Turismo vs. residencia: Lanzarote busca equilibrio frente a la expansión de alquileres vacacionales

PJ

Desde el archipiélago canario se ha podido escuchar el latido irregular de una economía que baila al son del turismo y cuyo compás, últimamente, parece acelerarse de manera preocupante en algunas de sus islas. En respuesta a esta inquietante sinfonía, el Gobierno de Canarias ha planteado una suerte de pausa en el ritmo frenético del alquiler vacacional, especialmente en aquellas zonas ya saturadas por un fenómeno conocido como turistificación.

La propuesta, bautizada como 'moratoria', surge como una medida de 'crecimiento cero' para las viviendas de uso turístico en localidades donde el espectro de la gentrificación se asoma con mayor riesgo. Esta medida apunta a frenar la transformación de viviendas residenciales en turísticas, fenómeno que ha contribuido no solo a la inflación de precios en el alquiler tradicional sino también a una preocupante alteración del tejido social y económico de ciertas áreas.

La sesión informativa celebrada en Gran Canaria ha arrojado luz sobre la consulta pública previa a la legislación que buscará poner coto a una situación que ha visto cómo en solo nueve meses, el número de viviendas destinadas a uso turístico se incrementa en más de cuatro mil unidades . La preocupación se incrementa al considerar que Canarias ocupa el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a la proporción de este tipo de viviendas respecto al parque inmobiliario total.

Sin embargo, la medida no se plantea como un freno absoluto, sino como una regulación sensible a las necesidades y características de cada territorio. Así, mientras en unos núcleos se buscará una restricción, en otros, especialmente aquellos con peligro de despoblación o zonas cercanas a enclaves turísticos aún no saturados, se podría fomentar esta actividad.

Esta regulación viene a ser una respuesta a una problemática compleja que enfrenta muchas regiones con fuerte atractivo turístico: cómo balancear las ventajas económicas que este trae, con la preservación de la calidad de vida de los residentes y la sostenibilidad a largo plazo de sus ciudades y pueblos.

En Lanzarote, como un microcosmos de esta realidad canaria, son cientos las familias cuya subsistencia económica depende directamente del ingreso proveniente del alquiler vacacional. Por fin, la propuesta gubernamental es recibida con una mezcla de comprensión hacia la necesidad de un control, pero también con una ansiedad palpable sobre el futuro inmediato de su sustento.

En un panorama donde la consejera de Turismo critica las 'tergiversaciones' y ciertas asociaciones se alzan como voces disidentes, la iniciativa del Gobierno canario abre un período de reflexión y diálogo social. La consulta, que se extenderá hasta finales de noviembre, busca incorporar las voces de los ciudadanos en una regulación que podría redefinir el modelo turístico y residencial de Canarias.

En el debate se subyace la esencial búsqueda de un equilibrio entre la prosperidad económica que el turismo puede brindar y la preservación de la identidad y cohesión de las comunidades locales. Mientras tanto, el horizonte canario permanece expectante ante el despliegue de una legislación que, en el intento de frenar una tendencia desbordante, podría marcar el comienzo de una nueva era en la gestión de su paradisíaco pero frágil ecosistema social y económico.