La fotografía aportada de los consejeros socialistas Ariagona González y Benjamín Perdomo durante su intervención en el Pleno del Cabildo.

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La batalla política por el modelo energético de Lanzarote continúa escalando, convertida ya en un choque frontal de relatos. Apenas 24 horas después de que el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, compareciera en el Pleno para garantizar que la isla mantendrá el control territorial absoluto sobre las renovables y que las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) no eximen de la obligatoria evaluación ambiental, el Partido Socialista ha lanzado una dura ofensiva en la que se empecina en sostener un discurso diametralmente opuesto.

A través de un comunicado, el PSOE de Lanzarote ha denunciado lo que consideran "las dos chaquetas de Oswaldo Betancort". La oposición argumenta que existe un doble discurso evidente: mientras en el Cabildo el presidente cuestiona las ZAR y trata de marcar distancias con su desarrollo descontrolado, en su calidad de diputado autonómico votó a favor del Decreto Ley 1/2026 en el Parlamento de Canarias. Según los socialistas, esta norma autonómica facilita la implantación de megaproyectos reduciendo las garantías ambientales y permitiendo actuaciones no previstas en el planeamiento insular.

"No se puede decir una cosa en Lanzarote y votar la contraria en Canarias. No se puede cambiar de criterio según la chaqueta que uno se ponga", ha aseverado la portavoz socialista, Ariagona González. Desde las filas del PSOE advierten de que esta actitud genera incertidumbre sobre el futuro territorial y recuerdan que el protocolo inicial firmado en julio de 2025 abría la puerta a ocupar más de 3.100 hectáreas.

Sin embargo, esta denuncia choca de frente con las explicaciones técnicas ofrecidas por el propio Betancort en sede plenaria. El presidente ya aclaró que dichas hectáreas respondían a errores cartográficos del Gobierno de Canarias, los cuales ya se están subsanando a través de una comisión técnico-política creada expresamente para blindar a Lanzarote. Asimismo, el grupo de gobierno reiteró su compromiso de priorizar la instalación de placas en cubiertas de edificios y zonas antropizadas, dejando el suelo rústico como última y excepcional opción.

Lejos de recoger el guante de estas aclaraciones institucionales, el PSOE defiende que el actual pacto de gobierno ha abandonado el trabajo de planificación ordenado que, aseguran, caracterizó el mandato de María Dolores Corujo. González reivindica hitos de la pasada legislatura como los estudios del ITC o el impulso inicial del parque eólico de San Bartolomé (cuya puesta en marcha definitiva, paradójicamente, acaba de ser anunciada por el actual gobierno).

Para los socialistas, las actuales decisiones son "improvisadas" y agravan el riesgo de que la transición energética quede en manos de multinacionales privadas. Pese a la dureza de las acusaciones, Ariagona González concluyó su intervención tendiendo la mano al presidente del Cabildo para revisar el protocolo y retomar una planificación con seguridad jurídica, advirtiendo que "lo que está en juego es demasiado importante para estrategias políticas".

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La Guardia Civil ha activado un dispositivo de búsqueda urgente y ha solicitado la máxima difusión ciudadana en toda la provincia de Las Palmas para tratar de localizar a Laura Z. S., una menor de edad que se encuentra en paradero desconocido desde este martes, 24 de marzo.

Aunque la desaparición se ha registrado en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana, las autoridades han extendido la petición de colaboración a toda la provincia, dada la facilidad y frecuencia de los desplazamientos interinsulares.

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) y el Ministerio del Interior han difundido el cartel oficial con los datos de la joven para facilitar su identificación. Laura es de constitución física delgada, mide 1,57 metros de altura y tiene tanto los ojos como el pelo de color negro.

El dato más crítico y que eleva la urgencia de este operativo es que la menor necesita medicación, por lo que su pronta localización es vital para garantizar su estado de salud.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil se pide a cualquier ciudadano que pueda tener alguna pista, por pequeña que sea, o que crea haber visto a la joven en las últimas horas en cualquier punto del archipiélago, que se ponga en contacto inmediato con las autoridades. Para ello están habilitados el teléfono directo de la Guardia Civil (062) y el teléfono de la Fundación ANAR para casos de menores desaparecidos (116000).

Presidenta del Partido Popular en Lanzarote, Astrid Pérez

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Para la inmensa mayoría de los ciudadanos que tienen la suerte de conservar las llaves y el control de su casa, el problema de la okupación suele verse como una desgracia ajena. Un mal trago que, desde la barrera, parece limitarse a cambiar cerraduras, lidiar con la policía y gastar dinero en abogados. Sin embargo, existe una realidad paralela mucho más cruda, un secreto a voces que se ha convertido en una auténtica pesadilla burocrática para las víctimas: una trampa legal donde no solo pierdes tu propiedad, sino que además eres castigado por el propio Estado.

El laberinto funciona así. Desde hace años, la Agencia Tributaria considera que si tienes una vivienda, esta genera riqueza. Si te la okupan o un inquilino decide dejar de pagar y atrincherarse dentro (la conocida "inquiokupación"), Hacienda te exige seguir declarando en tu IRPF esos ingresos "ficticios" o una "imputación de rentas". Para librarte de tributar por un dinero que jamás has cobrado, el Estado te obliga a embarcarte en un complejo, costoso y lentísimo proceso judicial.

Este calvario se ha vuelto aún más agónico desde la entrada en vigor de la polémica Ley de Vivienda aprobada por el actual Gobierno de España (PSOE, Sumar, Podemos e IU). Al dilatar enormemente los plazos y los requisitos para ejecutar un desahucio, el propietario se ve forzado a sostener esta sangría fiscal durante años mientras el okupa reside gratis en su inmueble.

Eso es exactamente lo que ha recordado hoy a través de una nota de prensa la presidenta del Partido Popular en Lanzarote, Astrid Pérez. La líder de los populares ha puesto el grito en el cielo ante este despropósito, calificando de "auténtica indecencia" la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de mantener esta obligación tributaria sobre las víctimas.

"Estamos ante una política que penaliza al propietario dos veces", ha relatado Pérez, poniendo voz a la desesperación de los afectados. "Primero, cuando pierde el control de su vivienda o deja de cobrar su alquiler, y después cuando viene Hacienda y le exige tributar por unos ingresos ficticios, que no ha percibido. Es simplemente injustificable y un disparate más a los que nos tiene acostumbrados el gobierno de Sánchez".

La dirigente insular del PP ha cargado duramente contra la realidad paralela en la que vive el Ejecutivo y el "negacionismo" de la izquierda, acusándoles de minimizar un drama que arruina a pequeños ahorradores. "Mientras algunos tienen la desfachatez de decir que la ocupación no es realmente un problema, hay propietarios que están viviendo auténticos dramas personales asumiendo costes legales y económicos durante años", subrayó.

Las consecuencias de esta asfixia legislativa, advierte Pérez, ya están golpeando al mercado inmobiliario. Lejos de facilitar el acceso a la vivienda, el paquete de medidas de Moncloa ha generado una huida masiva de propietarios por la total inseguridad jurídica, retrayendo la oferta de alquiler y disparando los precios. El diagnóstico de Astrid Pérez es claro: el mercado no se arreglará hasta que el Gobierno deje de criminalizar a quienes cumplen la ley y actúe con firmeza frente a quienes la vulneran.

Rueda de prensa de Primero Teguise 

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La formación política Primero Teguise ha emitido una advertencia pública sobre la situación límite en la que se encuentra la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Costa Teguise. Según denuncia el partido, la instalación hidráulica trabaja frecuentemente al 100% de su capacidad, lo que está provocando alivios y vertidos de aguas sin tratar al mar, todo ello mientras las administraciones continúan aprobando nuevas licencias turísticas en la localidad.

A partir de los datos recabados por la organización, la planta fue diseñada originalmente para atender a una población de 20.000 habitantes equivalentes, procesando en torno a 3.600 metros cúbicos diarios. Sin embargo, la suma de la población residente y los más de 11.000 turistas semanales que registra el núcleo sitúan la carga real de trabajo en cifras que superan su capacidad técnica operativa.

El concejal y presidente de Primero Teguise, Jonás Álvarez, ha explicado que, al operar al límite, la planta no puede asumir el caudal entrante durante episodios de lluvias o picos de ocupación turística. Como consecuencia, parte del agua sale por los emisarios submarinos sin el tratamiento completo. Álvarez ha sido explícito al detallar que estos alivios arrastran "aguas fecales" y "pedazos grandes de defecaciones", alertando de que las playas corren el riesgo de convertirse en un foco de contaminación con un grave impacto ambiental, sanitario y turístico.

A la deficiencia técnica de la EDAR, el partido suma una denuncia por falta de transparencia institucional. La formación asegura tener constancia de vecinos que han presentado escritos en el Ayuntamiento solicitando información sobre el estado de los emisarios y los controles de calidad del agua de baño, obteniendo únicamente "silencio administrativo o respuestas ambiguas".

Respecto a las futuras inversiones proyectadas por el Consejo Insular del Agua para ampliar la capacidad de la depuradora, Primero Teguise advierte de que la medida será insuficiente. Según expone Álvarez, las nuevas licencias urbanísticas y los proyectos ya en tramitación consumirán prácticamente esa futura mejora desde el momento de su inauguración.

La organización concluye su exposición exigiendo un cambio de modelo en la gestión urbanística. El edil criticó la concesión de licencias "a diestro y siniestro" sin planificar previamente la capacidad real de las infraestructuras hidráulicas, calificando esta práctica de "improvisación". Primero Teguise defiende que no se pueden autorizar más camas ni viviendas residenciales hasta garantizar los servicios básicos, sentenciando que "el crecimiento no puede ir por delante de la infraestructura".