos a ser coherentes con la declaración de Reserva de la Biosfera?
No podemos seguir tomando decisiones en una "mesa de dos". Hay que abrir el ámbito de decisión a la ciudadanía, a la academia, a los vecinos, a los trabajadores. Hay que hablar, hay que ponerse de acuerdo y hay que ejecutar, no quedarse en la periferia.
Anulemos la solicitud de Iberdrola y hablemos del verdadero problema de fondo: ¿Vamos a seguir con un crecimiento turístico disparatado que aumenta la demanda de recursos, provoca colapsos y nos aleja del desarrollo sostenible? De eso es de lo que tendríamos que estar debatiendo para reducir los consumos y contribuir a un verdadero desarrollo planetario.
Pedro Hernández, activista y profesor
Pejeverde
El senador por Coalición Canaria, Pedro San Ginés, ha presentado una moción en el Senado dirigida al Gobierno de España para exigir claridad sobre la tramitación de un proyecto piloto de la Unión Europea (UE) que permitiría la pesca de atún rojo con cerco industrial en aguas de Canarias. La iniciativa se produce tras el rechazo frontal del Gobierno de Canarias y del sector pesquero local a una propuesta gestada, según denuncian, completamente a sus espaldas.
La propuesta en cuestión es una “Recomendación de ICCAT para un proyecto piloto de cría de atún rojo... y rabil... en aguas de las islas Canarias”, aprobada en la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT). El objetivo es evaluar la pesca con red de cerco y la instalación de jaulas de engorde.
San Ginés critica duramente la actuación del Ejecutivo central, señalando que la presentación de este proyecto por parte de la UE ante ICCAT debería haber estado precedida por una solicitud y consulta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El senador de Coalición Canaria declara no entender por qué el Ministerio omitió la consulta al Gobierno de Canarias, a pesar de las competencias autonómicas en materia de acuicultura y los intereses públicos implicados.
El parlamentario considera “inaceptable” que un proyecto con un “impacto crucial y directo en el futuro de las pescas en Canarias” se haya presentado sin la aprobación del sector local y la coordinación obligada con el Gobierno autonómico, vulnerando los principios de consulta y participación que establece la Ley de pesca sostenible e investigación pesquera de 2023.
El senador advierte que el proyecto no solo cuenta con la oposición del Ejecutivo autonómico, sino también de federaciones de cofradías de pescadores y organizaciones ecologistas. El sector artesanal teme que la introducción del cerco industrial obligue a la flota tradicional —que practica una pesca selectiva y sostenible basada en el anzuelo— a competir en absoluta desventaja dentro de sus propios caladeros, lo que tendría un “efecto devastador” tanto socioeconómico como ecológico. San Ginés sugiere que el plan podría responder a “intereses de capital foráneo vinculado al sector industrial”.
Por todo ello, la moción presentada en la Comisión Mixta de Insularidad insta al Gobierno de España a dos puntos fundamentales:
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Aclarar la tramitación que precedió la presentación del proyecto ante ICCAT y proporcionar información detallada sobre el marco jurídico del piloto.
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Instar al Ejecutivo central, la UE y a ICCAT a paralizar el proyecto mientras no exista un consenso previo con el sector pesquero canario y el Gobierno autonómico.
Pejeverde
LANZAROTE.– La falta de asistencia profesional inmediata tras una muerte traumática ha motivado una solicitud formal dirigida al Parlamento de Canarias. Yeray Cuadrado, miembro del partido MRT, ha anunciado que instará a todos los grupos con representación en la Cámara regional a crear y aprobar un protocolo específico que garantice atención psicológica in situ a las familias que acaban de sufrir la pérdida de un ser querido por suicidio u otras desgracias de gravedad similar.
La iniciativa no surge de un análisis teórico, sino de una vivencia personal reciente. Cuadrado relata que hace pocas semanas su familia tuvo que afrontar el suicidio de su cuñado en el municipio de Tinajo. Según denuncia, tras el levantamiento del cadáver y durante las primeras horas del duelo, los allegados no recibieron ningún tipo de atención profesional inmediata, quedando desamparados en un momento de máximo shock emocional.
"Lo más asombroso y doloroso es que la familia no recibió de manera inmediata la asistencia de profesionales", explica Cuadrado, quien advierte que esta carencia no es un caso aislado en el archipiélago. El objetivo de la propuesta es sistematizar la respuesta de los servicios de emergencia y sanitarios para que, ante sucesos de esta naturaleza, se active automáticamente un recurso de apoyo psicológico que acompañe a los afectados desde el minuto cero.
Cuadrado ha confirmado que ya ha iniciado una ronda de contactos con las distintas formaciones políticas del Parlamento de Canarias para exponer la urgencia de este protocolo. Asimismo, ha solicitado el respaldo de su propia formación, el MRT, para elevar esta demanda. El promotor de la iniciativa sostiene que la política debe servir para proteger a la ciudadanía en sus momentos "más devastadores", cubriendo un vacío asistencial que actualmente agrava el sufrimiento de muchas familias canarias.
El Charco de San Ginés y el Islote de la Fermina, protagonistas de la Navidad televisiva de Arrecife
Pejeverde
ARRECIFE.– La capital de Lanzarote se prepara para vivir unas fiestas navideñas con una fuerte proyección exterior. El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha lanzado una invitación oficial a la ciudadanía, tanto del municipio como del resto de la isla, para participar en las actividades programadas, destacando que este año la celebración tendrá un marcado carácter televisivo.
Entre las principales novedades anunciadas por el regidor destaca la emisión en directo del programa de Televisión Canaria "Una Hora Menos", prevista para el próximo lunes 8 de diciembre. El espacio, conducido por Victorio Pérez, trasladará su plató al paseo César Manrique, en la Ribera del Charco de San Ginés, cerca del Teatro Cine Atlántida. La emisión se realizará entre las 21:30 y las 23:00 horas.
El Ayuntamiento busca involucrar a los vecinos en este evento mediático, permitiendo la asistencia de público en directo. Para ello, los interesados deben registrarse previamente a través de un código QR disponible en la cartelería oficial y en las redes sociales del consistorio. Además del set principal en el Charco, el programa realizará conexiones con el Islote de la Fermina, donde se pondrá en valor la gastronomía local.
Esta acción promocional es fruto de la planificación entre el alcalde y la concejala de Comercio y Turismo, Eli Merino, quienes ultimaron recientemente los detalles con el equipo de producción del programa. Esta estrategia de visibilidad explica también la decisión del Área de Alumbrado Público de adelantar el montaje de las luces navideñas al mes de septiembre. Según De León, el objetivo era asegurar que la ambientación festiva estuviera plenamente operativa para servir de escenario en las distintas apariciones televisivas que Arrecife protagonizará durante estas fechas.
Maite Corujo, concejal de Bienestar Social
Pejeverde
La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Arrecife y la empresa adjudicataria de los Campamentos Conciliadores de Navidad se han visto obligados a pedir disculpas públicas y a realizar una rectificación inmediata tras el revuelo social y las denuncias suscitadas por la inclusión de una cláusula que fue calificada de "discriminatoria" hacia menores con necesidades educativas especiales y diversidad funcional.
El comunicado oficial, emitido este jueves, confirma la "retirada inmediata de la cláusula errónea" del documento de inscripción. La Concejalía, dirigida por Maite Corujo, junto con la empresa, traslada sus "más sinceras disculpas a las familias, así como a las asociaciones de la isla, especialmente a aquellas que representan a menores con necesidades educativas especiales y diversidad funcional".
La Cláusula de la Exclusión
Aunque el texto literal de la cláusula no se ha hecho público, la naturaleza de la rectificación y las explicaciones ofrecidas apuntan a una limitación de la participación por razones de apoyo. Según el Ayuntamiento, la inclusión del texto se debió a "un error derivado de la intención de reflejar problemáticas muy específicas vividas durante la campaña de verano, en la que se produjeron situaciones complicadas respecto a ratios y niveles de apoyo no previstos inicialmente".
No obstante, ambas partes reconocen que el texto difundido "transmite un mensaje totalmente contrario a los valores de inclusión que deben regir cualquier servicio público". La rápida reacción se produce en el contexto de las denuncias recibidas por la administración local. Tal es el caso de la ALFPA (Asociación Lanzaroteña de Familiares y Profesionales para la atención al Autismo), que, según publicaciones de la jornada, había denunciado una "discriminación" por parte del Ayuntamiento de Arrecife hacia menores con autismo.
Inclusión Garantizada y Corrección Inmediata
Con la retirada del texto y la emisión de un nuevo documento corregido, la Concejalía y la empresa garantizan que el servicio será "plenamente inclusivo" y que "ningún menor será excluido por razón de discapacidad, necesidad educativa o necesidad de apoyo".
Tanto el Área como la empresa han querido reafirmar su "compromiso con el cumplimiento íntegro de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional de la ONU y los principios de igualdad y no discriminación", asegurando que el documento corregido estará "plenamente alineado con la normativa vigente". Finalmente, se han puesto "a disposición de las asociaciones y de las familias para explicar cualquier punto adicional y escuchar sugerencias para evitar que una situación así vuelva a repetirse".
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