CC exige que no se convoque el Pleno de Honores y Distinciones sin el informe jurídico solicitado al secretario

El Grupo Nacionalista en el
Cabildo de Lanzarote (CC-PNC) exige que no se convoque el Pleno de
Honores y Distinciones sin el informe jurídico solicitado, para despejar
el posible incumplimiento del Reglamento que regula el otorgamiento
de los citados reconocimientos.
Dicho informe, que ya fue solicitado hace más de dos meses, cuando
la Comisión de Honores y Distinciones adoptó los acuerdos y su
elaboración dependía entonces de la voluntad que no ha tenido la
presidenta, Mª Dolores Corujo, ahora resulta obligatorio por cuanto lo
han solicitado CC y PP, que suponen más de 1/3 de los consejeros. De
ahí la exigencia.
Un informe jurídico aclaratorio que sirva para despejar todas las
dudas suscitadas en todo este proceso y que debería ser elaborado y
entregado a todos los grupos políticos, con carácter previo a la
convocatoria y, por supuesto, a la celebración de la sesión plenaria en
la que habrían de ser adoptados los acuerdos que oficialicen la
concesión de Honores y Distinciones de la Corporación.
De no ser así, el gobierno podría abocar al Cabildo a adoptar un
acuerdo nulo a sabiendas de que contraviene las propias normas de
aplicación de que se ha dotado, con lo que ello supondría.

Y es que, hay que recordar que los honores de hijo predilecto y
adoptivo, que precisan del voto favorable de dos tercios (15,3) de los
miembros de la comisión para su elevación a pleno, no contó en la
Comisión con la mayoría suficiente establecida en el citado
Reglamento (16) para dicha elevación, que podría por tanto ser nula.
Sin embargo, los nacionalistas afirman que esto sería subsanable con
la convocatoria de una nueva Comisión, por cuanto realmente
comparten las propuestas de estos honores.
Lo que no sería subsanable es que se otorgue un premio destinado a
entidades sin ánimo de lucro que contribuyan al bienestar social, a
una sociedad empresarial con evidente ánimo de lucro.
Realizada y conocida la advertencia de posible ilegalidad, el Grupo
Nacionalista entiende que es obligación de la presidenta atender a las
dudas más que razonables planteadas, y en todo caso ya era deber
del secretario general del Pleno, realizar la advertencia a los
miembros de dicho órgano con carácter previo a la adopción de los
acuerdos, salvo que considerase que los mismos sí que cumplen con
el Reglamento de Honores y Distinciones; deber que ahora se
convierte en obligación reglamentaria, sin necesidad de que lo
autorice la presidenta una vez que lo ha solicitado más de un tercio
de los miembros del Pleno.
Máxime, cuando en la Junta de Portavoces, celebrada ayer martes, la
secretaria de la misma y secretaria a su vez de la Comisión de
Honores y Distinciones confirmó que ni siquiera en dicha Comisión se
aportó ningún tipo informe que explicase por qué se otorga el premio
a la labor social a una entidad con ánimo de lucro, contraviniendo el
tenor literal del Reglamento.