Empresa de Arrecife enfrenta multa de 30.000 euros por infracción medioambiental
PJ
La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) ha notificado la apertura de un expediente sancionador a una empresa del municipio de Arrecife por infracciones en materia medioambiental. Esta acción se ha llevado a cabo tras descubrirse que la empresa mantenía una parcela con vertidos incontrolados de escombros, una situación que pone en grave riesgo el entorno natural específico y valioso de Canarias.
El hallazgo fue realizado por los agentes del Grupo Operativo de Atención Ciudadana (GOAC) de la Policía Local de Arrecife durante sus labores rutinarias el pasado 29 de febrero. Los agentes, al detectar el vertido, realizaron una pericial exhaustiva y elaboraron un informe técnico detallado, respaldado con fotografías, geolocalización de las zonas afectadas y referencias catastrales, para facilitar la identificación y localización de los vertidos.
La notificación del expediente sancionador al responsable de la empresa se fundamenta en la gravedad de la infracción cometida. Las sanciones estipuladas para este tipo de infracciones pueden variar entre 2.001 y 100.000 euros. En este caso específico, la ACPMN ha propuesto una multa de 30.000 euros, considerando las circunstancias particulares.
El procedimiento sancionador permite la posibilidad de resarcir el daño causado. Si la empresa reconoce los hechos y acepta la responsabilidad, la sanción podría reducirse hasta en un 40%, quedando en 18.000 euros. Esta medida busca fomentar la colaboración y el cumplimiento normativo por parte de las empresas.
La Policía Local de Arrecife ha destacado la importancia de la concienciación en materia medioambiental, subrayando que es crucial evitar que el entorno natural siga siendo perjudicado por actividades negligentes. "Instamos a todas las empresas y ciudadanos a colaborar en la protección y conservación de nuestro entorno natural y animamos a los ciudadanos a continuar comunicando los actos incívicos", señaló la Policía capitalina.
Este caso refleja el compromiso de las autoridades locales y regionales en la protección del medio ambiente y en la aplicación estricta de las normativas para prevenir y sancionar las conductas que atenten contra el patrimonio natural de Canarias.