
El diario ABC publicó esta madrugada una información según la cual la Fiscalía Provincial de Las Palmas habría abierto diligencias preprocesales para investigar un presunto entramado de corrupción en el Ayuntamiento de Tías. Es un medio de tirada nacional quien lo cuenta, y lo que de momento hay sobre la mesa son sospechas que un juez tendrá que confirmar o descartar.
Según ese relato, el expediente 0000057/2025 tendría por objeto esclarecer si entre 2023 y 2026 se destinaron presuntamente recursos municipales a fines privados, por un montante que el periódico cifra en 273.500 euros. ABC asegura haber accedido a un dossier de denuncia de dieciséis páginas en el que se apuntaría a presuntos delitos de malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios. Ninguna de las personas citadas ha sido condenada ni procesada.
Los nombres que figuran en la información
De acuerdo con ABC, en el escrito aparecerían el alcalde de Tías, José Juan Cruz Saavedra (PSOE); el concejal de Hacienda y Contratación, Carmelo Tomás Silvera Cabrera; el trabajador municipal José Miguel Fontanals Mesa; el agente de la Policía Local y coordinador general de Protección Civil, Raúl Curbelo Betancort; y el exjefe de la Policía Local Antonio Jesús Rodríguez Hernández. El periódico sostiene que la Fiscalía habría empezado a reclamar documentación al consistorio y a citar a declarar a algunos de los señalados.
El doble papel que describe la denuncia
El eje del relato gira en torno a Raúl Curbelo. El periódico afirma que compatibilizaría sus funciones policiales y en Protección Civil con actividad empresarial privada, presuntamente sin la preceptiva autorización de compatibilidad. Según esa misma información, figuraría como administrador solidario de la mercantil Transportes y Grúas Curbelo S.L. desde mayo de 2025 y presidiría desde su fundación la ONG Boluntis, dedicada a coberturas sanitarias en eventos. Ambas entidades, sostiene el dossier citado por el diario, habrían recibido adjudicaciones menores, subvenciones y pagos del Ayuntamiento.
Reparos del Interventor y un fraccionamiento bajo sospecha
ABC relata que la empresa de grúas habría sido contratada para retirar vehículos de la vía pública entre agosto y diciembre de 2025: mientras el importe publicado en la Plataforma de Contratación rondaría los 7.787 euros, el expediente interno reflejaría una cuantía cercana a los 14.832. El periódico añade que la práctica se habría repetido en 2026.
Según esa información, el Interventor municipal habría emitido reparos suspensivos al detectar un presunto fraccionamiento del gasto destinado, supuestamente, a eludir una licitación pública. Esos reparos, sostiene ABC, habrían sido levantados mediante decretos de Alcaldía firmados por el propio regidor. El diario apunta además que el fiscalizador habría terminado marchándose al Ayuntamiento de Arrecife y que las subvenciones nominativas habrían crecido un 84% desde 2019. Son afirmaciones del medio nacional; corresponderá a la investigación valorarlas.
Boluntis, los bienes públicos y un coche de rally
El segundo frente afecta a la ONG Boluntis, que habría sumado contratos menores por más de 41.000 euros entre 2023 y 2025, a los que se añadirían subvenciones del Ayuntamiento de Tías y del Cabildo por unos 104.000. El periódico sostiene que informes de intervención advertían de que esos servicios superaban los límites del contrato menor, obligando a recurrir a reconocimientos extrajudiciales de crédito.
La información va más allá y describe un presunto uso privado de dependencias y medios públicos —incluida una nave de Protección Civil—, así como el uso particular de un vehículo todoterreno oficial cuyo mantenimiento, habría costado más de 9.500 euros al erario. El elemento más llamativo que recoge el diario es la presunta reparación, supuestamente facturada con cargo a las cuentas municipales, de un coche de competición vinculado al hijo de uno de los denunciados, valorada en más de 10.700 euros. Nada de ello está acreditado judicialmente.
El capítulo de los iPhone
ABC recupera además un asunto que ya había aireado: la compra, con cargo al presupuesto municipal y según el propio portal de transparencia del consistorio, de varios teléfonos Apple de última generación entregados a agentes de la Policía Local como "obsequio" por su jubilación.
El derecho a defenderse
Según el propio diario, Raúl Curbelo habría manifestado desconocer formalmente el contenido íntegro de la denuncia. El resto de personas citadas no han hecho, por ahora, declaraciones públicas sobre el asunto. Las diligencias siguen su curso en Las Palmas.
Lo que viene ahora es trabajo de la justicia, no de los titulares.