Foto aérea de Playa Blanca. Elpejeverde.com

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El Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote ha denegado la autorización turística a un proyecto hotelero en Playa Blanca. La decisión se apoya en el informe desfavorable y vinculante del Ayuntamiento de Yaiza, que fija que el suelo afectado es de uso residencial unifamiliar y no turístico.

El expediente, tramitado por el Departamento de Ordenación Turística, recoge que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y del Tribunal Supremo anularon parcialmente el Plan General Supletorio de Yaiza en la franja litoral. Con esa anulación se reactiva el plan parcial “Montaña Roja” (1979), que permite viviendas unifamiliares o bungalows, pero no hoteles. Con ese marco, Yaiza informó en contra y el Cabildo tuvo que rechazar la actividad.

El presidente, Oswaldo Betancort, defendió la resolución: “La Institución insular está comprometida con la seguridad jurídica y con un modelo territorial responsable”. Añadió que la cuestión no es “estar a favor o en contra de proyectos concretos”, sino asegurar que cualquier desarrollo respete la normativa, el planeamiento vigente y la capacidad de carga del territorio. “Lanzarote debe crecer con orden, con transparencia y con respeto a nuestro entorno”, subrayó. Según Betancort, decisiones así “permiten actuar con reglas claras, evitando situaciones irregulares que en el pasado han generado conflictos legales y problemas urbanísticos”.

El consejero de Política Territorial, Jesús Machín, recordó que el informe municipal es vinculante en virtud de la normativa turística y de actividades clasificadas. “Este suelo está ordenado para viviendas unifamiliares y no para uso hotelero, y así lo han confirmado tanto el planeamiento como las sentencias judiciales. Nuestra responsabilidad es velar por el cumplimiento del territorio y evitar desarrollos que no se ajusten a la ley”, dijo.

Machín situó la decisión en una línea de trabajo más amplia: actualización de instrumentos de planeamiento —PIOT y planes especiales de espacios naturales— para dar “claridad, seguridad y equilibrio” entre desarrollo y protección ambiental.

La consecuencia inmediata es clara: el hotel proyectado no podrá tramitar autorización turística en ese ámbito mientras rija el ordenamiento vigente. El promotor, si lo desea, solo podría amoldarse a los usos permitidos o esperar a un cambio normativo que hoy no está aprobado.

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Unidos por Yaiza (UPY) responde a las críticas de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) sobre la devolución de fondos vinculados a los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE). El portavoz municipalista, Daniel Medina, niega que el Ayuntamiento sea responsable del desenlace y atribuye el problema a un cambio normativo laboral vigente desde el 1 de enero.

Medina recuerda que el consistorio ya informó en agosto “de manera pública” de la situación. Según UPY, la nueva regulación impide contratar durante los once meses que requieren los tres proyectos formativos presentados por Yaiza. El aviso, sostiene, se trasladó “oportunamente” al Servicio Canario de Empleo (SCE).

“El Gobierno de Canarias lo controlan CC y PP, y es ese Gobierno el que no ha dado una alternativa viable, no solo a Yaiza, sino a todos los ayuntamientos que hemos tenido que devolver el dinero de los PFAE”, afirma Medina. “Los cursos duran once meses y la legislación solo permite contratar a profesores y administrativos por seis”.

UPY sostiene que, con la normativa vigente, las administraciones que gestionan PFAE tendrían que acudir a fórmulas de contratación indefinida, fija discontinua o temporal por circunstancias de la producción con un tope de seis meses. A juicio del partido municipalista, ese marco “no es aplicable” a cabildos o ayuntamientos. Añade que ya existen sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra corporaciones locales por abuso de la temporalidad en casos relacionados con PFAE. UPY no detalla resoluciones concretas, pero las cita como aviso de riesgo jurídico.

La formación local acusa a la oposición de alimentar un relato impreciso. “Las notas de prensa de la oposición vienen siendo un ‘cc y pp’, un copia y pega de un tándem instalado en la desinformación y medias verdades”, sostiene Medina. Asegura que el debate no es político, sino técnico-laboral, y que afecta “a todos los municipios canarios”.

El Ayuntamiento de Yaiza ejecutó el pasado año tres PFAE —Ayuda a Domicilio, Jardinería y Dinamización Social— con formación teórica y práctica a lo largo de once meses. La continuidad de esos itinerarios chocó, según UPY, con el nuevo marco de contratación. “Esto lo explicó el alcalde, Óscar Noda, en agosto, tras la reunión de julio con el Servicio Canario de Empleo, donde advirtió que las administraciones no disponían de una figura contractual aplicable para ejecutar los proyectos”, recuerda el portavoz.

UPY insiste en que no ha habido ocultación. Reivindica la nota informativa publicada en agosto y las comunicaciones con el SCE. Exige a CC y PP “rigor” y “una solución normativa” que permita encajar la duración de los PFAE con un modelo de contratación legal en el sector público local.

Entre tanto, el consistorio defiende que la devolución de fondos fue una medida de prudencia para evitar responsabilidades futuras por contratación irregular. La oposición mantiene que el Ayuntamiento es responsable del desenlace. UPY replica que el margen de maniobra municipal estuvo condicionado por la normativa autonómica y estatal y por los criterios de contratación pública.

El cruce de reproches deja en el aire si habrá una vía reglada que permita reactivar los PFAE en Yaiza con la duración completa prevista. UPY coloca la pelota en el tejado del Gobierno autonómico; CC y PP, en el del Ayuntamiento. La solución, hoy, sigue pendiente.

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En Arrecife, la prevención entra por la puerta del aula. La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento, dirigida por Maite Corujo, inicia este martes 21 la campaña “Prevención de Tecnoadicciones” en los institutos de la capital con un objetivo sencillo de decir y difícil de ejecutar: enseñar a usar el móvil y las pantallas sin que el móvil y las pantallas nos usen a nosotros. “Nuestro objetivo es ofrecer pautas que contribuyan al uso saludable de las redes sociales y videojuegos y evitar los riesgos asociados a las nuevas tecnologías como los de índole sexual o el ciberacoso, así como prevenir la adicción a las apuestas deportivas y juegos de azar”, resume Corujo.

El plan llegará hasta final de mes a los IES Agustín Espinosa, Las Salinas, Altavista, César Manrique, Blas Cabrera Felipe y Las Maretas, además del CEO de Argana. El formato es práctico: dos talleres para alumnado de 3º y 4º de ESO. En el primero, se aterriza el uso saludable del móvil a partir de lo que ya ocurre en los pasillos: redes sociales, videojuegos y esa sensación de estar “siempre conectados”. Se aportan herramientas para prevenir y detectar el ciberbullying (acoso a través de Internet y redes), el grooming (engaño de adultos a menores para abusar), el sexting (envío o recepción de contenido sexual), la sextorsión (chantaje con material íntimo) o el phubbing (ignorar a quien está delante por mirar el móvil). La idea, trasladan los formadores, es que el alumnado aprenda a identificar señales, ponga límites y sepa a quién acudir si algo se tuerce.

El segundo taller baja al barro de un fenómeno que ya no es marginal: las apuestas deportivas y otros juegos de azar, presenciales y online. Se explican los mecanismos del juego —ruleta, combinadas, “bonos de bienvenida”—, la ilusión de control y el enganche por refuerzos. Y, sobre todo, se trabaja en hábitos de protección: establecer límites, entender los riesgos y pedir ayuda a tiempo. “Se trata de formar criterio y evitar que el ocio digital derive en problemas de salud, de convivencia o de dinero”, insiste la concejala.

La campaña nace con vocación preventiva y un mensaje claro a la comunidad educativa de la capital lanzaroteña: hablar de tecnología en clase no es demonizarla, es aprender a convivir con ella. Arrecife pone los talleres; el reto, como casi siempre, se juega en casa y en el patio del instituto.

Director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya y Yone Caraballo el pasado viernes 

S. Calleja

Existen límites que son fundamentales en cualquier debate parlamentario y lamentablemente fueron traspasados de manera vergonzosa el viernes pasado. No se trató de un malentendido puntual ni de un comentario desafortunado aislado, sino de una decisión deliberada de utilizar información personal en un contexto inapropiado. El director del SCS, Adasat Goya, abrió la puerta a esta dinámica con una declaración reveladora: "me parece recordar que usted ocupaba un cargo de gestión y sus colegas lo critican por haber dejado ese puesto". Ante la solicitud del diputado de corregir la información incorrecta, el deber ético era rectificar. En lugar de eso, el responsable de Sanidad continuó profundizando: "según tengo entendido, usted se ausentó por motivos de salud, específicamente por asma". En este punto, la discusión política quedó invalidada al hacer referencia directa a la salud de una persona en un contexto parlamentario, un ámbito que debería mantenerse al margen por respeto a todos, independientemente de las circunstancias. El presidente de la comisión tuvo que recordar lo básico y universalmente conocido: "existe una norma no escrita, llamada altura política, que dicta que los asuntos personales se mantienen en privado".

Caraballo respondió desde la esfera íntima que se ve afectada cuando es vulnerada: "actualmente estoy recibiendo ayuda psicológica debido a los traumas que he sufrido durante la pandemia"; "en enero de 2021, vestía un pijama blanco en el área de triaje, dentro de una carpa donde las cucarachas se paseaban y donde llegaba una ambulancia cada cinco minutos". Estas no son meras palabras, sino recuerdos de experiencias reales. Es necesario reiterar lo evidente para aquellos que se resisten a comprenderlo: la política se trata de cifras, plazos, contratos, listas de espera y soluciones, no de escarbar en la vida privada de un oponente para desviar la atención de cifras negativas. La excusa común de "solo estoy repitiendo lo que escuché" no justifica el comportamiento. Un funcionario de alto rango que no distingue entre lo aceptable y lo inaceptable no es un líder político astuto; representa un riesgo para la salud de la democracia. También es frecuente escuchar el argumento del "interés público". El verdadero interés público radica en explicar el crecimiento de las listas de espera, la escasez de personal en Atención Primaria y la continua necesidad de solicitar derivaciones para la isla. El interés público no incluye exponer la vida personal de nadie, ya sea un diputado o cualquier otra persona, con el fin de obtener ventaja en un debate público. Eso no es política, sino un comportamiento despreciable.

Me imagino en la situación de Caraballo y habría reaccionado de la misma manera: con indignación y marcando límites. Cuando la esfera íntima es violada públicamente, no se debate, se defiende. Esta defensa no solo es en beneficio propio, sino que también protege la norma que podría ser la salvación del adversario en el futuro. Es crucial afirmar con firmeza: hoy atacan a Caraballo, mañana podrían atacar a cualquier otro que represente un obstáculo para ellos. Si permitimos que esta conducta se normalice, se abrirán expedientes personales sin ningún reparo, convirtiendo cada sesión en un espectáculo de vidas privadas expuestas. ¿Es ese el ejemplo que queremos transmitir a aquellos que aún confían en la política como un servicio público? ¿Es este el mensaje que queremos enviar a los profesionales de la sanidad que se esfuerzan en la isla mientras otros utilizan la enfermedad ajena como arma arrojadiza en su guerra cultural? Un director del SCS tiene la responsabilidad de mantener la integridad cuando la discusión se intensifica, no de destruir la barrera de la privacidad. A partir de ese punto, la solución es tan evidente como la línea ética que fue cruzada.