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El alcalde Óscar Noda ha puesto sobre la mesa una realidad que sufren todos los ayuntamientos de la isla, pero que en el sur es especialmente sangrante: la tasa de reposición. Esta norma, heredada de la crisis de 2008, actúa como un techo de cristal que impide contratar a nuevos agentes de la Policía Local más allá de las jubilaciones, dejando a plantillas como la de Yaiza en cuadro frente al aumento de población y turismo.

Una gestión saneada que quiere invertir en seguridad El argumento de Noda es irrebatible. Tras años de gestión responsable que han dejado las arcas municipales saneadas, Yaiza tiene el dinero y la voluntad para incorporar al menos a diez nuevos efectivos. "Llevamos a cabo una gestión responsable y estamos en capacidad de asumir el gasto", defiende el alcalde, quien tacha de obstáculo anacrónico una ley que se pensó para un momento de quiebra nacional que ya no es el actual.

El "clamor" que une a Lanzarote Lo que empezó en el sur ha terminado por contagiar a toda la isla. Óscar Noda, en una jugada política maestra, no solo ha aprobado esta moción por unanimidad en su feudo de Unidos por Yaiza (UPY), sino que la semana pasada consiguió el respaldo de todos los grupos del Cabildo de Lanzarote. Es un mensaje unificado: Lanzarote no puede seguir gestionando la seguridad de 2026 con las limitaciones de 2008.

El Gobierno de España, en el punto de mira La crítica va dirigida directamente a Moncloa. Según el alcalde sureño, el Gobierno estatal prometió eliminar esta tasa en enero del año pasado y, hasta la fecha, el compromiso ha quedado en papel mojado. Mientras tanto, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) estima que se han perdido 100.000 empleos locales en toda España por esta restricción.

Falta de refuerzos en la Guardia Civil Pero la Policía Local no es el único frente abierto. Noda también ha recordado que la Guardia Civil en el sur "tampoco va sobrada de personal", por lo que ha exigido a la Administración General del Estado una presencia real y constante en las calles, tanto de día como de noche. Yaiza no quiere más promesas de despacho; quiere patrullas en el jable, en las zonas turísticas y en sus pueblos.

Foto. Momento de sa salida de consejeros socialistas del pleno

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En la sesión más importante del año, donde se decidía el destino de 290 millones de euros fundamentales para la vivienda, el deporte y las infraestructuras de Lanzarote, el grupo socialista optó por el portazo y la retirada, no sin antes asegurar el cobro de la asistencia.

El "rodillo" y la hemeroteca traicionera La portavoz socialista, Ariagona González, justificó la espantada acusando al grupo de gobierno (CC-PP) de aplicar un "rodillo antidemocrático" por dar solo día y medio para estudiar las cuentas. Sin embargo, la memoria política es un arma de doble filo. El presidente Oswaldo Betancort no dejó pasar la oportunidad de refrescarle los datos a la bancada que se levantaba: en 2019, bajo la presidencia de la socialista Dolores Corujo, el tiempo otorgado fue de un solo día. "Y Coalición Canaria no abandonó el Pleno", recordó Betancort entre el ruido de sillas moviéndose.

Un teatrillo de 400 euros Mientras los consejeros del PSOE abandonaban la sala, el ambiente en el grupo de gobierno oscilaba entre la indignación y la ironía. Miembros de CC calificaron la escena como un "teatrillo" perfectamente ensayado. La crítica más ácida se centró en la rentabilidad del tiempo: los consejeros no liberados del PSOE asistieron, marcaron presencia y se marcharon a casa con 400 euros por apenas cinco minutos de trabajo. Una cifra que cualquier trabajador de la isla tardaría una semana en ganar y que los socialistas obtuvieron por no debatir el presupuesto de su propia gente.

La oposición que sí cumplió A pesar del intento de boicot, el Pleno continuó. Y es que el PSOE no logró arrastrar al resto de la oposición. Grupos como UPY–Nueva Canarias y Vox demostraron que se puede estar en contra, criticar con dureza y ser fiscalizador sin necesidad de abandonar el puesto de trabajo. Ellos sí cumplieron con el deber de discutir unas cuentas que marcarán el rumbo de Lanzarote y La Graciosa.

Al final, el PSOE consiguió su minuto de gloria en los titulares, pero a costa de dejar a sus votantes sin voz en el debate de los 290 millones. Lanzarote ya tiene presupuestos, y los socialistas tienen el ingreso por asistencia, aunque la isla se pregunte hoy si esa es la "responsabilidad política" que prometían.

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El Cabildo de Lanzarote ha amanecido hoy con un incendio contable de 14.459.379,73 euros. Un dinero de subvenciones que, según el grupo de gobierno de Oswaldo Betancort, se ha perdido por la "pésima gestión" del anterior mandato de Dolores Corujo. Sin embargo, la respuesta del PSOE no ha tardado en llegar, calificando de "mentiroso" al presidente y asegurando que el dinero se devuelve ahora por pura incapacidad actual.

El "golpe" de Oswaldo y Tovar A primera hora, el Cabildo soltaba la nota: 14 millones reintegrados a otras administraciones. Materias sensibles como el ciclo del agua, la dependencia y las carreteras se quedan en el aire. La consejera de Hacienda, María Jesús Tovar, señala que son "lastres heredados", proyectos como 'Lanzarote Sostenible IV' o las infraestructuras sociosanitarias que el PSOE dejó morir en un cajón. Para CC, esto es un "atentado contra el interés general".

La contraofensiva socialista: "El dinero estaba ahí" Pero en el bando socialista, Ariagona González no se ha quedado callada. Su tesis es demoledora: el PSOE consiguió una financiación histórica y es el actual gobierno quien, tras tres años, ha sido incapaz de ejecutarla. "¿Cómo pueden culpar a quien trajo el dinero de que ellos no sepan gastarlo?", vienen a decir desde las filas del puño y la rosa. Acusan a Betancort de usar esta nota como "cortina de humo" para tapar que el Cabildo está bajo la lupa de la Audiencia de Cuentas por no enviar los papeles a tiempo.

Aquí hay una verdad incómoda para ambos. Si los expedientes estaban mal hechos desde 2019, CC ha tardado mucho en denunciarlo. Si el dinero estaba en la caja, el PSOE no explica por qué no se ejecutó antes de que ellos salieran. Al final, el que pierde es el vecino de la isla, que ve cómo 14 millones de euros vuelven a Madrid o a las Palmas mientras los socavones en las carreteras y la falta de agua siguen siendo el pan nuestro de cada día.

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Para entender la importancia de la noticia de hoy, hay que mirar el calendario: Lanzarote lleva gobernándose territorialmente con un plan de 1991. En aquel entonces no existía el Hospital actual, internet era un sueño y el turismo era la mitad de lo que es hoy. Este martes, el Cabildo ha aprobado definitivamente el documento de alcance del PIOT, un paso que, aunque suene aburrido, es el "manual de instrucciones" obligatorio para redactar el nuevo Plan Insular.

¿Qué se ha aprobado exactamente? No se ha aprobado el plan definitivo aún, pero sí los criterios. El documento de alcance fija qué se puede hacer y qué no desde el punto de vista ambiental y técnico. Es el blindaje que evitará que el futuro plan se caiga en los tribunales. El presidente Oswaldo Betancort ha sido claro: "Lanzarote no puede seguir ordenándose con un plan ajeno a la realidad social y económica actual".

La hoja de ruta de Jesús Machín El consejero de Política Territorial, Jesús Machín, ha detallado que este documento establece qué debe analizar el PIOT: desde dónde irán las infraestructuras clave hasta cómo proteger nuestro paisaje y recursos naturales. Al aprobar esto, el Cabildo se asegura de que el nuevo planeamiento nazca con seguridad jurídica, algo que ha faltado en las últimas décadas en la isla, provocando inseguridad para inversores y vecinos por igual.

¿Qué viene ahora? Este paso habilita la redacción del "documento de avance". Es decir, ahora los técnicos ya pueden empezar a dibujar el mapa real sobre papel, basándose en estas reglas recién aprobadas. Ese borrador se someterá a exposición pública para que todos los sectores —desde ecologistas hasta empresarios y vecinos— puedan decir la suya.

En resumen: Lanzarote empieza a soltar el lastre de 1991 para intentar entrar, por fin, en el siglo XXI con una ordenación del suelo que responda a las necesidades de vivienda, infraestructuras y protección que tenemos hoy.