Política de demolición de Corujo Fracasa: TSJC avanza con legalización de Hotel Papagayo

S.Calleja

En un giro de eventos que parece más una obra de justicia poética que de mera legalidad, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido un fallo que marca un punto de inflexión en la gestión política en Lanzarote. La decisión, que obliga a proseguir con el expediente de legalización del Hotel Papagayo en Playa Blanca, no es solo una victoria para el sector hotelero de la isla, sino también un reflejo de las profundas fallas en la política de la administración de Dolores Corujo, ex presidenta del Cabildo y secretaria general del PSOE en Lanzarote.

Bajo el liderazgo de Corujo, se emprendió una campaña que, si bien enarbolaba la bandera de la legalidad y el respeto al ordenamiento territorial, en la práctica parecía más inclinada hacia una política de demolición. El objetivo de derribar el Hotel Papagayo, bajo la premisa de la ilegalidad de su construcción, se convirtió en una especie de cruzada personal, en la que las consideraciones políticas parecían pesar más que las jurídicas o las sociales.

La decisión del TSJC ha venido a desnudar esta estrategia, dejando en evidencia no solo su fracaso, sino también su posible inadecuación. Por un lado, el fallo judicial subraya la necesidad de resolver las cuestiones de legalidad de los establecimientos hoteleros de la isla de una manera que sea justa y equitativa, tanto para los empresarios como para la comunidad. Por otro lado, pone de manifiesto la tendencia de la administración de Corujo a utilizar el poder político para fines que, a ojos de muchos, rayan en lo personal y lo partidista.

No se puede negar que la regularización de los hoteles en Lanzarote es una cuestión compleja, que requiere un delicado equilibrio entre la protección del medio ambiente, la legalidad urbanística y el desarrollo económico. Sin embargo, lo que el fallo del TSJC revela es que la aproximación de Corujo a este dilema no ha sido la más acertada. En lugar de buscar soluciones constructivas y consensuadas, su administración optó por una política de obstrucción y litigio, que ahora se ve cuestionada.

La lección que emerge de este episodio es clara: la política basada en la confrontación y el desdén por el diálogo y el consenso no solo es contraproducente, sino que también es susceptible de ser revocada en los tribunales. El caso del Hotel Papagayo no es solo un varapalo para la administración de Corujo, sino también una advertencia para cualquier gestión política que prefiera la fuerza bruta del poder sobre el arte de la negociación y la búsqueda de soluciones equitativas.

Al final del día, la política debería ser un ejercicio de equilibrio, donde se ponderan cuidadosamente las necesidades y derechos de todas las partes involucradas. En el caso del Hotel Papagayo, y por extensión, en la gestión de Corujo, este equilibrio parece haberse perdido, dejando una lección importante para el futuro político de Lanzarote y, tal vez, para la política en general.