Un cazador fue condenado a catorce meses de prisión por agredir a un vecino de Máguez dentro de su propia finca, una parcela amurallada de 14.000 metros cuadrados en la que había entrado junto a otros dos un domingo por la mañana. Le dio una patada en el muslo, lo tiró al suelo y, cuando se levantaba, le propinó un puñetazo en la oreja que necesitó nueve puntos de sutura. La sentencia es firme desde hace casi un año y no ha trascendido hasta ahora.

Elpejeverde.com | Lanzarote, 14 de octubre de 2026

Los hechos ocurrieron el domingo 2 de noviembre de 2025, sobre las 10:20 horas, en la calle Diseminado Máguez, en el municipio de Haría. Elpejeverde.com ha tenido acceso a la sentencia y al atestado de la Guardia Civil.

Según el relato que el denunciante trasladó a los agentes, su esposa se encontraba en la casa cuando observó a "tres cazadores" dentro de la finca —así consta literalmente en la denuncia—, una parcela de unos 14.000 metros cuadrados que, según consta en la denuncia, está amurallada por todos sus laterales. La mujer comenzó a gritarles para que salieran. No hicieron caso.

Fue entonces cuando él salió de la vivienda y se acercó a ellos para pedirles que se marcharan. Lo que ocurrió a continuación lo recogen los hechos probados de la sentencia: uno de ellos inició "una fuerte discusión" y, "con ánimo de menoscabar su integridad física", le dio "un fuerte puñetazo con la mano cerrada que impactó sobre su oreja derecha, lo que provocó que se cayese al suelo", y una vez allí "le propinó un gran pisotón en su muslo izquierdo".

Nueve puntos y diez días para sanar

El parte de lesiones que recoge la sentencia es detallado. El agredido sufrió una herida contusa retroauricular derecha con dos trayectos lineales, de tres y dos centímetros, que requirió "tratamiento médico quirúrgico consistente en sutura con hilo mediante nueve puntos".

Tardó diez días en sanar: siete de ellos impeditivos para su actividad habitual y tres no impeditivos, sin hospitalización. El documento judicial precisa que no le quedaron secuelas.

"Si llamas a la policía, voy a volver"

El atestado recoge además una secuencia que no figura entre los hechos probados de la sentencia, porque el procedimiento se ciñó al delito de lesiones, pero que el denunciante relató a la Guardia Civil.

Según su declaración, tras recibir el golpe pidió a su mujer que llamara a la policía, y el agresor, al escucharlo, le advirtió de que si lo hacía "va a volver". La mujer cogió entonces su teléfono móvil y empezó a grabar, informándoles de que estaba haciendo un vídeo para la policía.

En ese momento, siempre según el relato del denunciante, el mismo hombre que le había agredido se dirigió hacia ella, "le da un golpe en el pecho y le arrebata el móvil", marchándose del lugar hasta que poco después lo dejó tirado en el suelo.

El matrimonio presentó la denuncia esa misma tarde, a las 17:42 horas, en el puesto principal de la Guardia Civil de Costa Teguise.

Un santuario de aves en la finca

Hay un detalle que no figura en los documentos judiciales y que ayuda a entender la escena. Una persona del entorno de la pareja, que conoce la casa y la visita con frecuencia, ha relatado a este medio que el matrimonio mantiene en la propiedad un santuario de aves.

"Tienen búhos que van allá libres, con libertad, pero que viven allí", describe esta misma fuente, que explica que el espacio está acondicionado con fuentes de agua. "Es muy bonito; yo cuando voy a verlo, la verdad es que flipo", añade.

Según este testimonio, los tres hombres que entraron aquella mañana iban "con perros". Y precisa el orden de lo ocurrido: fue ella quien salió primero a advertirles de que se encontraban en una propiedad privada y, tras ser increpada, entró en la casa y avisó a su marido, que fue quien salió después y resultó agredido.

Se trata de un relato de segunda mano, obtenido de alguien próximo a la pareja y no de las propias víctimas, y no todos sus extremos figuran en los hechos probados de la sentencia, que se ciñe estrictamente al delito de lesiones.

Dos días entre la agresión y la condena

Lo que vino después fue rápido. El domingo ocurrieron los hechos. El martes 4 de noviembre, apenas cuarenta y ocho horas más tarde, el Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife dictaba sentencia.

La Fiscalía solicitaba 21 meses de prisión por un delito de lesiones del artículo 147.1 del Código Penal, con la circunstancia agravante de reincidencia, ya que el acusado —un joven de 27 años en el momento de los hechos— contaba con antecedentes penales.

El acusado, asistido por su abogado, prestó conformidad con los hechos y con las penas solicitadas en el mismo acto. Esa conformidad activa el mecanismo previsto en la ley para los juicios rápidos: la pena pedida por el fiscal se reduce automáticamente en un tercio. De los 21 meses se pasó así a los 14 de condena, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante ese tiempo.

La resolución se dictó "in voce" en el propio acto del juicio y, al manifestar ambas partes su decisión de no recurrirla, quedó declarada firme en ese mismo momento. El condenado debe abonar además una indemnización de 576,65 euros por las lesiones causadas, más las costas del procedimiento.

Máguez, un año largo de conflictos

La agresión no se produjo en el vacío. Máguez y el resto del municipio de Haría llevan año y medio en el centro de la tensión entre la actividad cinegética y los vecinos.

En agosto de 2025, tres meses antes de estos hechos, el Cabildo de Lanzarote decretó el cierre temporal de la caza en todo el municipio de Haría ante una sucesión de envenenamientos de fauna detectados precisamente en Máguez, Guinate, Gayo y Ye. Aparecieron muertos varios perros —entre ellos dos podencos—, gatos y otros animales. La investigación se coordinó entre los Agentes de Medio Ambiente del Cabildo, el Seprona de la Guardia Civil, la Policía Local de Haría y una unidad canina especializada traída desde Gran Canaria.

Y el pasado mes de septiembre, ya en 2026, la Guardia Civil detuvo a un cazador en el municipio por disparar con su escopeta cerca de unas viviendas, con un vecino en las inmediaciones. Esa causa fue archivada por el juzgado, que consideró que los hechos no alcanzaban la entidad necesaria para la vía penal, aunque podría continuar por la vía administrativa: la Ley de Caza de Canarias califica como infracción grave disparar en zonas de seguridad.

Entre medias, la sentencia firme que nadie había contado.

Lo que dice y lo que no dice la sentencia

Conviene precisar el alcance exacto de la resolución. La sentencia condena a una sola persona, la que propinó los golpes, por un delito de lesiones. No se pronuncia sobre los otros dos que, según la denuncia, entraron en la finca, ni sobre el hecho mismo de haber accedido a una propiedad privada, que no fue objeto de este procedimiento.

La condición de cazadores de los tres hombres no figura en los hechos probados, que se ciñen a la agresión. Consta, eso sí, en la denuncia que el perjudicado formuló ante la Guardia Civil, donde los identifica expresamente como tales, y la corrobora el testimonio recabado por este medio, según el cual los tres iban acompañados de perros y portaban escopetas.

Tampoco se pronuncia sobre lo relativo al teléfono móvil ni sobre las amenazas que el denunciante atribuye al agresor, extremos que constan en el atestado pero que no entraron en el juicio rápido por lesiones.

Este medio no publica la identidad de ninguna de las personas implicadas. La propia resolución judicial advierte de que su difusión a terceros ajenos al proceso solo puede hacerse previa disociación de los datos de carácter personal, en garantía del derecho a la intimidad y del anonimato de víctimas y perjudicados.

Imágenes ilustrativas de perros de caza / Fotos: Elpejeverde.com

Vox se suma a la exigencia de que Ángel Vázquez entregue su acta de consejero del Cabildo, la misma que el interesado rechazó este martes ante este medio con un "No". El consejero de la formación en la corporación insular, que además forma parte del Consejo de Administración de los Centros Turísticos, califica de "burdo paripé" el relevo anunciado por el PP y anuncia que pedirá revisar todos los procesos selectivos firmados bajo la presidencia de Vázquez.

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El comunicado de Vox llega un día después de que el Partido Popular retirara a Vázquez los Centros de Arte, Cultura y Turismo y de que la vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar, asumiera su dirección. Para la formación, esa decisión no resuelve nada: "Que el Partido Popular anuncie que aparta a Vázquez para sustituirlo por María Jesús Tovar es un burdo paripé", afirma su consejero.

Vox tacha de "escándalo de nepotismo intolerable" lo ocurrido y sostiene que el informe jurídico de la secretaría del Consejo de Administración "ratifica que el hasta ahora consejero delegado incumplió flagrantemente la ley". Según su versión, el concurso era para plazas fijas de fregador y Vázquez firmó "resoluciones definitivas en beneficio de su familiar directo".

"Camuflar lo que debería ser un cese fulminante"

El punto más duro del comunicado es el que se refiere a la baja médica del consejero. "Casualmente, el consejero se encuentra de baja médica desde el pasado 9 de octubre, por lo que están utilizando una situación médica para camuflar lo que debería ser un cese fulminante y la entrega inmediata de su acta en el pleno del Cabildo", declara el representante de Vox.

Conviene situar esa afirmación. La baja es real y Vázquez la confirmó a este medio: está prescrita por profesionales sanitarios para una segunda intervención en el brazo tras el accidente de tráfico de diciembre. Vox no aporta datos que vinculen ambas cosas; lo que plantea es una interpretación política de la coincidencia de fechas.

Tres peticiones para el Consejo de Administración

Vox anuncia que registrará "de forma inmediata" tres peticiones en el Consejo de Administración de la entidad, del que forma parte.

La primera es la ejecución de la anulabilidad: exigir que se acate "de forma estricta" el informe jurídico, "retrotrayendo el procedimiento selectivo al momento exacto en el que debió producirse la abstención" y protegiendo "los derechos de los aspirantes que actuaron de buena fe".

La segunda es la entrega del acta. Para Vox, apartar a Vázquez de la gestión de los Centros Turísticos "es insuficiente", y si el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, "tuviera un mínimo de respeto por la institución, exigiría la expulsión definitiva del consejero del pleno insular".

La tercera es la más amplia: una fiscalización de "todas las convocatorias de empleo, contrataciones y bolsas de trabajo firmadas bajo el mandato de Ángel Vázquez", para asegurar que se cumplen "escrupulosamente los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad". Es decir, ampliar la revisión más allá del proceso en el que participó su hijo.

El comunicado cierra con un ultimátum dirigido a los socios de gobierno: "O se entrega el acta, o el pacto de gobierno será cómplice de este atropello".

Tres fuerzas, una misma exigencia

Con este comunicado, la petición de que Vázquez abandone su escaño tiene ya dos firmas de la oposición. El PSOE la formuló este martes, a través de su portavoz adjunta, Ariagona González, y Vox la repite ahora desde el extremo opuesto del arco político, con el añadido de la revisión de todos los procesos selectivos.

Enfrente, el consejero afectado ha respondido a este medio que no piensa entregar el acta, y la renuncia es una decisión estrictamente personal: el escaño lo obtuvo por elección y solo él puede dejarlo. El PP, por su parte, ha optado por retirarle el área sin pronunciarse sobre el acta.

Queda por ver si la propuesta de Vox prospera en el Consejo de Administración, donde, según el propio comunicado, la formación cuenta con representación, aunque no se detalla con qué peso en las votaciones.

Conviene recordar, por último, el alcance de los documentos conocidos hasta ahora: el informe jurídico, tal y como lo hizo público la Presidencia del Cabildo, señala el incumplimiento de un deber de abstención y propone cómo subsanar el expediente. No atribuye ilícito penal alguno, no precisa el puesto concreto al que optaba el aspirante ni cuestiona los méritos de quienes superaron el proceso. Los calificativos de "ilegalidades", "nepotismo" y "corrupción" corresponden al comunicado de Vox.

El consejero de Vox en el Cabildo de Lanzarote / Foto: Vox Lanzarote

La candidatura conjunta de Coalición Canaria y Municipalistas Primero Canarias para el 29N empieza a tener nombres. El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, encabezará la lista al Congreso por Las Palmas; el número dos será para María Fernández, directora general de Transportes del Gobierno de Canarias. Los puestos de salida se reparten entre Gran Canaria. Lanzarote, de momento, mira.

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Las dos formaciones avanzaron este martes en la definición de sus candidaturas, con un acuerdo ya cerrado sobre el programa electoral y lo que pretenden defender en Madrid. Lo que sigue abierto es el reparto de puestos, que es justo donde se juegan las islas su representación.

La elección de Sosa, que es además vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, responde a la apuesta de la dirección de Coalición Canaria. El presidente del Gobierno autonómico y secretario general del partido, Fernando Clavijo, ya lo había respaldado públicamente al calificarlo de "magnífico candidato". El segundo puesto, para María Fernández, cuenta con experiencia parlamentaria: fue diputada en Madrid la pasada legislatura.

Más abajo en la lista suena la teldense Minerva Alonso, consejera del Cabildo de Gran Canaria, que previsiblemente ocuparía el cuarto puesto. Alonso dejó Nueva Canarias y ya había dado a entender que no descartaba seguir en política. Para el Senado por Gran Canaria se baraja a Ryuman Cardoso, concejal de CC en San Bartolomé de Tirajana.

Dónde queda Lanzarote

Aquí está lo que a esta isla le interesa. La lista al Congreso por Las Palmas es una sola para toda la provincia: Gran Canaria, Fuerteventura, La Graciosa y Lanzarote. Y en los puestos con opciones reales de salir elegidos no hay, por ahora, ningún nombre de esta isla.

Con los dos primeros lugares ya asignados a Gran Canaria y el cuarto apuntando en la misma dirección, el margen se estrecha. La prensa insular viene advirtiendo desde hace días de que Coalición Canaria está  concentrada en resolver el encaje de Gran Canaria .

El otro frente es el Senado, y ahí la cosa cambia de naturaleza. Lanzarote es circunscripción propia y elige un único senador. El actual es el socialista Manuel Fajardo Palarea, que ganó el escaño en 2023 frente a un Emilio Machín que quedó tercero por Coalición Canaria.

El secretario general de CC en Lanzarote, el senador autonómico Pedro San Ginés, lleva semanas trabajando una idea: convencer a otras fuerzas nacionalistas e insularistas —Nueva Canarias incluida— de que no presenten candidato propio al Senado y concentren sus votos en una sola papeleta. La lógica es aritmética: con un solo escaño en juego y el voto nacionalista repartido, el asiento se va fuera.

Qué se encontrará el votante en la mesa el 29N

Conviene explicarlo, porque el 29 de noviembre cada lanzaroteño va a recibir dos papeletas distintas y no funcionan igual.

La primera es la del Congreso. Es una lista cerrada y bloqueada por la provincia de Las Palmas: el votante elige un partido completo, sin poder tachar ni reordenar nombres. Los diputados salen por orden, de arriba abajo, según los votos que obtenga cada candidatura en toda la provincia. De ahí que quién ocupe el puesto uno, el dos o el cuatro no sea un detalle: es la diferencia entre ir a Madrid o quedarse en casa.

La segunda es la del Senado, y esta sí es nuestra. Lanzarote tiene circunscripción propia y elige un senador. No se vota a una lista, se vota a personas, y cada formación presenta su candidato. Gana quien más votos saque. Por eso una fragmentación del voto nacionalista, en una papeleta donde solo hay un asiento, pesa mucho más que en la del Congreso.

En esa mesa habrá además otras papeletas: las del PP, el PSOE, Vox y el resto de formaciones que concurran, además de la candidatura de izquierdas que negocian Nueva Canarias, Podemos, Izquierda Unida y Sumar, y la de Drago Canarias, que ya ha anunciado que irá en solitario.

Un reloj que corre

La presentación pública de la alianza estaba prevista para este miércoles 14 y ha tenido que aplazarse mientras siguen las conversaciones. El calendario, sin embargo, no admite mucha más demora: el plazo para registrar coaliciones electorales se cierra este viernes 16 de octubre.

Fuentes de Primero Canarias consultadas por la prensa provincial sostienen que las diferencias que quedan se concentran en la configuración de las listas y que no son obstáculos insalvables. Dicho de otro modo: el acuerdo político está hecho y lo que se discute son los nombres.

La coalición se circunscribe únicamente a Las Palmas. En Santa Cruz de Tenerife, Coalición Canaria concurrirá sola, con Cristina Valido repitiendo como cabeza de lista al Congreso.

De dónde viene Primero Canarias

Municipalistas Primero Canarias nació en mayo de 2025, de la ruptura de varios alcaldes, dirigentes y organizaciones locales con Nueva Canarias. Desde entonces ha ido construyendo proyecto propio mientras mantenía contactos con el resto del nacionalismo canario.

Lo que se cierra estos días es, por tanto, algo más que una lista electoral: es la confirmación de que el espacio nacionalista en Gran Canaria ha quedado reordenado, con CC absorbiendo a quienes salieron de Nueva Canarias y con esta última buscando acomodo en una candidatura de izquierdas.

Si Lanzarote tendrá algo que decir en ese reparto se sabrá, como muy tarde, el viernes.

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar y vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, designado para encabezar la lista al Congreso por Las Palmas / Foto: Elpejeverde.com

Las tiendas ya no están. La Asamblea por el Derecho a la Vivienda levantó este martes la acampada del Parque Viejo de Arrecife después de siete días, y lo hizo sin que conste que se impusiera ninguna de las multas de las que tanto se habló. El movimiento no se disuelve: se reorganiza, se reunirá los viernes y apoya la huelga general del 11 de noviembre.

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La decisión se tomó el martes 13 de octubre, siete días después de que se instalaran las primeras tiendas bajo la pérgola del parque José Ramírez Cerdá, en el corazón de Arrecife. El colectivo cierra así una etapa y traslada sus reivindicaciones a otro formato.

Lo que viene, según ha anunciado la propia Asamblea, son puntos informativos, orientación sobre recursos habitacionales, recogida de testimonios de personas afectadas y acciones de sensibilización ciudadana. El movimiento mantendrá además sus reuniones generales los viernes a las 19:30 horas en el mismo parque, con la próxima convocatoria fijada para este viernes 16.

Sus demandas se dirigen a dos administraciones: al Ayuntamiento de Arrecife y al Cabildo de Lanzarote. A ambos les reclama actuaciones con plazos definidos para ampliar el parque de vivienda pública y facilitar el acceso a un hogar. La Asamblea prevé también solicitar la intervención del alcalde en el próximo pleno municipal para trasladarle directamente sus peticiones.

Las multas de las que nunca hubo expediente

Durante la semana de acampada, el asunto que ocupó el debate público no fue tanto la vivienda como las sanciones. Los acampados relataron que agentes de la Policía Local les habían advertido de posibles multas de alrededor de 1.500 euros por mantener las instalaciones y otros 3.000 por las pancartas. Juventudes Socialistas elevó la cifra a 4.500 euros por persona y habló de "respuesta represiva".

Siete días después, la acampada se ha levantado sin que haya trascendido la apertura de un solo expediente sancionador. Aquellas cantidades procedían del relato de los propios acampados sobre lo que les advirtieron verbalmente los agentes, y nunca llegó a constar notificación alguna con un importe y un destinatario.

Por qué el parque está protegido: lo firmó Manrique

Buena parte de la controversia giró en torno a que el parque es un espacio protegido, algo que se repitió sin explicar demasiado de dónde viene esa protección. Conviene aclararlo, porque el motivo es de interés.

El parque José Ramírez Cerdá es obra de César Manrique, y la obra de Manrique en Lanzarote está catalogada como Bien de Interés Cultural. A eso se suma una segunda capa de protección: el recinto se encuentra dentro del área de influencia del entorno monumental que forman el Puente de las Bolas y el Castillo de San Gabriel. Es decir, hay doble cobertura patrimonial.

Esa condición es la que invocó el Ayuntamiento durante la semana de protesta, y la que, unida a unas ordenanzas municipales que prohíben acampar, sostenía las advertencias de los agentes. La Delegación del Gobierno, por su parte, había dejado por escrito que no ponía objeciones a la concentración hasta el lunes 12, pero que las tiendas requerían autorización municipal.

Hay un detalle más que conviene tener presente: el Ayuntamiento de Arrecife tiene consignados dos millones de euros en sus presupuestos de este año para licitar las obras de rehabilitación del parque, según se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia. El espacio que durante una semana han ocupado las tiendas está pendiente de una reforma integral.

El 11 de noviembre, en el horizonte

La Asamblea ha expresado su apoyo a la huelga general por la vivienda convocada para el 11 de noviembre y anima a los lanzaroteños a secundarla.

Esa convocatoria tiene su propia magnitud. Fue anunciada el pasado 7 de octubre por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas junto a CCOO y UGT, a las que se han sumado CGT, Solidaridad Obrera, Co.Bas y los sindicatos nacionalistas CIG, ELA y LAB. Es la primera huelga general de ámbito estatal con el respaldo conjunto de las dos grandes centrales desde 2012, y la primera que no nace de los sindicatos, sino de un movimiento social.

El detonante fue el desahucio, el pasado 23 de septiembre, de una mujer de 87 años del piso del barrio madrileño de Retiro en el que vivía desde hacía siete décadas. Ese caso desencadenó las movilizaciones que llegaron también a Lanzarote.

La fecha, además, no es neutra: el 11 de noviembre cae a dieciocho días de las elecciones generales del 29N, en plena campaña.

Qué queda cuando se recogen las tiendas

El parque recupera esta semana su actividad habitual. Lo que no se recupera por sí solo es lo que llevó a diez tiendas a plantarse allí durante siete días: el precio del alquiler en una isla donde emanciparse antes de los treinta se ha convertido en excepción.

La Asamblea se ha dado una hoja de ruta —reuniones semanales, puntos informativos, recogida de testimonios y una comparecencia en el pleno— que es más laboriosa que una acampada y menos visible. Si de ahí salen interlocutores estables y peticiones concretas con plazos, la semana del Parque Viejo habrá servido de algo. Si se diluye en asambleas de los viernes, habrá sido una semana de tiendas.

La próxima cita es este viernes 16, a las 19:30, en el mismo sitio donde estaban las tiendas.

La acampada por el derecho a la vivienda instalada bajo la pérgola del parque José Ramírez Cerdá de Arrecife, levantada este martes tras siete días / Imágenes: Lancelot TV