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La Guardia Civil del Destacamento Marítimo de Fuerteventura intervino el pasado 15 de octubre un total de 100 kilogramos de pescado a cuatro pescadores deportivos en Puerto Calero, Lanzarote, por exceder el límite máximo de captura permitido para la pesca recreativa. La actuación se inició gracias a la colaboración ciudadana.

Pescadores de la zona alertaron a las autoridades sobre una embarcación deportiva que llevaba dos días faenando y que probablemente presentaba un exceso de capturas. Ante este aviso, se estableció un dispositivo de localización y vigilancia, que contó con el apoyo de servicios de guardapescas de la Consejería de Transición Ecológica.

 Sobre las 20:00 horas del día 15, la Guardia Civil inspeccionó la embarcación de 12 metros de eslora tras su atraque. Los cuatro ocupantes, de entre 40 y 60 años, contaban con la documentación en regla para la pesca recreativa. Sin embargo, el pesaje final en la cofradía de La Tiñosa arrojó un total de 100 kilogramos, lo que implica que cada pescador superaba con creces el límite de 5 kg por persona establecido en la Ley 17/2003 de Pesca de Canarias.

La infracción se considera grave ya que la cantidad capturada supera el doble del límite máximo diario permitido. La sanción por este tipo de falta puede oscilar entre los 301 y 60.000 euros, además del decomiso del producto.

Las capturas incluían variedades como samas, bocinegros, pejeperros y sargos, todas cumpliendo la talla mínima reglamentaria. No obstante, el pescado fue destruido debido a la rotura de la cadena de frío, ya que las neveras carecían de refrigeración suficiente.

La Guardia Civil sospecha que el destino de estas capturas era la venta ilegal a algún restaurante, una práctica que se conoce como furtivismo y que pone en riesgo la garantía sanitaria del consumo. Ante el aumento del furtivismo, el Servicio Marítimo ha intensificado la vigilancia en aguas del litoral canario.

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El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha emitido una denuncia pública alertando sobre la gestión de los rescates migratorios por parte del Gobierno de España. El primer edil de la capital de Lanzarote, uno de los puntos más afectados por la llegada de migrantes, sostiene que Salvamento Marítimo intervino en aguas bajo la Zona SAR (Búsqueda y Rescate) de Marruecos para luego trasladar a los rescatados hasta Lanzarote.

La polémica surge tras el desembarco, ayer miércoles, de 112 personas (dos de ellas menores) en el puerto de Arrecife. De León difundió la posición satelital de la embarcación Salvamar Polimnia (Ministerio de Transportes), la cual, según el alcalde, desmonta la información oficial de la Delegación del Gobierno sobre el lugar de los rescates.

 

Desacuerdo en las Coordenadas

 

La Delegación del Gobierno había informado que las dos pateras fueron localizadas a 26 km al este y 37 km al sureste de Lanzarote. Sin embargo, el seguimiento de la trayectoria de la Salvamar Polimnia indica que los rescates se produjeron en coordenadas cuya longitud ($13^\circ 18'$ W y $13^\circ 15'$ W$) supera el límite de la zona SAR de Canarias ($13^\circ 20'$ W$), ingresando en el área de responsabilidad marroquí.

 

 

El alcalde recuerda que el convenio de la OMI (Organización Marítima Internacional) exige a las partes coordinar la búsqueda y salvamento en sus zonas de responsabilidad.

 

Exigencia al Gobierno Central

 

De León ha sido tajante en su requerimiento al Gobierno de España:

"Si desea seguir poniendo los medios y efectivos para intervenir en la zona de Marruecos, que lleve también hasta sus puertos y ciudades a las personas que rescatan."

El regidor reitera la alarma social ante el desembarco permanente de migrantes en puertos canarios como Arrecife, sugiriendo que, si se aplicara la legislación internacional de la OMI, los traslados deberían realizarse a puertos marroquíes. Esta denuncia se suma a una petición anterior, realizada en agosto, para esclarecer el atraque en Arrecife de un barco con polizones de Senegal que acabaron acogidos como refugiados en la isla.

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La mañana del 30 de octubre de 2025 arrancó en el Senado con foco y taquígrafos sobre el ‘caso Koldo’. Pedro Sánchez compareció ante la comisión de investigación y fijó desde el principio su perímetro defensivo: negó conocer las actividades de José Luis Ábalos, calificó la comisión de “circo” y admitió cobros en metálico “en alguna ocasión”, siempre —dijo— por debajo de los 1.000 euros y para gastos del partido. En paralelo, el PNV decidió no participar por considerar que el foro “busca la confrontación” y la repercusión mediática. Con ese telón de fondo se produjo el cruce con Pedro San Ginés, senador de Coalición Canaria por Canarias.

 

San Ginés llevó al centro del debate la frase de archivo del presidente sobre “extirpar cualquier atisbo de corrupción” y la aterrizó en una cronología concreta. “¿Fue usted quien dijo ante los atisbos de corrupción que ‘hemos extirpado del Gobierno’?”, preguntó. El senador enlazó esa afirmación con la salida de Ábalos: “Cuando usted ‘extirpó’ a Ábalos del Gobierno, nadie sabía nada sobre la trama. Nadie, salvo usted, a tenor de sus propias palabras”. Y remató la inferencia política: “Yo infiero que usted admitió implícita, acaso inconscientemente, ser cómplice, al menos por omisión, desde 2021 y por confirmación a partir de 2023”.

 

 

Sánchez trató de “poner las cosas en sus justos términos” y de llevar el intercambio al terreno de los hechos: “Usted infiere, usted insinúa… y ahora me permitirá a mí que también ponga sobre la mesa cuál es mi verdad”. Recordó la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la financiación del PP y reivindicó que “un sumario no es una sentencia” y “una imputación no es una condena”. Cuando la presidencia de la comisión le pidió ceñirse a la pregunta, el presidente insistió en diferenciar entre la causa que motivó la moción de censura de 2018 y la investigación actual.

 

El intercambio subió de temperatura cuando San Ginés unió sus dos exigencias: elecciones anticipadas o moción de confianza. “Sabe que solo hay una manera de saber si la ciudadanía considera que aún merece su confianza”, lanzó el senador. Sánchez cerró la puerta: “Cuando sean convocadas las elecciones en el año 2027, la ciudadanía tendrá ocasión de decidir”. Y añadió, con referencia territorial explícita: “Siendo usted representante de una importante isla de las Islas Canarias, en su caso, Lanzarote, desde luego le diría que sería absolutamente nocivo ese tipo de gobiernos para las Islas Canarias”, en alusión a una hipotética alternancia (hoy gobierna PP y CC en Lanzarote y Gobierno Canario). Sobre el control parlamentario, defendió el carácter “constructivo” de la moción de censura y acusó a PP y Vox de “retorcer” la Constitución.

 

 

En los minutos finales, San Ginés pidió “llegar al fondo de las responsabilidades políticas” y, ya fuera del objeto estricto de la comisión, solicitó al presidente valorar la aprobación de un decreto canario ligado a compromisos con las islas. La respuesta de Sánchez fue condicional y política: “Como ustedes gobiernan con el Partido Popular, si convencen al Partido Popular, estoy convencido de que podremos convalidar ese real decreto”.

 

 

El cruce dejó dos planos. San Ginés buscó una respuesta literal sobre la “extirpación” y pidió un gesto inmediato —urnas o confianza—; Sánchez desvió el foco a la doctrina (“sumario no es sentencia”), blindó el calendario (“2027”) y dejó un mensaje de alcance territorial donde citó expresamente a Lanzarote. La comisión siguió su curso entre reproches sobre el marco y el uso político del foro; el punto informativo quedó en la pregunta que no obtuvo respuesta directa y en la alusión del presidente a la isla del senador.

 

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La polémica por la instalación de una antena de telefonía móvil en el corazón del pueblo de Masdache ha escalado al ámbito político insular y regional. La Asociación de Vecinos Masdache Se Protege ha hecho pública una "Carta abierta a los dirigentes insulares y de Canarias del PSOE y PODEMOS", en la que critican duramente la autorización de esta infraestructura.

En un texto sin paliativos, los vecinos califican la decisión de autorizar la antena, en pleno Paisaje Protegido de La Geria y zona ZEPA, como una "ofensa al territorio, a la salud de la gente y a la coherencia política".

 

"¿Dónde quedó la defensa del territorio?"

 

La crítica central de la asociación se dirige a la contradicción entre el discurso ecologista de ambos partidos y su actuación práctica."¿De verdad pretenden que nos creamos el compromiso con la sostenibilidad... mientras autorizan la destrucción del paisaje más emblemático de Lanzarote?", se preguntan los vecinos.

La carta acusa a las formaciones de hacer "justo lo contrario" de lo que prometen en sus programas, permitiendo la degradación de La Geria, un "símbolo de respeto, equilibrio y lucha entre el ser humano y la tierra". Los vecinos exigen respeto al "trabajo y mandato de Manrique" de proteger la arquitectura y el paisaje insular.

La misiva, que se posiciona "en contra de la torre de telecomunicaciones", aclara que su protesta no es contra la tecnología o la cobertura, sino contra la forma en que se ha gestionado el proyecto desde el Ayuntamiento de Tías, tildándolo de "atropello, una imposición y falta de sensibilidad".

Los promotores de la carta aseguran que "hay alternativas: otros lugares, otras soluciones técnicas", pero que lo que realmente falta es "voluntad política y coherencia". La asociación exige explicaciones públicas a los líderes de PSOE y Podemos sobre "por qué atentan contra el paisaje protegido" y "a quién beneficia realmente esta decisión".

El texto concluye con una firme declaración de intenciones: "El paisaje de La Geria no se negocia, se defiende."

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El Centro de Mayores de Tinajo acogió la VI Mesa Insular de Obras Públicas, una reunión de coordinación presidida por el consejero insular del área, Jacobo Medina, y que contó con la participación de los siete ayuntamientos de la isla y técnicos del Cabildo. El encuentro sirvió para revisar la red viaria y establecer una estrategia común de movilidad y conservación.

Durante la sesión, el consejero Jacobo Medina anunció una inversión histórica de más de 15 millones de euros para 2026 destinada al mantenimiento, mejora y conservación de carreteras. Esta cifra refuerza, según Medina, el compromiso del gobierno insular con la seguridad vial, la sostenibilidad y la modernización de las infraestructuras.

Medina calificó esta inversión como el resultado de una "visión estratégica" para mejorar la movilidad y mantener las carreteras en condiciones óptimas. El plan de inversión incluye la rehabilitación integral de tramos deteriorados, el refuerzo de firmes, la mejora de señalización, drenaje y el acondicionamiento paisajístico, además de nuevos proyectos como glorietas y alumbrado.

 

Renovación de Contratos y Plan de Conectividad

 

El consejero también adelantó la renovación de los contratos de conservación de carreteras y de márgenes, lo que permitirá al Cabildo disponer de más medios y agilizar la respuesta ante cualquier incidencia. Los nuevos contratos incorporarán cláusulas de calidad y sostenibilidad.

De forma paralela, Medina anunció el impulso del plan más ambicioso de mejora de la red viaria de los últimos años, que buscará fortalecer la conectividad, reducir tiempos de desplazamiento y aumentar la seguridad vial en coordinación con los municipios.

 

Carriles Bici y Premios a la Excelencia

 

Otros puntos clave de la Mesa fueron la presentación del proyecto 'Lanzarote Bike Experience', una iniciativa para planificar y coordinar el desarrollo de carriles bici, buscando consolidar la isla como referente en turismo deportivo.

Asimismo, se aprobaron las bases de los Premios Obras Públicas 2026, galardones que buscan reconocer la innovación y las mejores prácticas en el ámbito de la ingeniería, la arquitectura y la gestión pública insular.

Finalmente, Medina destacó la importancia del acuerdo marco de redacción de proyectos como herramienta de cooperación para que los ayuntamientos puedan ejecutar obras con solvencia técnica. La próxima VII Mesa Insular se celebrará en Tías en febrero de 2026.