Qué es una zona catastrófica y por qué Arrecife necesita que Madrid la declare ya

S.Calleja

Hoy es lunes y siguen —y seguirán— las labores de limpieza. Desde primera hora de la mañana, ya se ve nuevamente a las palas retirando barro, a los operarios con escobas en las aceras, a Protección Civil coordinando los trabajos y a los vecinos, muchos aún con el agua en los zapatos, intentando rescatar lo que no se llevó la lluvia. Arrecife vive una resaca de barro tras una tromba que descargó más de 70 litros por metro cuadrado en pocas horas, dejando viviendas anegadas, garajes colapsados y locales arruinados. La ciudad no solo limpia: tramita.

El alcalde, Yonathan de León, ha anunciado que en breve se elevará a los órganos municipales una solicitud formal para declarar a Arrecife como “zona catastrófica”. El nombre jurídico exacto es menos popular: zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Pero el concepto es el mismo. Se trata de pedir al Gobierno de España —a través del Consejo de Ministros— que reconozca oficialmente que Arrecife ha sufrido un desastre de magnitud excepcional, lo suficientemente grave como para activar una línea de ayudas estatales.

Esta figura legal está recogida en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Su objetivo es canalizar recursos públicos del Estado hacia personas físicas, empresas, ayuntamientos o servicios públicos que han sufrido daños graves por una emergencia natural, como ha sido el caso aquí.

Pero para obtener esa declaración no basta con una nota de prensa ni con una visita a los barrios afectados. El Ayuntamiento tiene que presentar un informe técnico riguroso, detallando el número de incidencias, la naturaleza de los daños, su cuantificación económica y el impacto sobre la actividad de la ciudad. El coordinador técnico de Protección Civil, que también es oficial de la Policía Local, ya ha entregado ese documento, en el que constan cerca de 100 incidentes, muchos en barrios humildes como Argana Alta, Maneje, Titerroy o La Vega, y también en el entorno de la zona comercial abierta de Arrecife.

Una vez elaborado el expediente, el Ayuntamiento debe aprobarlo y remitirlo a la Delegación del Gobierno en Canarias, y al propio Gobierno autonómico, que puede apoyar políticamente la petición. Después, la pelota pasa a Madrid. Solo el Consejo de Ministros puede declarar oficialmente una zona catastrófica, y con ello activar ayudas económicas directas, bonificaciones fiscales, apoyo a infraestructuras públicas, exenciones a la Seguridad Social y subvenciones a empresas que hayan perdido mercancías o actividad por culpa del desastre.

El reto ahora es convencer. Que Arrecife no dispone de medios suficientes para hacer frente, por sí sola ni con ayuda autonómica, a los estragos de las lluvias. Que los daños no son aislados, sino estructurales. Que el impacto ha sido real y medible. Porque, aunque el barro ya empieza a secarse, la reconstrucción apenas ha comenzado.

El alcalde ha estado desde el sábado coordinando sobre el terreno. Visitando familias, recorriendo calles, hablando con comerciantes que han perdido todo. Junto a él, efectivos de otras islas, técnicos del Cabildo, concejales y voluntarios. Pero ninguna pala ni manguera podrá devolver lo perdido sin el respaldo económico que sólo puede venir de una decisión política: la de declarar oficialmente que Arrecife ha sido arrasada por una emergencia y que el Estado tiene la obligación de actuar.

Mientras tanto, la ciudad continúa. Se barre, se achica, se repara. El barro no espera. Y Madrid, si no quiere llegar tarde, tampoco debería hacerlo.