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Tras el pleno de Tías del 21 de octubre de 2025, Coalición Canaria volvió a poner la piscina municipal en el centro del debate: 15 años después de la primera piedra, cuatro estudios de viabilidad y ni un solo chapuzón. Su portavoz, Amado Vizcaíno, habló de “milagro económico” y apuntó al alcalde, José Juan Cruz (PSOE), y a su asesor Benjamín Perdomo: “El alcalde ha convertido una obra eterna en un fenómeno sobrenatural: de perder dinero a ganar miles de euros sin abrir las puertas”.
El detonante es el nuevo estudio del grupo de gobierno socialista. Según expuso CC, el informe pasa de un déficit histórico superior a 200.000 € a un superávit de 204.891,59 €, con un cuadro que cifra los costes en 171.848,41 € y ingresos en 376.740 €, “sin céntimos de diferencia”. Vizcaíno ironizó: “Pasamos de perder dinero a ganarlo sin abrir la piscina. Milagro”.
La cronología pesa: el 12 de agosto de 2010 se colocó la primera piedra de una obra de 1,43 millones con dinero público y con informes técnicos en contra. Debía abrir en seis meses, antes de las municipales de 2011. No abrió. Entre 2011 y 2019 se arreglaron fugas y faltas básicas (boletines eléctricos y de fontanería) y se licitó la gestión dos veces, sin ofertas. Con tres calles, la instalación era “inviable técnica y económicamente”. Desde 2018 se contempló que el Ayuntamiento cubriera el déficit –en torno a 200.000 €– con tal de abrir. En 2019 entró el PSOE, que había prometido abrir en seis meses. Seis años después, sigue cerrada.
Los números que cambian: en 2020, costaba 198.395,80 €; en 2022, 221.996,48 € por la subida de precios; en 2025, baja a 171.848,41 € y además se recaudarían 376.740 €. Para CC, la conclusión es “inverosímil” y recuerda otros episodios que atribuye a Perdomo. Son acusaciones políticas: el gobierno local sostiene su estudio y no admite trampantojos.
El pleno dejó más frentes. Coalición Canaria denunció falta de transparencia: aseguran que se les negó acceso a información sobre Masdache y a informes de FCC, la concesionaria de limpieza, a la que reprochan tanto resultados como trato a la plantilla. También se rechazó mover los plenos a la tarde para facilitar a la oposición su asistencia laboral. “Este alcalde no solo multiplica los panes y los peces en los estudios económicos; también multiplica los obstáculos para el control democrático”, dijo Vizcaíno.
No todo fue choque. Se aprobó la moción “Jóvenes impulsan Tías” de CC, orientada a emprendimiento y apoyo al comercio local. “Oportunidades reales, no milagros contables”, remató el portavoz.
El caso de la piscina vuelve así al punto de partida: o se abre con números que cuadren en la vida real, o la obra seguirá siendo un símbolo de promesas incumplidas. Quince años después, Tías todavía espera el primer baño.

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Esta mañana, días después de la bronca en la Comisión de Sanidad, Yoné Caraballo (NC-BC) pasó por Elpejeverde en Lancelot Radio y arrancó por lo humano: subieron a su despacho portavoces de varios grupos, entre ellos Vox, para mostrarle apoyo. Adasat Goya también intentó entrar “a dar la cara”, pero no se le permitió el paso porque el momento estaba caliente, relató el diputado conejero.
El día después: apoyos y un “no es el momento”
Caraballo confesó que el fin de semana “fue jodido”, compensado por una avalancha de llamadas y mensajes de profesionales y colectivos. La escena de pasillo quedó clara: entradas y apretones de manos en señal de respaldo, y el propio director del Servicio Canario de la Salud intentando presentarse en el despacho sin éxito. El gesto, admitió el diputado, “le honra”, pero no era el contexto para verse.
Amparo y silencio institucional
El diputado ha solicitado amparo parlamentario por vulneración de su intimidad, honor y libre ejercicio de la función. Pide que se califique de muy grave la actuación del director del SCS. A día de hoy, ni Goya ni la consejera han acudido a dar explicaciones formales sobre el uso de datos personales en la comisión. Para Caraballo, el Parlamento debe fijar un listón ético claro que proteja a cualquier representante, piense como piense.
Medios de comunicación han recordado que el propio Caraballo hizo pública en 2020 su baja en plena pandemia, entonces como representante sindical. La controversia ahora es si una autoridad sanitaria puede usar ese antecedente en sede parlamentaria y con qué límites legales y éticos
El fondo del asunto: listas y transparencia para la gente de la isla
Detrás del rifirrafe está la disputa por las listas de espera. Sanidad presume de bajadas; Caraballo denuncia opacidad y movimientos entre listas no estructurales que podrían maquillar la foto. Su reclamación es sencilla de entender desde Lanzarote: que cada paciente sepa en qué lista está y cuándo empieza a contar de verdad su espera, sin trucos. Porque esto no es un debate de tribuna: es la llamada que esperas del Molina Orosa, el viaje en guagua o avión para una derivación y los días de dolor que van pasando.

Foto aérea de Playa Blanca. Elpejeverde.com
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El Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote ha denegado la autorización turística a un proyecto hotelero en Playa Blanca. La decisión se apoya en el informe desfavorable y vinculante del Ayuntamiento de Yaiza, que fija que el suelo afectado es de uso residencial unifamiliar y no turístico.
El expediente, tramitado por el Departamento de Ordenación Turística, recoge que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y del Tribunal Supremo anularon parcialmente el Plan General Supletorio de Yaiza en la franja litoral. Con esa anulación se reactiva el plan parcial “Montaña Roja” (1979), que permite viviendas unifamiliares o bungalows, pero no hoteles. Con ese marco, Yaiza informó en contra y el Cabildo tuvo que rechazar la actividad.
El presidente, Oswaldo Betancort, defendió la resolución: “La Institución insular está comprometida con la seguridad jurídica y con un modelo territorial responsable”. Añadió que la cuestión no es “estar a favor o en contra de proyectos concretos”, sino asegurar que cualquier desarrollo respete la normativa, el planeamiento vigente y la capacidad de carga del territorio. “Lanzarote debe crecer con orden, con transparencia y con respeto a nuestro entorno”, subrayó. Según Betancort, decisiones así “permiten actuar con reglas claras, evitando situaciones irregulares que en el pasado han generado conflictos legales y problemas urbanísticos”.
El consejero de Política Territorial, Jesús Machín, recordó que el informe municipal es vinculante en virtud de la normativa turística y de actividades clasificadas. “Este suelo está ordenado para viviendas unifamiliares y no para uso hotelero, y así lo han confirmado tanto el planeamiento como las sentencias judiciales. Nuestra responsabilidad es velar por el cumplimiento del territorio y evitar desarrollos que no se ajusten a la ley”, dijo.
Machín situó la decisión en una línea de trabajo más amplia: actualización de instrumentos de planeamiento —PIOT y planes especiales de espacios naturales— para dar “claridad, seguridad y equilibrio” entre desarrollo y protección ambiental.
La consecuencia inmediata es clara: el hotel proyectado no podrá tramitar autorización turística en ese ámbito mientras rija el ordenamiento vigente. El promotor, si lo desea, solo podría amoldarse a los usos permitidos o esperar a un cambio normativo que hoy no está aprobado.

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Unidos por Yaiza (UPY) responde a las críticas de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) sobre la devolución de fondos vinculados a los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE). El portavoz municipalista, Daniel Medina, niega que el Ayuntamiento sea responsable del desenlace y atribuye el problema a un cambio normativo laboral vigente desde el 1 de enero.
Medina recuerda que el consistorio ya informó en agosto “de manera pública” de la situación. Según UPY, la nueva regulación impide contratar durante los once meses que requieren los tres proyectos formativos presentados por Yaiza. El aviso, sostiene, se trasladó “oportunamente” al Servicio Canario de Empleo (SCE).
“El Gobierno de Canarias lo controlan CC y PP, y es ese Gobierno el que no ha dado una alternativa viable, no solo a Yaiza, sino a todos los ayuntamientos que hemos tenido que devolver el dinero de los PFAE”, afirma Medina. “Los cursos duran once meses y la legislación solo permite contratar a profesores y administrativos por seis”.
UPY sostiene que, con la normativa vigente, las administraciones que gestionan PFAE tendrían que acudir a fórmulas de contratación indefinida, fija discontinua o temporal por circunstancias de la producción con un tope de seis meses. A juicio del partido municipalista, ese marco “no es aplicable” a cabildos o ayuntamientos. Añade que ya existen sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra corporaciones locales por abuso de la temporalidad en casos relacionados con PFAE. UPY no detalla resoluciones concretas, pero las cita como aviso de riesgo jurídico.
La formación local acusa a la oposición de alimentar un relato impreciso. “Las notas de prensa de la oposición vienen siendo un ‘cc y pp’, un copia y pega de un tándem instalado en la desinformación y medias verdades”, sostiene Medina. Asegura que el debate no es político, sino técnico-laboral, y que afecta “a todos los municipios canarios”.
El Ayuntamiento de Yaiza ejecutó el pasado año tres PFAE —Ayuda a Domicilio, Jardinería y Dinamización Social— con formación teórica y práctica a lo largo de once meses. La continuidad de esos itinerarios chocó, según UPY, con el nuevo marco de contratación. “Esto lo explicó el alcalde, Óscar Noda, en agosto, tras la reunión de julio con el Servicio Canario de Empleo, donde advirtió que las administraciones no disponían de una figura contractual aplicable para ejecutar los proyectos”, recuerda el portavoz.
UPY insiste en que no ha habido ocultación. Reivindica la nota informativa publicada en agosto y las comunicaciones con el SCE. Exige a CC y PP “rigor” y “una solución normativa” que permita encajar la duración de los PFAE con un modelo de contratación legal en el sector público local.
Entre tanto, el consistorio defiende que la devolución de fondos fue una medida de prudencia para evitar responsabilidades futuras por contratación irregular. La oposición mantiene que el Ayuntamiento es responsable del desenlace. UPY replica que el margen de maniobra municipal estuvo condicionado por la normativa autonómica y estatal y por los criterios de contratación pública.
El cruce de reproches deja en el aire si habrá una vía reglada que permita reactivar los PFAE en Yaiza con la duración completa prevista. UPY coloca la pelota en el tejado del Gobierno autonómico; CC y PP, en el del Ayuntamiento. La solución, hoy, sigue pendiente.

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En Arrecife, la prevención entra por la puerta del aula. La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento, dirigida por Maite Corujo, inicia este martes 21 la campaña “Prevención de Tecnoadicciones” en los institutos de la capital con un objetivo sencillo de decir y difícil de ejecutar: enseñar a usar el móvil y las pantallas sin que el móvil y las pantallas nos usen a nosotros. “Nuestro objetivo es ofrecer pautas que contribuyan al uso saludable de las redes sociales y videojuegos y evitar los riesgos asociados a las nuevas tecnologías como los de índole sexual o el ciberacoso, así como prevenir la adicción a las apuestas deportivas y juegos de azar”, resume Corujo.
El plan llegará hasta final de mes a los IES Agustín Espinosa, Las Salinas, Altavista, César Manrique, Blas Cabrera Felipe y Las Maretas, además del CEO de Argana. El formato es práctico: dos talleres para alumnado de 3º y 4º de ESO. En el primero, se aterriza el uso saludable del móvil a partir de lo que ya ocurre en los pasillos: redes sociales, videojuegos y esa sensación de estar “siempre conectados”. Se aportan herramientas para prevenir y detectar el ciberbullying (acoso a través de Internet y redes), el grooming (engaño de adultos a menores para abusar), el sexting (envío o recepción de contenido sexual), la sextorsión (chantaje con material íntimo) o el phubbing (ignorar a quien está delante por mirar el móvil). La idea, trasladan los formadores, es que el alumnado aprenda a identificar señales, ponga límites y sepa a quién acudir si algo se tuerce.
El segundo taller baja al barro de un fenómeno que ya no es marginal: las apuestas deportivas y otros juegos de azar, presenciales y online. Se explican los mecanismos del juego —ruleta, combinadas, “bonos de bienvenida”—, la ilusión de control y el enganche por refuerzos. Y, sobre todo, se trabaja en hábitos de protección: establecer límites, entender los riesgos y pedir ayuda a tiempo. “Se trata de formar criterio y evitar que el ocio digital derive en problemas de salud, de convivencia o de dinero”, insiste la concejala.
La campaña nace con vocación preventiva y un mensaje claro a la comunidad educativa de la capital lanzaroteña: hablar de tecnología en clase no es demonizarla, es aprender a convivir con ella. Arrecife pone los talleres; el reto, como casi siempre, se juega en casa y en el patio del instituto.
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