Foto de NC Lanzarote
Por Sergio Calleja
Hay errores y hay errores. Hay equivocaciones que nacen de la buena fe, del exceso de celo, de la información mal contrastada. Y hay otras que, con el paso de los días, van adquiriendo un aroma que cuesta ignorar. Lo ocurrido con ADISLAN y Nueva Canarias pertenece, me temo, a esta segunda categoría.
Vayamos por partes. Santana denunció en el Parlamento canario que el Hogar Funcional de ADISLAN tenía plagas de chinches y ratas, comida insuficiente para personas medicadas y trabajadores represaliados por organizarse sindicalmente. ADISLAN lo negó todo de forma categórica, exigió rectificación pública y se reservó acciones legales. Sus trabajadoras salieron en masa a las redes: "Llevo cuatro años y nunca me ha pasado una rata por encima." Una madre de usuario reconoció que sí hay falta de personal — ese sí es un problema real — pero defendió a los profesionales y negó todo lo demás.
Y entonces llegó el silencio.
Ese silencio atronador, incómodo, que conocemos bien los que llevamos tiempo siguiendo la política lanzaroteña.
Pero antes de llegar al silencio, hay que decir algo que se merece ser dicho con claridad: Nueva Canarias en Lanzarote ha sido, hasta este episodio, uno de los proyectos políticos más serios e inteligentes de la isla. No lo digo por simpatía — este digital no tiene simpatías partidistas. Lo digo porque es verdad y porque la verdad, también cuando favorece, hay que contarla.
NC ha construido en Lanzarote una imagen de partido , bien documentado, con una oposición de calidad en las instituciones donde tiene representación o donde gobierna. En asuntos sanitarios y de bienestar social especialmente, su trabajo ha sido notable. Han sabido fiscalizar sin frivolizar, han sabido señalar problemas reales , y han ganado respeto entre sectores de la ciudadanía que no necesariamente comparte su ideología.
Eso hace aún más incomprensible lo que ocurrió con ADISLAN. Porque no hablamos de un partido que improvisa habitualmente. Hablamos de un partido que sabe lo que hace. O que solía saberlo.
¿Qué pasó entonces?
La pregunta lleva días rondando en los despachos, en las llamadas de teléfono y en los mensajes de quienes conocen bien la política lanzaroteña. Y hay algo que me llama especialmente la atención: el malestar no es solo externo. Hay voces dentro de la propia familia de NC en Lanzarote que no están nada orgullosas de esta intervención. Gente que lleva años construyendo este proyecto político con seriedad, que entiende que una denuncia parlamentaria de esta magnitud — sobre una ONG con más de treinta años de trayectoria, más de quinientas personas atendidas y más de doscientos trabajadores — exige algo más que una fuente de dudosa procedencia y mucha indignación.
Porque ADISLAN no es una entidad cualquiera. Es una institución profundamente arraigada en la sociedad lanzaroteña, supervisada por el Cabildo y el Gobierno de Canarias, auditada, inspeccionada y avalada por décadas de trabajo serio con los colectivos más vulnerables de la isla. Manchar esa imagen sin pruebas tiene consecuencias. Para la entidad. Para sus trabajadores. Para las familias de los usuarios. Y, a la larga, para quien lo hace.
Y aquí es donde la política lanzaroteña, que es pequeña y nos conocemos todos, empieza a hacer sus preguntas en voz baja. Las mismas que yo me permito hacer aquí en voz alta.
¿Se debatió esta denuncia en los órganos de NC en Lanzarote antes de llegar al Parlamento? ¿La conocían sus dirigentes locales — los mismos que han guardado un silencio sepulcral desde entonces — o fue una iniciativa tomada sin consulta, sin contraste, sin pedir la versión de quienes trabajan allí cada día?
Y si la conocían, ¿por qué no la frenaron? ¿Por qué dejar pasar una denuncia de esta magnitud sin exigir rigor, sin preguntar de dónde venían esos datos, sin considerar siquiera el impacto que tendría sobre cientos de familias lanzaroteñas?
Y si no la conocían, la pregunta es todavía más incómoda: ¿cómo es posible que el líder más reconocible de NC en Lanzarote, alguien que no suele perderse un debate importante sobre la isla, alguien que tiene criterio y voz en estos asuntos, dejara que una denuncia de este calibre llegara al Parlamento canario sin pasar por el filtro mínimo de la prudencia?
Porque aquí, en Lanzarote, donde todo el mundo se conoce y los círculos son pequeños, la casualidad escasea. Y cuando una institución social seria aparece acusada de ratas y chinches en sede parlamentaria, y cuando esa misma institución ha tomado recientemente decisiones laborales que afectan a personas del entorno de quienes la han denunciado, la ciudadanía tiene todo el derecho a hacerse preguntas. No a sacar conclusiones. A hacerse preguntas.
¿Fue un error de cálculo? ¿Una rabieta mal gestionada que alguien debería haber detenido a tiempo? ¿O algo más? No lo sé. Y sin pruebas sólidas, no me corresponde a mí saberlo.
Lo que sí sé es que sería una verdadera pena que un grupo de personas que estaban construyendo algo serio y valioso en la política lanzaroteña se lo hicieran saltar por los aires por un asunto que huele cada vez más a lo que no debería oler: a lo personal.
He intentado hablar con Natalia Santana. La Semana Santa lo ha dificultado. Quizás después de leer esto, esa conversación sea más urgente para ambas partes.
Porque en política, como en periodismo, hay una regla que no falla: cuando alguien tira la piedra y esconde la mano, el tiempo siempre acaba enseñando dónde estaba esa mano.
Amanecer sobre el Puerto de Arrecife visto desde el Parque Islas Canarias. Esta isla tiene sol todos los días del año — y aun así sigue dependiendo del petróleo que llega en barco. Foto: Elpejeverde.com
Por Redacción Elpejeverde.com
Hay algo que los lanzaroteños llevamos haciendo desde hace décadas con una eficiencia pasmosa: dividir cualquier debate en dos trincheras, lanzarnos los unos contra los otros con una convicción que pocas veces se sustenta en haber leído el documento en cuestión, y al final no resolver nada. Lo hemos hecho con el turismo, con la construcción, con el agua, con el aeropuerto, con las antenas de telefonía y con tantas otras cosas que ya hemos perdido la cuenta. Y ahora lo estamos haciendo, una vez más, con las Zonas de Aceleración de Renovables.
El debate sobre las ZAR en Lanzarote lleva meses generando más calor humano que solar. Y eso, viniendo de una isla que tiene más sol por metro cuadrado que la mayoría de territorios del planeta, no es precisamente un logro.
Arrecife . Foto: Elpejeverde.com
Seamos honestos. El problema no son las renovables. Nadie en su sano juicio defiende hoy que Lanzarote siga siendo un territorio dependiente al cien por cien de los combustibles fósiles que llegan en barco desde el continente. Esa dependencia energética es una vulnerabilidad real, económica y estratégica, que pagamos todos cada mes en la factura de la luz y que lastra la competitividad de cualquier empresa, pequeña o grande, que quiera trabajar en esta isla. En eso, curiosamente, hay consenso. Todo el mundo quiere energía limpia, barata y propia. Todo el mundo.
El problema tampoco es la tecnología. Las placas solares y los aerogeneradores son herramientas. No son el enemigo ni son la solución mágica. Son instrumentos que, bien o mal ubicados, bien o mal gestionados, producen resultados radicalmente distintos. El diablo, como siempre, está en los detalles. Y los detalles, en este caso, se llaman deslinde, impacto territorial, paisaje, barrancos protegidos, Reserva de la Biosfera y, sobre todo, a quién beneficia realmente el negocio.
El sol sobre la playa, el territorio y el mar. Lanzarote tiene todo lo que necesita para ser un referente mundial en transición energética — excepto un acuerdo. Foto: Elpejeverde.com
Y ahí es donde la conversación se enreda. Porque hay una diferencia muy grande — enorme — entre apostar por la transición energética de Lanzarote y firmarle un cheque en blanco a un oligopolio energético que no tiene ningún interés particular en que la isla sea autosuficiente, sino en que las instalaciones sean lo más grandes, lo más rentables y lo más rápidas de construir posible. Esa diferencia es la que el Cabildo, el Gobierno de Canarias y buena parte del debate público lleva meses intentando difuminar con lo que algunos han llamado, con bastante precisión, una arquitectura discursiva: decir una cosa en los manifiestos y hacer otra en los boletines oficiales.
Porque el BOC del 20 de agosto de 2025 está ahí. El decreto ley del 26 de enero de 2026 fue convalidado en el Parlamento y sigue su tramitación por vía de urgencia. Eso no es una opinión ni una interpretación partidista. Es un hecho. Y los hechos, por incómodos que sean, no desaparecen porque un consejero cambie el portavoz o porque se publique un comunicado tranquilizador.
Pero tampoco es honesto quedarse solo en el no. Porque Lanzarote tiene una larga y documentada historia de parálisis cuando el miedo al cambio se disfraza de defensa del territorio. Hemos rechazado cosas que eran malas y también cosas que eran buenas, muchas veces sin distinguir entre unas y otras, muchas veces simplemente porque las proponía alguien que no nos caía bien o porque el partido del alcalde de turno era el contrario al nuestro.
Una torre eléctrica al atardecer. El tendido que lleva la energía — importada, cara y dependiente del exterior — a cada rincón de la isla. Foto: Elpejeverde.com
Si Lanzarote se paraliza y no desarrolla ningún modelo de transición energética propio, alguien lo hará por ella. Y ese alguien no va a ser precisamente el vecino del pueblo que quiere instalar paneles en el tejado de su casa. Va a ser la empresa que lleva años esperando pacientemente a que la isla agote su capacidad de resistencia para entrar con los planos ya dibujados y los permisos ya tramitados.
La pregunta real no es renovables sí o renovables no. La pregunta real es quién decide dónde, cómo, cuánto y para beneficio de quién. Y esa pregunta lleva meses sin recibir una respuesta clara, honesta y documentada ni desde el Cabildo ni desde el Gobierno de Canarias ni desde los grupos que se oponen. Todos tienen razones. Ninguno tiene el mapa completo. Y mientras tanto, el BOC sigue publicando decretos que nadie ha derogado.
Lanzarote tiene todo lo que necesita para ser un referente mundial en transición energética: sol, viento, territorio, reconocimiento internacional y una ciudadanía que cuando se lo propone de verdad es capaz de hacer cosas extraordinarias. Lo demostró con César Manrique. Lo demostró con la Reserva de la Biosfera. Lo puede demostrar de nuevo.
Pero para eso hace falta algo que escasea peligrosamente en este debate: gente dispuesta a leer los documentos antes de opinar, a distinguir entre el modelo que queremos y el modelo que nos están imponiendo, y a exigir a sus representantes algo más que palabras tranquilizadoras y manifiestos que se contradicen al día siguiente.
Porque al final de todo esto, más allá de los titulares, los plenos y las notas de prensa, queda una pregunta que cada lanzaroteño debería hacerse en voz alta:
¿De verdad queremos resolver esto, o simplemente nos interesa seguir peleando?
Presentación del proyecto 'Modo Independencia' en el Ayuntamiento de San Bartolomé. Foto: Ayuntamiento de San Bartolomé
Pejeverde
El Ayuntamiento de San Bartolomé y la Asociación Tribarte han puesto en marcha este martes 'Modo Independencia: Sabores que viajan fuera de casa', un proyecto orientado a fomentar la alimentación saludable entre la juventud del municipio que cursa estudios superiores fuera de Lanzarote. La iniciativa parte de un diagnóstico concreto: en el curso actual, 345 estudiantes de San Bartolomé han solicitado ayudas municipales de transporte y alojamiento para estudiar fuera, y el 62,5% de quienes ya viven fuera del hogar familiar reconoce que su alimentación ha empeorado, principalmente por falta de tiempo, presupuesto limitado o escasa experiencia culinaria.
El proyecto, impulsado desde el Área de Intervención Comunitaria, se enmarca en la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud, a la que San Bartolomé está adherido desde 2019. El alcalde Isidro Pérez destacó que "'Modo Independencia' es un claro ejemplo de cómo, a través de la educación y la participación comunitaria, podemos acompañar a nuestra juventud en una etapa clave de su vida, fomentando hábitos saludables que perduren en el tiempo".
Una de las apuestas más originales del proyecto es su enfoque intergeneracional: el recetario digital que se elaborará incluirá recetas grabadas junto a personas mayores del municipio, recuperando el conocimiento culinario tradicional y poniéndolo al servicio de los jóvenes que se enfrentan por primera vez a cocinar solos. La concejala de Intervención Comunitaria, Ana Lopes, subrayó que "no se limita a ofrecer información, sino que genera un proceso participativo donde la comunidad se implica activamente".
El proyecto se estructura en varias fases que incluyen talleres de sensibilización en centros educativos, un concurso de recetas saludables elaboradas por el propio alumnado, la selección de propuestas equilibradas y económicas, y la grabación de esas recetas con la participación de personas mayores del municipio. La iniciativa implica a centros educativos, alumnado de ESO y Bachillerato, estudiantes del Ciclo Formativo de Dietética del Centro Integrado de Formación Profesional Microsistemas, profesionales sanitarios y colectivos vecinales, con la colaboración de la enfermera especializada Arantza Bethencourt.
El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, en el paseo marítimo de la capital. Foto: Ayuntamiento de Arrecife
Pejeverde
El Ayuntamiento de Arrecife ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas el anuncio de aprobación de sus presupuestos municipales para 2026, los más altos en la historia de la ciudad con 78.676.929,35 euros — en torno a los 79 millones — lo que supone una subida del 5,77% respecto al ejercicio anterior. La publicación en el BOP abre el trámite de exposición pública de las cuentas, que se presentaron en pleno la semana pasada y fueron aprobadas con los votos de PP y CC, la abstención del grupo mixto y el voto en contra del PSOE.
El alcalde Yonathan de León, responsable directo de la Unidad de Gestión Presupuestaria y de la Concejalía de Obras Públicas, ha avanzado que en los próximos meses se incorporarán otros 40 millones de euros procedentes de los remanentes de tesorería, una vez aprobada la liquidación de las cuentas del ejercicio pasado en el pleno celebrado el viernes. Esos fondos se destinarán a un plan de modernización de barrios que incluye 6 millones para la transformación de Argana y la construcción de cuatro eco bulevares en las calles Pérez Galdós, León y Castillo, Triana y Manolo Millares, en su segunda fase.
El Parque Ramírez Cerdá, listo para salir a licitación
La novedad más relevante que ha avanzado De León es que el Ayuntamiento ultima la licitación de las obras de rehabilitación del Parque José Ramírez Cerdá, el más antiguo de Lanzarote, con una inversión de 2 millones de euros. Las obras han tenido que esperar a obtener la autorización de Costas, necesaria tras la tramitación de un nuevo deslinde sobre ese tramo del litoral en terrenos ganados al mar, así como el visto bueno de Patrimonio.
El parque tiene una doble protección patrimonial que ha condicionado y exigido toda la tramitación previa. Por un lado, la obra artística de César Manrique, quien intervino en su diseño y dirección en los años cincuenta del pasado siglo y cuya obra en Lanzarote está catalogada como Bien de Interés Cultural. Por otro, su proximidad al Puente de las Bolas y al Castillo de San Gabriel, ambos elementos únicos de la historia e identidad de Arrecife. La rehabilitación contempla nuevas zonas verdes y arbolado, con la aprobación expresa de Patrimonio para preservar ese doble legado.
Natalia Santana de Nueva Canarias
Pejeverde
La asociación ADISLAN ha emitido este lunes un comunicado oficial en el que rechaza de manera rotunda y categórica las declaraciones realizadas la semana pasada por la diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista Natalia Santana en la Comisión de Bienestar Social del Parlamento de Canarias, en las que denunció presuntas condiciones de insalubridad, plagas de chinches y ratas, alimentación insuficiente y represalias laborales en el Hogar Funcional del centro lanzaroteño de atención a la discapacidad.
Elpejeverde.com publicó la semana pasada la nota de prensa oficial de NC-BC con las declaraciones de Santana, atribuyendo en todo momento las afirmaciones a la diputada y a su grupo parlamentario.
La asociación califica los hechos descritos por Santana de "falsos y carentes de rigor" e incluye en su rechazo las imágenes difundidas públicamente, que considera "un elemento adicional de desinformación que distorsiona la realidad del servicio". ADISLAN recuerda que sus centros están sujetos a inspección y supervisión por parte del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Lanzarote.
En relación con los despidos denunciados por Santana como posibles represalias sindicales, la asociación los rechaza igualmente, asegurando que "todos los procesos de desvinculación laboral se han realizado por comportamientos o actitudes contrarias a los valores de la organización, y en ningún caso responden a represalias o vulneración de derechos fundamentales".
El comunicado critica el "tono desmedido" de las manifestaciones de Santana, que califica de "impropio del rigor institucional", alerta sobre la "responsabilidad de difundir informaciones no contrastadas" y subraya el daño reputacional causado a la entidad, a sus profesionales y a las familias de los usuarios. Por todo ello, ADISLAN exige una rectificación pública y se reserva expresamente el derecho a ejercer "cuantas acciones legales correspondan".
Las trabajadoras también responden
Paralelamente al comunicado institucional, varias trabajadoras del centro han expresado en redes sociales su rechazo a las declaraciones de la diputada. Una de ellas, con cuatro años de antigüedad, escribe: "Nunca me ha pasado una rata por encima". Otras empleadas niegan categóricamente lo denunciado y apuntan a posibles "intereses personales" detrás de las acusaciones. Una madre de usuario reconoce que sí existe falta de personal —"un hogar jamás debería estar con una sola persona al cargo de cinco o seis"— pero defiende la labor de los profesionales y niega las afirmaciones sobre insalubridad.
NC-BC y Natalia Santana no han emitido respuesta al comunicado de ADISLAN a cierre de esta crónica.
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