Obras en la calle Mina de Arrecife, vía neurálgica que une los barrios de Altavista y Tinasoria con Maneje. Foto: Ayuntamiento de Arrecife

Pejeverde

El Ayuntamiento de Arrecife tiene en ejecución, desde los últimos días de marzo, las obras de transformación de la calle Mina, una vía que une los barrios de Altavista y Tinasoria con Maneje a través del Puente de la Circunvalación, en dirección al cementerio municipal. Las obras se ejecutan en el tramo comprendido entre el colegio Los Geranios y el Puente de la Circunvalación y tienen un componente estratégico claro: estar terminadas cuando se produzca la entrega de las primeras 200 viviendas sociales que están en construcción en Maneje sobre suelo cedido por el propio Ayuntamiento.

El alcalde Yonathan de León, que es también el responsable directo del Área de Obras Públicas, ha destacado que la reforma reforzará la movilidad entre estos barrios y mejorará la accesibilidad y la iluminación de la vía. La nueva calle Mina contará con aceras en varios tramos donde actualmente no las hay, zonas de sombra con arbolado regado mediante una red de riego soterrada, y toda la red de alumbrado público y telecomunicaciones quedará también soterrada.

Las obras de la calle Mina se ejecutan de forma paralela a la transformación del barrio de Tinasoria, creado hace cerca de cuarenta años con viviendas sociales, donde una inversión de 3 millones de euros contempla nueva red de pluviales —de la que el barrio carecía—, zonas de sombra, reasfalto de todas las calles interiores y mejoras de accesibilidad.

De León ha avanzado además que el horizonte va más allá de las 200 primeras viviendas. Visocan ejecutará otras 200 viviendas sociales adicionales en suelo del Ayuntamiento en los próximos dos años, cuya licitación ya está en fase de adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El alcalde también trabaja con el Área Insular de Obras Públicas en la planificación de nuevos accesos directos a Maneje desde la Circunvalación de Arrecife, la LZ-III, además de actuaciones en la Avenida Los Geranios para reforzar los accesos desde Titerroy.

S.Calleja

Hojear los ejemplares de la histórica revista Meridiano que tengo la suerte de tener en mi casa de Madrid, es asomarse a una ventana del pasado llena de sorpresas. No era una publicación local ni de barrio: Meridiano tenía tirada nacional y llegaba a quioscos de toda España entre los años treinta y sesenta. Entre sus páginas de papel sepia, junto a anuncios de tinteros Pelikan y crónicas de la España de posguerra, asoma una publicidad fascinante: "Reportajes fotográficos TABAY. Coleccione estas fotos en las hojas mensuales de nuestro magnífico ÁLBUM DEPORTIVO". Y junto al texto, el dibujo de un paquete verde con dos chicles mentolados por el módico precio de una peseta.

No era una golosina cualquiera. Era el chicle de origen canario que, durante un breve pero intenso periodo en la posguerra, llegó a plantar cara a las todopoderosas marcas internacionales en todo el país. Esta es la historia de una plantita de secano en unas islas pobres, de una escasez mundial y de una idea empresarial brillante que hoy, casi ochenta años después, merece ser rescatada del olvido.

 

 

Malpaís con tabaibas en Lanzarote. Foto: Elpejeverde.com

 

El secreto blanco de la tabaiba dulce

Para entender el éxito de Tabay hay que mirar al paisaje más árido de Canarias, y muy especialmente a Lanzarote, isla de la que esta planta es el mismísimo símbolo vegetal. La Euphorbia balsamifera, conocida popularmente como tabaiba dulce o mansa, es un arbusto discreto, resistente y perfectamente adaptado a la falta de lluvia y al alisio. Crece despeinada por los malpaíses y las costas, indiferente a la sequía, como si la tierra volcánica fuera para ella el mejor de los suelos. Pero guarda un tesoro en su interior.

Al hacer un corte en su tallo sale la conocida "leche de tabaiba". A diferencia del látex de otras especies —como la tabaiba amarga, que quema la piel y es altamente cáustica— el de la dulce es suave y de propiedades balsámicas. Mucho antes de que a nadie se le ocurriera comercializarlo, nuestros antepasados ya conocían íntimamente sus virtudes. Los agricultores y gente del campo  de Lanzarote lo utilizaban como pegamento natural, para sellar las grietas de las barricas, para quitar la sed en los largos días de campo y, entre otras cosas, untándolo en las ubres de las cabras para provocar el destete de los baifos.

Y por supuesto, cuando esa savia blanca se dejaba secar al sol, se convertía en una goma natural que tanto adultos como niños mascaban para limpiar los dientes, fortalecer las encías y entretener el hambre. Era el auténtico chicle autóctono de las islas.

 

Malpaís con tabaibas en Lanzarote. Foto: Elpejeverde.com

 

 

 

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el panorama internacional estaba devastado. Las grandes marcas americanas de chicle —el famoso chewing gum que habían popularizado los soldados estadounidenses por media Europa— tenían enormes problemas para producir y exportar a una España sumida en la dura desgracia. En los quioscos y tiendas de toda la Península, el chicle era casi un artículo de lujo.

En ese preciso contexto, un emprendedor grancanario, el ingeniero Augusto Hernández Rodríguez, tuvo una visión genial: ¿y si fabricamos chicle a nivel industrial utilizando nuestra propia materia prima? En agosto de 1945 patentó el procedimiento para usar el látex de la tabaiba dulce como base de la goma de mascar. Un año después, en 1946, registró oficialmente la marca Tabay. El nombre no era casualidad: Tabay venía directamente de tabaiba, la planta canaria que lo haría posible.

Sin embargo, la falta de financiación en un archipiélago lastrado por las dificultades económicas impidió que la gran fábrica se instalara en las islas. La producción tuvo que trasladarse a Barcelona, donde la Compañía Hispanoamericana de Alimentación, CHADA S.A., asumió la manufactura. Ese mismo verano de 1946, los chicles salieron al mercado en toda España: dos unidades con un refrescante sabor a menta empaquetadas en un inconfundible envoltorio verde que rezaba "Una exclusiva de CHADA S.A.". Costaban exactamente una peseta. Se vendían en quioscos, tiendas de ultramarinos y estancos de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y, por supuesto, Canarias.

Momento del reel de Biologist Universidad de La Laguna

 

El lanzamiento vino acompañado de una estrategia de marketing que hoy estudiarían en las facultades de comunicación. Para dar a conocer el producto en todo el país, la empresa apostó al deporte rey de la época en España: el ciclismo. Patrocinaron el equipo ciclista "Galindo-Tabay", reclutando a figuras míticas del pelotón español como Dalmacio Langarica, Julián Berrendero o los hermanos Delio y Emilio Rodríguez.

El éxito fue arrollador. En 1946, los corredores con el maillot verde y el logotipo de Chicles Tabay en el pecho coparon las portadas de los diarios deportivos de toda España al ganar la prestigiosa Vuelta a Cataluña y firmar actuaciones estelares en la Vuelta a España. La marca se hizo inmensamente popular en toda la Península. Lanzaron además exitosas campañas de cromos coleccionables en álbumes deportivos que se incluían con cada compra — una estrategia que hoy reconocemos en los sobres de Panini pero que entonces era absolutamente rompedora. El furor fue tal que, en varias ocasiones, la empresa tuvo que publicar comunicados en la prensa de tirada nacional pidiendo disculpas formales por no dar abasto con los pedidos.

Mientras el chicle triunfaba en la Península, a miles de kilómetros, en los campos de Canarias, la recolección de la leche de tabaiba se había transformado en una actividad económica real, aportando un ingreso extra muy necesario a las familias rurales que recorrían los malpaíses y las costas con sus cuchillos y sus botes.

Ejemplares originales de la revista Meridiano, de tirada nacional, donde se anunciaba Tabay. Foto: Elpejeverde.com

 

El amargo final

Pero el milagro empresarial fue efímero. A finales de los cuarenta y comienzos de los cincuenta, la economía mundial comenzó a estabilizarse. Las multinacionales del chicle regresaron con fuerza al mercado europeo y llegó la verdadera estocada letal: la aparición del chicle de base sintética, derivado de polímeros artificiales y plásticos, infinitamente más barato y fácil de producir a escala industrial que el látex natural ordeñado a mano en los campos canarios.

El chicle de tabaiba no pudo competir en costes. Tabay se fue diluyendo en silencio hasta que, entrados los años cincuenta, sus máquinas se apagaron para siempre. Hoy, de aquella gesta solo quedan los ejemplares de Meridiano en las hemerotecas, los cromos de ciclistas en los mercadillos de antigüedades y las viejas tabaibas del sur de Lanzarote y otras islas, algunas aún marcadas por las viejas cicatrices de aquellos cortes.

 Momento del reel de Biologist Universidad de La Laguna

 

 ¿Un futuro con sabor a tabaiba en Lanzarote?

Llegados a este punto, en unos días de Semana Santa que invitan a la reflexión, resulta inevitable mirar a nuestro alrededor. En Lanzarote, donde la tabaiba dulce es nuestra seña de identidad vegetal y crece a sus anchas formando inmensos tabaibales en nuestras costas y malpaíses, se abre un debate apasionante.

Vivimos en pleno siglo XXI, una época donde el consumidor huye de los productos ultraprocesados y de los plásticos. El mercado actual premia lo ecológico, lo orgánico, lo artesanal, el "kilómetro cero" y, sobre todo, los productos con identidad e historia propia. El chicle comercial que compramos hoy en los supermercados es, en esencia, una goma plástica sintética. Sabiendo eso, cabe preguntarse: ¿sería factible hoy que un emprendedor lanzaroteño recogiera el testigo de Augusto Hernández?

 Momento del reel  de Biologist Universidad de La Laguna

 

 

La materia prima existe y es abundante. La sostenibilidad del proceso de extracción —siempre que se haga con respeto y control medioambiental— está demostrada por nuestros antepasados. Y la historia del producto, digna de un guion de cine, ya está escrita. Quizás solo haga falta alguien con la misma audacia de aquel ingeniero de 1945 para devolvernos el orgullo de mascar un trozo de nuestra propia tierra, adaptado a los estándares actuales.

¿Volveremos algún día a ver un chicle de tabaiba 100% conejero en los estantes? El tiempo, y el espíritu emprendedor de la isla, dirán la última palabra.

 

`` Este reportaje nació gracias a un reel publicado en Facebook por la página de divulgación científica Biologist Universidad de La Laguna (Los Realejos), un espacio dedicado a enseñar, compartir y disfrutar del mundo vegetal. Su contenido sobre la tabaiba dulce fue la chispa que encendió esta historia. Desde Elpejeverde.com, gracias. 

Alcalde de San Bartolomé

Pejeverde

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, ha remitido este domingo un artículo de opinión en el que hace una encendida defensa de los valores democráticos frente a la polarización y las noticias falsas. Bajo la premisa de que "la democracia no se hereda, se cultiva cada día", el primer edil reflexiona sobre los peligros que acechan a la convivencia ciudadana y el papel fundamental que juegan las administraciones locales como dique de contención.

En su escrito, Pérez advierte del desgaste silencioso que sufren las libertades cuando se normalizan "actitudes que antes nos habrían alarmado", señalando directamente a la irrupción de bulos en la sociedad. "Hoy asistimos a un fenómeno especialmente dañino: la manipulación deliberada de las narrativas públicas", afirma el alcalde, quien acusa a "grupos organizados de extrema derecha" de difundir falsedades y distorsionar hechos para alimentar "un clima de sospecha permanente".

Para el regidor, el objetivo de esta estrategia en redes sociales es "erosionar la confianza pública, desacreditar los avances logrados en igualdad y derechos y borrar de la memoria colectiva todo lo que en este país hemos construido gracias a políticas progresistas". En este sentido, hace un llamamiento a no permitir que el insulto sustituya al argumento ni aceptar que se "banalice la dictadura" o se "ataque la educación pública".

Frente a este escenario de crispación nacional, Isidro Pérez sitúa a los ayuntamientos como la primera línea de defensa de los derechos civiles. "La política municipal es la primera escuela de democracia", subraya en su tribuna. Según el alcalde, es en el ámbito local donde la ciudadanía comprueba de primera mano "si se gobierna con respeto, si se rinde cuentas, si se escucha, si se dialoga incluso cuando hay desacuerdo".

El texto concluye con un alegato en favor de la memoria histórica, la educación y la escucha activa como pilares de una convivencia sana. Pérez insta a rechazar prácticas que buscan "convertir la discrepancia en enemistad" y recuerda que cada derecho del que hoy disfruta la sociedad fue conquistado con esfuerzo. "La libertad no se hereda: se cultiva, se construye, se enseña y se practica. Y se defiende de quien la tergiversa o manipula", sentencia el alcalde.

 

Artículo

Domingo, 29 de marzo de 2026.  La democracia es un milagro cotidiano que a veces olvidamos. Es poder reunirnos en una plaza sin pedir permiso, debatir sin miedo, disentir sin temor a represalias.

Es saber que ninguna persona será detenida por opinar ni silenciada por pensar distinto ni castigada por ser quien es. La democracia en España es ese espacio común donde la palabra sustituye al grito, donde el respeto vence al miedo. Es igualdad de oportunidades, de derechos y la certeza de que cada persona tiene un lugar en la vida pública.

 

Y es precisamente esa libertad, tan normalizada hoy, la que debemos proteger con más fuerza que nunca.

 

Porque la democracia no se debilita de golpe. Se desgasta cuando dejamos de cuidarla. Cuando normalizamos actitudes que antes nos habrían alarmado. Cuando aceptamos que la mentira forme parte del debate público. Cuando permitimos que el insulto sustituya al argumento. Cuando dejamos que la sospecha se imponga a los hechos. Y cuando olvidamos que hubo un tiempo, una dictadura no tan lejana, en la que no podíamos elegir a quienes nos gobernaban, ni reunirnos libremente, ni expresar nuestras ideas sin miedo.

 

Hoy asistimos a un fenómeno especialmente dañino: la manipulación deliberada de las narrativas públicas. Grupos organizados de extrema derecha —a veces actuando en la sombra y otras a plena luz— difunden falsedades, distorsionan hechos y alimentan un clima de sospecha permanente. 

 

Utilizan las redes sociales para llegar a quienes no recuerdan, no vivieron o desconocen lo que significó que te priven de libertades. Y lo hacen con un objetivo claro: erosionar la confianza en las instituciones, desacreditar los avances logrados en igualdad y derechos, y borrar de la memoria colectiva todo lo que este país ha construido gracias a políticas progresistas que han ampliado libertades, reforzado los servicios públicos y garantizado derechos que antes no existían.

 

No podemos permitir que estas mentiras circulen sin freno. No podemos aceptar que se banalice la dictadura, que se ridiculice la igualdad entre mujeres y hombres, que se ataque la educación pública o que se siembre la idea de que “todo da igual”. Porque nada da igual. Cada derecho que hoy disfrutamos fue conquistado con esfuerzo, con diálogo y con valentía. Y cada retroceso empieza siempre con la indiferencia.

 

Como alcalde de San Bartolomé, creo profundamente en el trabajo diario, en la educación, en la escucha activa y en la memoria histórica como pilares de una convivencia sana. La política municipal es la primera escuela de democracia: aquí es donde la ciudadanía ve si se gobierna con respeto, si se rinde cuentas, si se escucha, si se dialoga incluso cuando hay desacuerdo. Aquí es donde demostramos que la política puede ser útil, honesta y cercana.

 

Por eso debemos rechazar con firmeza ciertas prácticas que hoy se han vuelto demasiado frecuentes: convertir la discrepancia en enemistad, deslegitimar las instituciones cuando no nos favorecen, difundir medias verdades, atacar los derechos de las mujeres o trivializar el pasado autoritario de nuestro país. Nada de eso construye. Todo eso divide.

 

La democracia española fue conquistada con esfuerzo. 

 

No podemos permitir que se diluya entre la desinformación, la crispación o la nostalgia mal entendida. La libertad no se hereda: se cultiva, se construye, se enseña y se practica. Y se defiende de quien la tergiversa o manipula. 

 

La democracia no es perfecta pero sí es el único sistema que garantiza que podamos construir un futuro mejor que nuestro pasado. Cuidarla es nuestro deber.

Natalia Santana, diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista, durante su intervención en la Comisión de Bienestar Social del Parlamento de Canarias. Foto: NC-BC

Pejeverde

La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista Natalia Santana ha denunciado ante la Comisión de Bienestar Social del Parlamento de Canarias y en presencia de la consejera del ramo, María Candelaria Delgado, el deterioro de las condiciones en el centro de atención a la discapacidad ADISLAN de Lanzarote, especialmente en su Hogar Funcional. Según Santana, las instalaciones presentan una preocupante falta de limpieza y la presencia de plagas de chinches y ratas, lo que compromete directamente la salud de las personas usuarias.

A esta situación se suma la denuncia de que la alimentación es insuficiente, afectando incluso a personas que necesitan medicarse y no están recibiendo la ingesta adecuada. "Estamos hablando de un servicio esencial que atiende a personas en situación de vulnerabilidad, y lo que estamos viendo es absolutamente inaceptable", afirmó la diputada. Santana recordó además que ADISLAN está financiado con fondos públicos a través de un convenio social con el Cabildo de Lanzarote, lo que, a su juicio, "obliga a una supervisión rigurosa y constante que claramente no se está produciendo". La diputada señaló directamente al consejero del Cabildo de Bienestar Social, Marciano Acuña, como máximo responsable de garantizar la calidad del servicio.

Las condiciones también afectan a la plantilla. NC-BC ha querido trasladar su apoyo a los trabajadores y trabajadoras del centro, destacando el "esfuerzo sobrehumano" que realizan diariamente para sostener el servicio pese a las condiciones en las que trabajan. La formación ha denunciado además la falta de personal suficiente, que obliga a profesionales como integradores e integradoras sociales a asumir tareas que no les corresponden o para las que no están preparados. Las instalaciones llegan a soportar temperaturas superiores a los 40 grados en verano, agravando aún más la situación.

NC-BC ha denunciado también lo que califica como represalias de la gerencia contra quienes manifiestan su disconformidad. Según Santana, se ha llegado a "coartar derechos fundamentales como la libertad sindical", y ha denunciado el despido de una trabajadora que tenía previsto presentarse como delegada sindical. "Supone un intento claro de impedir que los trabajadores y trabajadoras puedan organizarse y defender sus derechos", señaló.

La diputada ha solicitado a la consejera la organización de una visita al centro para comprobar de primera mano la situación denunciada. NC-BC exige una investigación urgente, la adopción inmediata de medidas correctoras y la depuración de responsabilidades. "No se puede permitir que un servicio financiado con dinero público funcione en estas condiciones ni que se vulneren derechos laborales básicos. Es una cuestión de dignidad y de responsabilidad institucional", concluyó Santana.

Patrulla de la Policía Local de Arrecife al atardecer frente al Reducto. Foto: Elpejeverde.com

S.Calleja

Hay una frase que todo funcionario aprende el primer día: cada decisión deja un rastro. Desde una licencia de obra menor hasta una multa de tráfico, la administración pública funciona sobre una premisa de hierro llamada trazabilidad. Cada acto tiene un decreto. Cada decreto tiene un firmante. Cada firmante tiene un nombre. Sin ese rastro, la gestión pública no es gestión pública: es una caja negra.

En el Ayuntamiento de Arrecife, esa caja negra existió durante diez años.

Lo que hoy investiga la Fiscalía de Las Palmas no es un error informático fortuito que alguien no supo corregir a tiempo. Es, supuestamente, una arquitectura del favor digital. Una red de accesos, claves y silencios que permitió la desaparición de más de dos mil sanciones de tráfico y dejó un agujero económico de alrededor de 600.000 euros en las arcas de la ciudad. Seiscientos mil euros que no llegaron. Multas que alguien decidió que no existían. Y nadie, al parecer, preguntó nada.

Para entender cómo fue posible que esto ocurriera durante tanto tiempo hay que mirar hacia atrás. Hacia 2016. En aquel entonces, bajo la alcaldía de José Montelongo y la posterior llegada de Eva de Anta, el departamento de Infracciones comenzó a gestionar un volumen de sanciones que, sobre el papel, debía suponer un ingreso constante para la ciudad. Durante esos años, y los posteriores bajo el mando de Ástrid Pérez, por las áreas de Hacienda, Tráfico y Policía Local han desfilado nombres como David Duarte, Inodelvia Delgado, Samuel Martín, Cristina Duque o Jacobo Lemes. A pesar de los constantes cambios de responsable, el goteo de multas anuladas sin expediente administrativo se mantuvo supuestamente inalterable. Se convirtió en una práctica que sobrevivió a legislaturas, a crisis de gobierno y a relevos de concejal. Como si hubiera encontrado la manera de ser invisible para todos.

Piensa en la última vez que pagaste una multa de tráfico en Arrecife. Quizás fue una parada indebida. Quizás un semáforo en ámbar que juzgaste mal. La pagaste porque te llegó en casa, porque sabías que no pagarla tiene consecuencias, porque así funciona el Estado de derecho. Pues bien: mientras tú pagabas religiosamente, alguien al otro lado de una pantalla — supuestamente, desde la planta noble del propio Ayuntamiento — podía hacer desaparecer la deuda de otro con un simple clic.

Sin decreto de alcaldía. Sin expediente administrativo. Sin rastro.

El análisis de los ingresos por sanciones revela algo que debería indignar a cualquier contribuyente de esta ciudad: mientras la actividad de la Policía Local en la calle se mantenía estable o incluso crecía en determinados periodos, la recaudación real sufría fugas constantes. Y los años de mayor sangría económica coincidían, según los datos de la auditoría, con los momentos de mayor inestabilidad política: los cambios de concejal, las transiciones de gobierno, los periodos en los que la guardia baja porque todos están mirando hacia arriba y nadie está mirando la pantalla.

Resulta escalofriante que, según los datos conocidos, hasta siete funcionarios diferentes tuviesen permisos de superusuario en el sistema CGI para borrar expedientes de forma definitiva. Sin necesidad de una segunda validación. Sin el visto bueno de un superior. Sin que Intervención o Tesorería exigieran el correspondiente soporte legal. En cualquier administración moderna, la segregación de funciones es sagrada: quien pone la multa no tramita, quien tramita no anula, quien anula no tiene esa potestad sin una cadena de autorizaciones. En Arrecife, ese muro no existía.

Una clave de acceso. Un ratón. Cientos de miles de euros borrados.

En este panorama de sombras, la figura de Yonathan de León aparece como el elemento que rompió la inercia. Y hay que decirlo con claridad, aunque incomode a quienes prefieren el relato simple: fue el actual alcalde quien detectó en septiembre de 2025 que algo no cuadraba en los registros, quien encargó la auditoría y quien puso todo en manos de la Fiscalía. Lejos de enterrar el problema — como habría sido tan sencillo de hacer — decidió abrirlo de par en par. Su citación como testigo es, precisamente por eso, la de alguien que destapó el melón, no de quien lo fabricó.

Lo ocurrido en Arrecife guarda paralelismos incómodos con la hemeroteca nacional. Casos como las multas borradas en Gijón en 2021 o las tramas de la Operación Enredadera en 2018 ya mostraron cómo el control de los sistemas de tráfico es el epicentro preferido para el clientelismo político. La diferencia aquí es que el rastro digital ha sido más persistente que la voluntad de ocultarlo.

Este escándalo atraviesa mandatos y siglas. Los nombres que han pasado por las áreas implicadas durante estos diez años son de procedencias políticas diversas. No es, por tanto, el problema de un partido. Es el problema de una cultura institucional donde el control fue durante demasiado tiempo un trámite decorativo.

La Fiscalía deberá determinar si los siete funcionarios actuaban por inercia, por instrucción ajena o en beneficio propio. Eso es su trabajo y hay que dejar que lo haga. Pero mientras la justicia avanza, hay una pregunta que los vecinos de Arrecife tienen todo el derecho a hacerse: ¿cuántas veces más puede una administración mirarse al espejo sin ver lo que hay detrás?

Arrecife merece una respuesta. Y merece saberla completa.