Madrid o Lanzarote: la réplica de CC que arrincona a la líder del PSOE
Foto. Archivo. 2023
Pejeverde
El choque entre PSOE y Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote ya no es una disputa de agenda: es una pelea por el altavoz. María Dolores Corujo, diputada en el Congreso y secretaria insular del PSOE, registró una denuncia en la Secretaría del Cabildo contra el presidente, Oswaldo Betancort. Sostiene que incumple de forma reiterada el acuerdo de la Junta de Portavoces —aprobado por unanimidad el 11 de julio de 2023— que fija los plenos ordinarios el último viernes de cada mes a las 09.00. Corujo habla de “cobardía política”, acusa a Betancort de usar la institución “como si fuera de su propiedad” y de forzar cambios de fecha que coinciden con su actividad en Madrid, impidiéndole asistir. Remite al artículo 72.3 del Reglamento Orgánico y al 46 de la Ley de Bases, y advierte de una vulneración del derecho de participación del artículo 23 de la Constitución.
La respuesta de Coalición Canaria fue inmediata y a degüello. El secretario insular, Pedro San Ginés, calificó la denuncia de Corujo de “deshonestidad y desvergüenza política”. Aporta su propia hemeroteca: afirma que, siendo presidenta, Corujo “dejó sin celebrar, al menos, más de una decena de plenos ordinarios” y que entre junio de 2019 y abril de 2022 “sólo cinco plenos” se celebraron en la fecha que marca el Reglamento (último viernes de mes). Añade otra pieza: en cuatro años, dice, sólo convocó un Debate del Estado de la Isla, incumpliendo la obligación anual. Y remacha con el capítulo del tránsfuga: “gobernó en minoría con el apoyo de Juan Manuel Sosa, al que compraron con fondos públicos”, asunto sobre el que anuncia que CC se reserva acciones legales tras la “hipócrita denuncia”.
Samuel Martín, portavoz nacionalista, introduce un matiz práctico: la doble condición parlamentaria. Recuerda que Betancort también es diputado y defiende que los plenos se ajusten a su agenda por ostentar la presidencia insular. Y lanza una invitación con filo: que Corujo elija “Madrid o Lanzarote”.
El PSOE, por su parte, mantiene la línea jurídica. Exige el cumplimiento inmediato del calendario aprobado, con audiencia a la Junta de Portavoces para cualquier cambio. Insiste en que la “maniobra” invisibiliza a un grupo con la misma representación que el de gobierno y avisa: si no se corrige, “tomarán otras medidas”.
El intercambio deja a Corujo en el centro del escaparate: lo que denuncia hoy, CC se lo devuelve con su gestión de ayer. La disputa ya no es sobre un “simple cambio de fecha”, como dicen los nacionalistas, sino sobre la autoridad de quien fija el reloj y la coherencia de quien lo impugna. Entre el recurso a los artículos y el inventario de incumplimientos, la política insular vuelve a medirse en el terreno que más desgasta: el reglamento como arma y la hemeroteca como testigo.