Técnicos de Lanzarote y La Palma supervisan el estado de las colmenas en el norte de la isla para iniciar el programa de mejora genética

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Lanzarote da un paso estratégico para proteger su biodiversidad y fortalecer un sector primario que, aunque pequeño, es vital: la apicultura. El Cabildo de Lanzarote y su homólogo de La Palma han cerrado filas para facilitar la llegada de abejas reinas negras canarias a los productores conejeros, garantizando así la pureza de esta raza autóctona y evitando riesgos de hibridación.

Los datos del sector en la isla

• Productores: Actualmente operan 8 profesionales en Lanzarote.

• Censo: Más de 300 colmenas activas.

• Ubicación: La actividad se concentra mayoritariamente en el norte de la isla.

• Impacto: Aunque la producción de miel es limitada, su valor en calidad y su labor de polinización para la agricultura local son incalculables.

Operación "Reinas del Sur"

El acuerdo, sellado este jueves entre Oswaldo Betancort y el consejero palmero Alberto Paz, establece un puente directo entre las asociaciones de apicultores de ambas islas. El plan es sencillo pero ambicioso:

• Se seleccionarán ejemplares del sur de La Palma, elegidos por su pureza genética, mansedumbre y capacidad de adaptación.

• Los productores de Lanzarote recibirán estas reinas para crear sus propios núcleos 100% raza negra canaria.

• Se aprovecha el estatus de "reserva de abeja negra" que protege a islas como La Palma y Lanzarote de la importación de especies foráneas.

No es solo una cuestión de miel; es una cuestión de supervivencia de nuestros ecosistemas. Sin la labor silenciosa de estas 300 colmenas, la agricultura del norte y la flora autóctona estarían heridas de muerte. Que Lanzarote mire a La Palma para reforzar su cabaña apícola es un acierto técnico: buscamos calidad y resistencia en un entorno similar al nuestro. Es soberanía alimentaria pura y dura.

Foto de Jesús Machín en el atril: "No hubo consenso. Se han publicado mapas sin contar con la opinión de los lanzaroteños."

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El Cabildo de Lanzarote ha dado un golpe sobre la mesa ante la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. La institución insular ha solicitado formalmente la paralización de las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) tras la publicación de unos mapas que no cuentan con el visto bueno de la isla. El conflicto no solo es administrativo, sino social: se exige que, antes de ocupar un solo metro de suelo, se prioricen las placas en tejados y se respete la soberanía energética de los lanzaroteños.

• Falta de consenso: Los mapas actuales fueron publicados sin ser consultados previamente con la Corporación insular, generando un "conflicto social evitable".

• Prioridad a las cubiertas: La ley obliga a agotar el potencial de placas solares en tejados y edificios antes de autorizar instalaciones en suelo rústico. El Cabildo exige datos reales de este potencial.

• Protección del paisaje: Jesús Machín, consejero del área, insiste en que cualquier proyecto en suelo debe incluir criterios estrictos de protección paisajística.

• Modelo público: Se busca que la energía generada deje beneficios en la isla (como el modelo de Eólicas de Lanzarote) y no solo en manos de grandes multinacionales.

• Llamada al diálogo: El Cabildo insta a abrir un periodo de negociación institucional para reconducir la planificación energética de forma coordinada.

Lanzarote lleva décadas lidiando con el equilibrio entre progreso y conservación. La publicación de estos mapas "desde arriba" (Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas) se siente en la isla como un ataque directo a un modelo de territorio que César Manrique ayudó a definir. Lo que el Cabildo está defendiendo aquí no es una negativa a las renovables, sino el derecho de la isla a decidir dónde y cómo se colocan, evitando que el "crecimiento verde" se convierta en una nueva forma de hormigonado descontrolado.

Pedro San Ginés

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El senador de Coalición Canaria, Pedro San Ginés, registró este miércoles 28 de enero de 2026 una moción en la Comisión de Pesca del Senado para instar al Gobierno de España a aplicar con flexibilidad el Reglamento (UE) 2023/2842. La iniciativa busca proteger la pesca artesanal y de bajura en las regiones ultraperiféricas (RUP), como el Archipiélago, ante lo que el senador califica como una interpretación "restrictiva y rígida" de la normativa europea por parte de las autoridades nacionales.

San Ginés advierte que el actual sistema de control de capturas y trazabilidad impone obligaciones diseñadas para flotas de gran escala, ignorando las particularidades de las pequeñas embarcaciones canarias. Según el senador, esta situación incrementa los costes operativos y complica la actividad diaria, poniendo en riesgo la viabilidad económica del sector y el necesario relevo generacional en las zonas costeras.

La moción presentada plantea seis puntos clave de actuación para el Ejecutivo central:

• Defensa en la UE: Reclamar una interpretación del reglamento que respete las singularidades de las RUP.

• Revisión interna: Evitar imponer cargas adicionales desproporcionadas a la flota artesanal.

• Adaptación técnica: Ajustar las medidas de localización y seguimiento a la realidad operativa de la pesca de bajura.

• Cláusulas de flexibilidad: Establecer excepciones o calendarios graduales específicos para Canarias.

• Diálogo permanente: Incorporar las aportaciones del sector pesquero canario en el desarrollo normativo.

• Apoyo financiero: Garantizar fondos europeos y estatales para que las nuevas obligaciones no asfixien económicamente a los pescadores.

El senador nacionalista recuerda que la pesca en Canarias es una actividad estratégica para la soberanía alimentaria y la cohesión territorial, y lamenta que el Estado no esté utilizando adecuadamente las cláusulas de proporcionalidad que permiten los tratados europeos para los territorios alejados e insulares.

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La realidad sanitaria de Playa Blanca ha chocado frontalmente con el crecimiento imparable de uno de los principales pulmones turísticos de Lanzarote. Luis Miguel Valiente, portavoz de Nueva Canarias–Bloque Canarista (NC-bc) en Yaiza, junto al diputado Yone Caraballo, han puesto el foco sobre las carencias críticas del Centro de Salud de la localidad tras una visita técnica para evaluar la situación de la zona básica de salud.

La estampa es clara: una infraestructura diseñada para un pueblo pequeño que hoy debe atender a una masa ingente de residentes y turistas, lo que genera un colapso encubierto y el desplazamiento sistemático de pacientes hacia el Hospital Doctor José Molina Orosa en Arrecife para pruebas que deberían ser rutinarias. Valiente ha sido tajante al exigir una ampliación real que incluya servicios de radiología simple, rehabilitación y consultas de especialidades como traumatología, subrayando que la atención de calidad no puede estar condicionada por el código postal.

Por su parte, Yone Caraballo ha recordado que logros históricos del municipio, como la ambulancia medicalizada, nacieron de la presión social y la voluntad política, advirtiendo que el balón está ahora en el tejado del Ayuntamiento de Yaiza. Según el diputado, la falta de cesión de suelo por parte del grupo de gobierno de UpY a la Consejería de Sanidad es el único muro que impide que los fondos lleguen y las obras comiencen, una parálisis administrativa que NC-bc califica de "pésima gestión urbanística" que perjudica directamente la salud de los vecinos del sur.