Foto. diariodelanzarote.com
PJ
En una operación marcada por el deber de colaboración interadministrativa y el cumplimiento de las órdenes judiciales, el Ayuntamiento de Yaiza ha jugado un papel crucial en la reciente crisis de vivienda en la calle Malvasía de Playa Blanca. El desalojo de 34 viviendas ocupadas sin autorización, efectuado este martes 16 de enero, pone fin a una compleja situación que involucra a 99 personas, incluyendo 75 adultos y 24 menores, muchos de ellos en situación administrativa irregular en España. El Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento, en una muestra de responsabilidad social, emitió un informe detallado sobre la situación de estas personas, subrayando la presencia de familias vulnerables, niños, personas con discapacidad, embarazadas, ancianos e incluso un enfermo oncológico. Este informe, crucial para el proceso, fue enviado antes del 3 de enero, fecha prevista inicialmente para el desalojo.
La Justicia, al instar al Ayuntamiento a adoptar medidas para evitar la desprotección de los más vulnerables, puso en relieve las dificultades inherentes a la situación. La mayoría de los ocupantes, sin estabilidad laboral y a la espera de regularizar su situación legal en España, enfrentaban una doble vulnerabilidad. En respuesta a esta crisis humanitaria, el gobierno municipal, liderado por el alcalde Óscar Noda y la concejala de Servicios Sociales, Karina Centeno, se coordinó eficazmente con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote. Se propusieron varias alternativas para la reubicación temporal de las familias más afectadas, culminando en la elección del Aula de la Naturaleza de Máguez para albergar a 22 personas. Esta solución provisional, acordada con Marci Acuña, consejero de Bienestar Social del Cabildo, incluye transporte para el traslado y la continuidad educativa de los menores. A pesar de los esfuerzos municipales, el Ayuntamiento se enfrentó a limitaciones significativas en su capacidad de actuar en materia de vivienda, un área de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias. La Ley 2/2003 de Vivienda de Canarias sitúa esta responsabilidad en el ámbito regional. Aun así, el Ayuntamiento buscó soluciones de emergencia, incluyendo la posibilidad de alquiler de viviendas, aunque sin éxito debido a la escasez y losaltos precios del mercado inmobiliario en Lanzarote.
Esta situación se vio agravada por la falta de alternativas habitacionales del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), pese a las solicitudes de colaboración del Ayuntamiento desde octubre. La respuesta del ICAVI, alegando la falta de informes sociales de vulnerabilidad, contrasta con la proactividad del Ayuntamiento, que incluso suministró un informe adicional sobre cuatro familias específicas a petición del Instituto.
Mientras tanto, el Cabildo de Lanzarote, aunque inicialmente reticente debido a la situación irregular de muchos afectados, finalmente solicitó información adicional al Ayuntamiento para valorar su intervención, que podría incluir el pago de alquileres. Paralelamente, el Ayuntamiento de Yaiza ha gestionado ayudas de alimentos, económicas, becas escolares y ha derivado casos a Cáritas.
El informe técnico emitido por el Ayuntamiento destacó que, aunque los inmuebles ocupados no reunían condiciones óptimas de habitabilidad, salubridad y seguridad, no estaban en riesgo inminente de ruina o derrumbe, corrigiendo así informaciones erróneas difundidas por algunos medios.
El alcalde Óscar Noda, en representación del gobierno municipal, ha enfatizado el compromiso y la eficacia del personal de Servicios Sociales en la gestión de esta crisis. Además, recordó la cesión de una parcela de 42.000 metros cuadrados al ICAVI para la construcción de viviendas sociales en Playa Blanca, un proyecto que espera impulse la oferta de alquiler social en la zona.
Este episodio en Playa Blanca no solo destaca las brechas en la política de vivienda y la necesidad de una mayor coordinación interinstitucional, sino también la capacidad de respuesta de las autoridades locales ante situaciones de emergencia social.