Funcionario de Arrecife denuncia grave conflicto de intereses en la Policía Local
S. Calleja
En las oficinas del Ayuntamiento de Arrecife, la mañana de este 11 de diciembre de 2023, un documento era registrado. El expediente número 2023-E-RC-19862 no parecía un mero trámite administrativo; se trata de un posible "grito" hacia la justicia y la ética en la gestión pública. Narciso Ramón Pérez González, un interesado y veterano funcionario -policía local- ya retirado del ayuntamiento, presentaba un escrito que pretende llamar la atención de la administración local.
El escrito de González, detallado y preciso, señalaba una situación de supuesta incompatibilidad en el ejercicio de un cargo público. Según el mismo, el oficial de la Policía Local de Arrecife, Miguel Ángel Rodríguez García, ha estado ejerciendo simultáneamente la abogacía, compartiendo oficina con un empleado del Cabildo Insular de Lanzarote. Esta dualidad de roles levantaba serias preguntas sobre la imparcialidad y la independencia exigidas por la ley.
González, armado con la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y otros reglamentos relevantes, argumentaba que este tipo de actividades paralelas, especialmente cuando están vinculadas a la administración pública, son incompatibles y pueden comprometer la integridad del servicio público. La situación de Rodríguez García, según González, no solo violaba la normativa de incompatibilidad, sino que también representaba un conflicto de interés grave.
Lo más alarmante según el documento, es que Rodríguez García no había solicitado la compatibilidad requerida para ejercer actividades privadas, un procedimiento obligatorio y transparente. Esta omisión podría poner en tela de juicio la legitimidad de sus acciones y abría un abismo de posibles irregularidades administrativas.
González, solicita con vehemencia la incoación de un expediente disciplinario contra Rodríguez García. Su petición no era frívola; estaba respaldada por una investigación meticulosa y un conocimiento profundo de la ley y los procedimientos administrativos.
Esta situación en el Ayuntamiento de Arrecife es un recordatorio de la constante batalla entre la integridad y la tentación en la administración pública.
Narciso Pérez: Una trayectoria marcada por la controversia y la justicia Institucional
La absolución de Pérez en el caso de los correos electrónicos del Ayuntamiento no es solo un giro en su historia personal, sino también un recordatorio de las sombras que han rodeado a la administración local en la era posoperación Unión. Este caso, emblemático por su naturaleza y por las figuras involucradas —incluyendo al abogado Agustín Domingo Acosta, el exsecretario Francisco Javier López, entre otros —, destapó una red de información sensible sobre temas urbanísticos, sumergiendo a Pérez en un vórtice de acusaciones y litigios judiciales.
La historia de Pérez es una de perseverancia ante una justicia cuestionable. Tras una absolución inicial en 2018, se enfrentó a una apelación que parecía perpetuar su calvario legal. Sin embargo, la Audiencia Provincial, en un acto de reivindicación, revocó la condena previa, liberándolo de una potencial pena de prisión, inhabilitación y multa. Esta decisión no solo limpió su nombre, sino que también puso en relieve las irregularidades y el tratamiento injusto que había sufrido.
Pérez, en su lucha, siempre insistió en la gravedad de los correos y en la existencia de más información oculta. Su caso, marcado por la ironía de ser acusado mientras denunciaba la corrupción, destaca por la falta de investigación profunda en el contenido de los correos y su origen. La resolución judicial que exonera a Pérez de los costes legales también subraya la ausencia de pruebas sobre la obtención ilícita de los correos.
En su defensa, Pérez desafió la condena inicial, destacando errores en la valoración de las pruebas y defendiendo la presunción de inocencia. La Audiencia Provincial, al examinar el caso, determinó que los correos no vulneraban la intimidad personal, sino que se centraban en asuntos de índole pública, desmontando la acusación de revelación de secretos.