Lanzarote, terreno de prueba: Las consecuencias de las políticas de vivienda de BILDU y PSOE
Foto. La verdad de Lanzarote
S. Calleja
El anuncio del Gobierno de prorrogar la suspensión de desahucios para personas vulnerables durante todo 2024, así como la prohibición de cortes de suministros básicos y la ampliación de la tarifa regulada TUR4, ha reavivado el debate sobre la protección de los derechos de los inquilinos versus los derechos de los propietarios. Aunque esta medida, anunciada por Bildu y confirmada por el Ejecutivo de coalición, parece una respuesta humanitaria ante una crisis habitacional, su implementación plantea serias dudas sobre su equidad y efectividad.
En primer lugar, definir qué constituye una "persona vulnerable" resulta complejo y, a menudo, subjetivo. La ley intenta delinear ciertos parámetros, pero en la práctica, estos pueden ser manipulados o malinterpretados, dejando a los propietarios en una posición precaria. La situación de Dolores María Campos en Lanzarote ilustra perfectamente este punto. A pesar de contar con dos sentencias judiciales a su favor, Campos se ha visto impedida de recuperar su propiedad debido a la paralización de desahucios. Su caso es desgarrador: tras dejar su hogar en manos de una "amiga" durante un breve viaje, se encontró con que esta había usurpado su vivienda, transformándose en "okupa".
Mientras el Gobierno celebra su política de protección a los vulnerables, casos como el de Campos resaltan un fallo crítico en el sistema: el abuso de la ley por parte de quienes se declaran falsamente como vulnerables para evadir responsabilidades legales y morales. En la isla de Lanzarote, y en muchas otras regiones, propietarios desesperados se enfrentan a una legislación que, si bien nace de buenas intenciones, en la práctica resulta injusta y, en ocasiones, contraproducente.
La prórroga de estas medidas, aunque busca salvaguardar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, podría generar una situación insostenible para muchos propietarios que, al no poder ejercer sus derechos, se ven sumidos en problemas financieros y legales. Esto, a su vez, podría desincentivar la inversión en el sector inmobiliario y reducir aún más la oferta de viviendas en alquiler, exacerbando la crisis habitacional que el Gobierno busca mitigar.
Es fundamental buscar un equilibrio que proteja tanto a los inquilinos vulnerables como a los propietarios. La legislación debe ser clara, justa y aplicable de manera equitativa, para evitar situaciones de abuso y garantizar que los derechos de todas las partes sean respetados.