El grupo de gobierno priorizará la instalación de placas solares en cubiertas de edificios antes de ocupar suelo rústico
La fotografía aportada del presidente Oswaldo Betancort durante su intervención en el Pleno, mostrando los documentos.
Pejeverde
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha comparecido este martes en el Pleno de la Corporación a petición del Grupo Mixto (NC-FAC) y del Grupo Socialista. El objetivo de la sesión ha sido dar cuenta del estado del acuerdo sobre las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) y detallar las acciones previstas por el grupo de gobierno frente a la especulación energética. Durante su intervención, Betancort centró su discurso en la defensa de la capacidad de decisión de la institución insular, asegurando que el desarrollo energético no se definirá al margen de la planificación territorial de Lanzarote.
En relación a la controversia generada por los mapas de las ZAR, el presidente explicó que el Cabildo ya ha activado la comisión técnico-política prevista en el protocolo firmado con el Gobierno de Canarias. En este espacio de trabajo se está abordando actualmente la revisión y corrección de los errores detectados en las delimitaciones cartográficas para introducir criterios ajustados a la realidad insular. Asimismo, Betancort insistió en que la figura de las ZAR no supone una autorización automática para la instalación de infraestructuras, recordando que todos los proyectos deberán someterse a la correspondiente evaluación ambiental y que la normativa autonómica no permite la expropiación de suelo para este tipo de iniciativas.
Durante su comparecencia, el dirigente expuso los datos operativos actuales frente a lo que calificó como una situación de déficit estructural heredada en 2023. Según las cifras aportadas por el Cabildo, en la actualidad el 100% de los parques eólicos públicos están operativos, sumando una potencia instalada de 40,7 MW. Esto ha permitido que la producción renovable alcance picos del 40% del consumo energético de la isla. Además, destacó el desbloqueo del parque eólico de San Bartolomé, que cuenta con una inversión superior a los 12 millones de euros y capacidad para abastecer a unas 5.000 viviendas.
En cuanto al modelo de implantación territorial, Betancort estableció un orden de prioridades claro. El Cabildo aboga por utilizar en primer lugar las cubiertas de edificios públicos y privados, seguido de los espacios ya transformados por la actividad humana. La ocupación de suelo rústico para instalaciones energéticas quedaría relegada exclusivamente como última opción.
Por último, el presidente defendió la necesidad de mantener una intervención pública activa en el desarrollo de los proyectos de energías renovables. El objetivo de esta postura, según indicó en la sesión plenaria, es evitar que el despliegue energético se convierta en un negocio exclusivo de operadores privados y garantizar que el impacto económico de estas instalaciones se quede en la isla y beneficie a la ciudadanía local.