Luis Campos y la aritmética de los cadáveres que el mar oculta

S.Calleja

Artículo de opinión

Las cámaras se han detenido esta semana en el borde de hormigón del puerto de La Restinga. Siete cuerpos —cuatro mujeres y tres niñas— han certificado con una brutal proximidad lo que normalmente sucede mar adentro, lejos del plano televisivo. Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha aprovechado ese fotograma para denunciar la “violencia estructural” de la política migratoria europea y para desmarcarse de Frontex. Todo correcto, todo comprensible; sin embargo, cuando la declaración se arma únicamente a partir de la escena visible, corre el riesgo de olvidar el resto del negativo.

Porque la tragedia no comenzó en el muelle, comenzó al sur de Nuadibú, entre redes de pesca reconvertidas en pasaje y familias que pagan un billete al azar. Solo en los cinco primeros meses del año pasado 4 808 personas desaparecieron en la ruta atlántica según el monitoreo de la ONG Caminando Fronteras —un 95 % de todas las muertes registradas rumbo a España en ese periodo—; la mayoría jamás llegó lo bastante cerca de una boya como para ser filmada Caminando Fronteras. Si la política “represiva” fracasa, también lo hace la política del gesto que se sacia con el plano corto.

Luis Campos subraya que el cayuco volcó “a pie de muelle” y lo utiliza para desacreditar la utilidad de Frontex. Es legítimo cuestionar el despliegue de la agencia europea, pero el dato de proximidad no la invalida por sí solo. Los 47 000 migrantes que alcanzaron Canarias en 2024 —récord histórico— partieron de costas cada vez más lejanas y expuestas; la presión sobre Salvamento Marítimo, sobre el SIVE y sobre los propios vecinos de las islas crece en proporción directa a esa estadística AP News. La pregunta, pues, no es si necesitamos menos vigilancia, sino qué tipo de vigilancia y con qué garantías de derechos humanos: algo más artesanal que oponer “Frontex” a “ONU” en un comunicado.

El portavoz canarista habla de cooperación y codesarrollo. Bienvenido sea el recordatorio. Pero convendría reconocer que miles de cadáveres se hunden cada año en un Atlántico sin testigos: no hay muelle, no hay dron, no hay luto oficial. La violencia estructural que denuncia NC-BC es la misma que convierte esas muertes submarinas en una nota a pie de página. Señalarla solo cuando emerge, con agua salada aún escurriendo por las cámaras de los reporteros, resulta comprensible desde la lógica mediática; no tanto desde la lógica política.

Quizá la elegancia de la política —como la de la literatura— consista en mantener el foco cuando el objeto desaparece de la escena. Mientras no exista una vía legal mínima y una coordinación real entre España, la UE y los países de origen, el Atlántico seguirá funcionando como trituradora de carne anónima. Y entonces la siguiente rueda de prensa, sea de NC, del PP o de la Comisión Europea, llegará puntual: justo cuando un cayuco se estrelle a cinco metros del hormigón, con todo el dolor encuadrado.