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El Ayuntamiento decretó este martes la resolución del contrato administrativo del proyecto de ejecución del Pabellón Deportivo de Playa Blanca y notificó dicho acto a la entidad administrativa concursal, Tecea Assurance S.L.P, de la empresa adjudicataria Levantina Ingeniería y Construcción S.L, que entró en concurso de acreedores el verano pasado, según confirmó el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia, dejando inacabadas sus obligaciones.

El alcalde, Óscar Noda, informa que “hemos dado todos los pasos técnicos y jurídicos en este engorroso camino para zanjar el contrato con la entidad concursal y poder redactar el pliego, licitar las obras pendientes y finalizar el proyecto”.

El Ayuntamiento encargó una memoria valorada para detallar uno a uno los trabajos por ejecutar, que en un primer informe determina, por un lado, la comprobación y certificación de todas las instalaciones interiores, tales como instalaciones eléctricas, de aire acondicionado, sistemas de piscinas, grupo electrógeno, telecomunicaciones, fontanería y saneamiento, y por otro, la conclusión de obras en la zona exterior del edificio dedicada al esparcimiento.

El primer objetivo del Ayuntamiento desde que trazó la hoja de ruta para recuperar y finalizar la obra fue ordenar el peritaje del estado actual del proyecto con la finalidad de asumir los trabajos pendientes y poner la instalación al servicio ciudadano. “Nos encontramos con una empresa que dejó la obra a medio hacer, que entró en concurso de acreedores y nos ha tocado, como otras administraciones públicas españolas, buscar una solución viable cumpliendo la legalidad”.

El Ayuntamiento reconoce el abono de 520.000 euros en concepto de liquidación sin que proceda la incautación de la garantía definitiva hasta que no se declare judicialmente la culpabilidad del concurso. El informe de los servicios de Intervención del Ayuntamiento fiscaliza favorablemente el expediente de resolución del contrato, así como su pronunciamiento acerca de la incautación de la garantía.

La empresa ha pedido una revisión de precios de 112.000 euros, pero Yaiza entiende que no es una alegación al expediente en cuestión y opta por analizar esta solicitud en otro expediente para proceder a aprobar o desestimar dicha petición.

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El caso es clarísimo: vuelo no autorizado en espacio aéreo restringido, a menos de dos kilómetros de la cabecera, y maniobras sobre personas. Da igual que el aparato pese 249 gramos o que se trate de un modelo “de aficionado”: las limitaciones cerca de un aeropuerto no dependen del peso, sino del lugar y del tipo de operación. En el entorno de un aeródromo rige la prioridad absoluta de la seguridad aérea. Aquí, el margen de error es cero.

En Lanzarote ya sabemos —porque lo hemos vivido— que un dron mal operado puede alterar la operativa de Guacimeta: esperas en circuito, desvíos, demoras en cadena y decenas de pasajeros afectados sin haber hecho nada mal. La isla se juega su pulso diario en esa pista. Un vuelo irresponsable a baja altura en la playa, un artilugio cruzándose en trayectoria de aproximación o el simple despegue dentro del CTR o del ATZ sin autorización bastan para detener una programación entera.

El marco legal no deja resquicios. Volar drones en las proximidades de un aeropuerto está prohibido salvo autorización expresa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la coordinación correspondiente. Las operaciones en espacio controlado sin permiso, o que vulneren las servidumbres aeronáuticas, son infracciones muy graves con sanciones que pueden oscilar entre 90.001 y 225.000 euros, además de las responsabilidades por el riesgo creado o los daños ocasionados. También hay infracciones graves y leves con cuantías menores, pero ninguna sale barata si se pone en peligro una aproximación o un despegue.

La moraleja para quien vuele en Lanzarote es sencilla. Si estás cerca de Guacimeta, no despegues. Si tienes dudas, no despegues. Consulta las zonas geográficas UAS, confirma si tu operación encaja en la normativa europea vigente, registra al operador, forma al piloto a distancia y vuela siempre en línea de visión y con altura y distancias legales. Y recuerda: que tu dron sea pequeño no te exime de respetar el espacio aéreo. La Guardia Civil vigila y actúa; la seguridad de los pasajeros y tripulaciones va primero.

La afición responsable es compatible con la isla. Lo que no cabe es jugar a la ruleta rusa con la pista. En Lanzarote, un descuido con un dron no es una travesura: es un riesgo real y un problema caro.

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Entre trámites y vetos cruzados, la Mesa del Congreso ha tumbado la enmienda que abría una vía de financiación extraordinaria para cubrir las bonificaciones del 75% a residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. El Senado había logrado introducir un crédito de 1.200 millones; en el Congreso se plantearon 1.000. Nada de eso saldrá adelante ahora. La ley seguirá su curso sin esa partida y el dinero que las aerolíneas adelantan a los residentes seguirá a la espera de reembolso suficiente.

La patronal del sector ha expresado su “profunda decepción” y advierte de “asfixia” financiera si no se corrige el desfase. El origen está en unas cuentas de 2023 prorrogadas que no cubren el ritmo real de gasto. El Gobierno mantiene que bastan 319 millones adicionales; el PP defiende que hacen falta al menos 1.200. La previsión del sector es que, sin medidas, la deuda acumulada por adelantar el descuento supere los 1.000 millones a finales de 2025.

Para el residente de Lanzarote el descuento sigue aplicándose en el momento de la compra: el 75% aparece en el billete. El problema está detrás del mostrador. Si el reembolso público no llega a tiempo, la tensión de caja se queda en las compañías que operan nuestras rutas. ¿Riesgos si se alarga? Ajustes de oferta, cambios en frecuencias o mayor volatilidad de precios en temporada alta. Hoy no hay anuncios en ese sentido, pero la incertidumbre es una mala compañera de la planificación.

Lanzarote depende de la doble columna vertebral del tráfico aéreo: los enlaces interinsulares diarios (imprescindibles para salud, estudios y trabajo) y los puentes con la Península (Madrid, Barcelona, Sevilla y otros). Cualquier retraso prolongado en los reembolsos erosiona la capacidad de programar con holgura los meses de otoño e invierno. La conectividad no se defiende con discursos: se defiende con partidas que llegan a tiempo y cierran el circuito del descuento sin estrangular a quien lo adelanta.

A efectos prácticos para el vecino: conviene reservar con antelación, comparar horarios y condiciones de cambio, y estar atento a la publicación de los programas de invierno. El Archipiélago ha aprendido que la estabilidad financiera de las bonificaciones es casi tan importante como la norma que las consagra. Si las cuentas no cuadran, el coste se termina notando en la programación y, tarde o temprano, en el bolsillo.

La conclusión es simple: el descuento es ley, pero necesita combustible presupuestario. Si no se abre una solución inmediata, la presión no la pagará un “ente abstracto”, sino quienes mantienen abiertas las rutas que sostienen la vida cotidiana de una isla. Lanzarote no puede permitirse jitter en su pulso aéreo.