Pejeverde

Desde las 09:00 horas de hoy, los taxis de los siete municipios de Lanzarote han comenzado a operar bajo un régimen de prestación conjunta extraordinaria. La medida, aprobada por el Cabildo de Lanzarote en coordinación con los ayuntamientos y las asociaciones del sector, estará vigente hasta las 15:00 horas del próximo 7 de enero de 2026, afectando principalmente a las denominadas "zonas sensibles": el aeropuerto César Manrique, los puertos y los núcleos turísticos.

Este dispositivo busca dar respuesta al incremento masivo de desplazamientos de residentes y visitantes durante las fiestas. Según la resolución del Área de Transportes, los taxis podrán recoger viajeros fuera de su término municipal habitual siempre que la demanda supere la capacidad local. Un ejemplo claro se ha fijado en el aeropuerto: si las colas de pasajeros rebasan los pasos de peatones de la Terminal T1, se autorizará de inmediato la entrada de vehículos de otros municipios.

El giro de San Bartolomé La gran novedad de este año es el cambio de postura del municipio de San Bartolomé. Por primera vez, el consistorio donde se ubica el aeropuerto ha solicitado formalmente este refuerzo. Andrés Stinga, presidente de la Sociedad Cooperativa de Taxistas Ajey-Tamia, ha señalado que se trata de un ejercicio de responsabilidad para evitar imágenes de colapso, especialmente críticas en fechas como el 31 de diciembre.

Stinga ha subrayado que el objetivo es optimizar el servicio sin que los taxistas desatiendan sus propios municipios. "Se trata de coordinarnos y sembrar un talante de confianza", explicó, destacando que esta línea de entendimiento institucional podría marcar el futuro del servicio en periodos de alta demanda.

El control del cumplimiento de estas normas recaerá en los servicios de inspección del Cabildo en colaboración con las policías locales, garantizando que el refuerzo sea ordenado y no altere el equilibrio del sector a largo plazo.

María Jesús Tovar
Vicepresidenta y consejera de Hacienda

Llegué a la Consejería de Hacienda y Contratación en 2023 con la mayor de las energías y, sobre
todo, el sentimiento de responsabilidad más grande que se puede tener en la política insular:
gestionar la economía para que repercuta positivamente en el beneficio del conjunto de los vecinos
y vecinas de Lanzarote y La Graciosa. Y eso trato de hacer en todo momento.
En unos días en los que la actualidad nacional pasa por la sucesión de escándalos que rodean al
gobierno socialista de Pedro Sánchez, en medio de una espiral de corrupción, detenciones,
extorsiones, escándalos machistas, excesos y abusos repugnantes, resulta reconfortante encontrar
motivos para la esperanza a escala local. Frente al hastío y la sensación generalizada de descrédito
institucional, me quedo con la magnífica noticia que supone para esta isla el inicio de la conocida
por todos como Residencia de la Cruz Banca, en Altavista. Un proyecto que habla de cuidado,
dignidad y compromiso con los más vulnerables y que, como tantos otros en Lanzarote, ha estado
durmiendo el sueño de los justos durante décadas hasta que, por fin, salen de las gavetas y
comienzan a andar.
Quienes me conocen saben que no soy de las que se dan codazos para salir en la foto ni de las que
se ponen medallas ajenas. Creo en la política como un servicio público y como una oportunidad
para dejar mejor aquello que encontramos. Prefiero trabajar en equipo, sin aspavientos, y quedarme
con la satisfacción que produce el deber cumplido y la serenidad que deja saber que el esfuerzo ha
valido la pena porque hará más fácil y mejor la vida de muchas personas.
Una de esas ocasiones fue, sin duda, la puesta en marcha del comedor social en Arrecife durante el
pasado mandato con Astrid Pérez, y ahora la recuperación de la originaria e inconclusa residencia
de la Cruz Blanca que, gracias a la financiación del Cabildo y de la mano de la Diócesis de
Canarias, se transformará en un centro de atención integral modélico. Y sí, no voy a esconder que
me emociona ver cómo, dieciséis años después de haber colaborado en esta causa, renace un
proyecto que nunca debió caer en el olvido.
Aún recuerdo las movilizaciones, las puertas que se tocaron y no se abrieron o la ilusión con la que
organizamos aquel bingo benéfico, allá por el 2008, con la esperanza de que la suma de granitos de
arena anónimos se convirtieran en una montaña. Pero no pudo ser, y muchos de los que por
entonces se volcaron en aquella causa común ya no están con nosotros.
Esa espinita se quedó clavada desde entonces y cuando hace apenas un año el arquitecto Martín
Martín llamó a la puerta, supe que era el momento, que la vida nos estaba ofreciendo una segunda
oportunidad para enmendar un fracaso, reavivar aquel sueño colectivo y convertirlo, al fin, en
realidad.
Y es aquí que quiero agradecer expresamente al excepcional equipo humano de la Consejería de
Hacienda y Contratación su compromiso con este proyecto y la implicación personal y profesional
que han puesto para conseguir la financiación económica necesaria para llevarlo cabo. Y créanme si
les digo que no es nada fácil arañar 8 millones de euros para una obra que no figuraba en los
presupuestos.
Sin duda ese vínculo silencioso del “ahora o nunca”, ese ultimátum silencioso, fue clave para
lograra dotar económicamente al nuevo proyecto de la residencia, al que finalmente se han sumado
dos millones más. En total 10 millones de euros, de fondos propios del Cabildo, que permitirán
transformar el edificio abandonado de Altavista en un moderno centro insular de atención integral
de 7.000 metros cuadrados con residencia para nuestros mayores dependientes, centro de día,

viviendas de emergencia, comedor social y un centro de formación ocupacional, entre otros
servicios. Si todo transcurre como está previsto, el proyecto estará funcionando previsiblemente en
2028.
Tras dieciséis años, cuatro legislaturas y un sinfín de cambios socioeconómicos, este espacio nos
recuerda que los sueños colectivos no mueren, que solo duermen hasta que la voluntad política y
social los despierta.
Por ellos.
Por quienes siempre creyeron en el proyecto y su necesidad.
Por las personas que requieren cuidados especiales y por sus familias.
Porque porque cuidar de nuestros mayores no es una opción sino una responsabilidad compartida.

Pejeverde

El Consorcio del Agua de Lanzarote ha dado un paso clave en el conflicto que mantiene con la concesionaria Canal Gestión. La Asamblea General Extraordinaria aprobó este miércoles un informe técnico que certifica una infrainversión de 21,8 millones de euros por parte de la empresa. Según el documento, de los 54,4 millones de euros en inversiones a los que la compañía se había comprometido por contrato, solo se han validado y justificado debidamente 32,6 millones. Esto supone que casi el 40% de las obras de mejora prometidas nunca se ejecutaron.

Entre los incumplimientos más graves detectados figuran la renovación del parque de contadores, la implantación de sistemas de detección de fugas y fraude, y la mejora de la eficiencia energética en las plantas. El informe vincula directamente esta falta de inversión con el deterioro estructural de la red y la baja calidad del servicio que sufren los abonados en Lanzarote y La Graciosa.

Paralelamente, la Asamblea acordó prorrogar tres meses más la suspensión del procedimiento de resolución del contrato. El objetivo es ganar tiempo para analizar la propuesta de cesión presentada por Canal Gestión (la entrada de una nueva empresa que asuma el contrato). Esta prórroga no contó con el consenso unánime: los ayuntamientos de San Bartolomé, Tías y Haría votaron en contra, mientras que Yaiza se abstuvo.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, defendió que la validación de este informe de infrainversión sirve como "escudo jurídico" para el Consorcio. Con esta deuda de 21 millones reconocida oficialmente, la institución gana fuerza tanto si se opta por permitir que otra empresa asuma el servicio como si finalmente se decide rescindir el contrato definitivamente por incumplimiento.

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El Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote ha presentado una moción para que la corporación insular cree una línea de subvenciones específica destinada a los servicios de acogida temprana y de tarde en los centros escolares. La propuesta busca que la institución asuma el coste de estas actividades, que actualmente gestionan y financian las asociaciones de madres y padres (AMPAS) de forma voluntaria.

La consejera Celeste Callero, defensora de la iniciativa, sostiene que la conciliación familiar no puede recaer exclusivamente en el esfuerzo económico de las familias. El PSOE argumenta que existe una brecha insalvable entre los horarios laborales y los escolares, una carencia que las administraciones públicas deben resolver de forma estructural en lugar de depender de redes vecinales o del trabajo no remunerado de las asociaciones.

Un punto crítico de la moción destaca la situación del alumnado con necesidades educativas especiales. Según los socialistas, muchas AMPAS no disponen de fondos para contratar personal auxiliar, lo que impide que estos menores accedan al servicio en igualdad de condiciones. Por ello, la propuesta exige que las ayudas incluyan fondos específicos para la contratación de este personal de apoyo.

El PSOE apela a la Estrategia Insular de Accesibilidad e Inclusión aprobada por el propio Cabildo en 2024, instando al grupo de gobierno a cumplir con sus compromisos y a aliviar la carga organizativa que actualmente soportan las familias lanzaroteñas.