Betancort pide blindar el campo tras robos de miles de kilos de papas
Pejeverde
El presidente insular, Oswaldo Betancort, ha pedido este 26 de mayo una “acción urgente y coordinada” de ayuntamientos, Guardia Civil y policías locales para frenar unos saqueos que —recuerda— “golpean la economía, el paisaje y la dignidad de quienes mantienen vivo el sector primario”. El llamamiento incluye un mensaje directo a la ciudadanía: anotar matrículas, alertar de vehículos extraños y no mirar hacia otro lado cuando alguien remueve papas ajenas en mitad de la noche.
No es una exageración. En febrero de 2024 un agricultor de Mozaga denunció la pérdida de casi mil kilos de papas y batatas, arrancados y pisoteados en una sola madrugada, en una finca ya castigada por la falta de agua . Apenas cuatro días después, el Cabildo confirmaba otro golpe: “miles de kilos” sustraídos en distintas gavias, con el consiguiente llamamiento público a denunciar “una injusticia que destruye familias y modo de vida” . Los ladrones actúan sobre todo en fincas cercanas a carreteras, entran de noche y necesitan pocos minutos para cargar un remolque.
Los datos invitan poco al optimismo. Según un informe de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, Canarias fue en 2023 la comunidad con más robos en el campo: 24,95 denuncias por cada mil explotaciones, casi un 8 % por encima de la siguiente región . Los agricultores entrevistados hablan de un doble castigo: “pierdes la cosecha y, si denuncias, gastas tiempo y dinero en un proceso que rara vez acaba en condena”, resume Sergio Rodríguez, portavoz de la plataforma agraria. Mientras tanto, la unidad ROCA de la Guardia Civil —con base en Guía y La Orotava— apenas cuenta con una patrulla especializada para todo el archipiélago.
Ante esta realidad, Betancort insiste en patrullas mixtas y en un mapa común de “puntos calientes” que permita anticipar rutas y horarios de los delincuentes. Reclama también mayor coordinación entre administración autonómica y Delegación del Gobierno para cubrir los picos estacionales —vendimias y campañas de papa— en los que se disparan los robos. “Cada cultivo sustraído es una familia que pierde ingresos y moral; necesitamos vigilancia visible y trámites ágiles”, subraya.
Los productores piden algo más: sanciones ejemplares para los receptadores de mercancía robada. El presidente del Cabildo respalda la idea y plantea reforzar los controles a intermediarios y empaquetadoras; la experiencia indica que, sin un circuito de venta, el botín se queda en la finca. Mientras tanto, colectivos agrarios preparan rondas vecinales y sistemas de alarma compartidos, una solución cara para pequeñas explotaciones pero, por ahora, la única que funciona.
El asunto llegará al próximo Consejo de Gobierno insular con tres prioridades sobre la mesa: ampliar patrullas, agilizar denuncias y lanzar una campaña pública que recuerde que cada gavia desvalijada es, también, un golpe a la identidad paisajística de Lanzarote. La respuesta definitiva dependerá de la Guardia Civil y del presupuesto estatal, pero en el campo nadie quiere esperar a la próxima luna nueva para descubrir que el remolque volvió a pasar.