La inacción protocolaria sitúa a los Centros Turísticos en la diana judicial por el supuesto acoso del presidente del comité de empresa, Hugo Delgado

Pejeverde

Arrecife (Lanzarote), 17 de mayo de 2025.—La denuncia presentada en el Juzgado de Guardia n.º 3 no sólo atribuye a H. Delgado Betancort conductas de acoso sexual y laboral; extiende la responsabilidad a la empresa pública Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) por, supuestamente, dejar sin funcionamiento real el protocolo interno de protección. La trabajadora J. asegura que el 12 de mayo intentó activar la vía formal prevista en el manual corporativo y recibió un mensaje automático: «Lo sentimos mucho, pero esta cuenta de correo no existe». El buzón fantasma se convierte así en la primera pieza de un posible fracaso institucional.

El escrito judicial describe un ambiente donde, siempre según la denunciante, los comentarios de tono sexual y los acercamientos no consentidos habrían sido habituales desde 2024. Entre las frases que atribuye a Delgado figuran: «Me fascina cómo te queda ese uniforme; ojalá pudiera verlo más de cerca» y «No sabes las ganas que tengo de pasar un rato a solas contigo». La mujer sostiene que las insinuaciones se hacían en voz baja, en zonas de paso, procurando —dice— no ser oído por terceros.

Cuando J. advirtió que elevaría los hechos, un mando intermedio le habría replicado, de acuerdo con el texto: «No te conviene remover esto; puede volverse en tu contra». También relata el encuentro con un antiguo miembro del gabinete de prevención, D. M. G., que —siempre según su versión— le confesó: «La mesa de prevención está desactivada; nadie la convocó de nuevo». Ángel Vázquez, consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT), se ha puesto en contacto con este medio para precisar: «El protocolo no está desactivado, sino desactualizado y, según me consta, se llevó a cabo».

La falta de actas, convocatorias o registros oficiales invita a formular preguntas que, por ahora, no hallan respuesta:

• ¿Quién tenía la obligación de mantener operativa la Mesa de Prevención?

• ¿En qué momento quedó sin servicio la cuenta corporativa?

• ¿Qué medidas transitorias estableció CACT tras recibir la queja?

Elpejeverde.com ha solicitado en reiteradas ocasiones la versión de Delgado; hasta el cierre de esta edición, permanece en silencio. CACT, mencionada como denunciada en el escrito, tampoco ha emitido comunicado. La causa permanece en fase preliminar; el juzgado decidirá si abre diligencias de investigación. Mientras tanto, la ausencia de respuestas oficiales amplía la brecha entre el protocolo escrito y la protección efectiva que la ley impone a todo empleador, más aún cuando se trata de una entidad sostenida con fondos públicos.

El vacío institucional pesa tanto como las acusaciones. Si el buzón muerto confirma la inexistencia de un procedimiento real, las frases reproducidas en la denuncia —de ser ciertas— exhiben una jerarquía que juega con la vulnerabilidad contractual de la denunciante, contratada a través de una ETT. Bajo la presunción de inocencia que asiste al denunciado y a la empresa, las lagunas del protocolo ponen el foco en el Cabildo, obligado ahora a explicar quién desactivó un mecanismo diseñado para evitar precisamente lo que la denuncia relata.