Solidaridad territorial al frente: claves del plan de distribución de menores inmigrantes
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España se enfrenta a un desafío creciente con la llegada continua de menores no acompañados (MENA) a sus costas, especialmente a las Islas Canarias. Este fenómeno ha impulsado al Gobierno central y a las comunidades autónomas a negociar un nuevo sistema de reparto que busca una distribución más equitativa de estos menores por toda la península. Aquí desglosamos las claves de este complejo tema para entender mejor las medidas que se están tomando y los desafíos que implican.
La reciente llegada de 52 personas rescatadas cerca de Lanzarote, incluyendo seis mujeres y 45 menores, pone de relieve la urgencia de este problema. El Gobierno se reunirá en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia para discutir este asunto crítico, con el objetivo de facilitar un reparto justo de aproximadamente 2.500 menores actualmente alojados en Canarias, Ceuta y Melilla.
Sobre la mesa, hay un pacto potencial para distribuir estos menores a lo largo de la península. Las comunidades que participen en el acogimiento de estos jóvenes recibirán una parte de 125 millones de euros como incentivo, buscando aliviar la presión sobre las áreas más afectadas como Canarias.
La implementación de este reparto implicará cambios legales, específicamente una reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. El Gobierno central prefiere una proposición de ley, buscando un debate amplio, mientras que el autonómico propone un decreto ley para agilizar el proceso. Esta reforma es crucial para facilitar el reparto y se espera que pueda ser aprobada en un plazo de tres meses.
El plan de distribución considera varios factores como la población, la renta y la tasa de paro de cada comunidad autónoma. Esto es parte de un enfoque de solidaridad territorial que intenta equilibrar las responsabilidades y recursos entre todas las regiones.
Diversas comunidades ya han empezado a discutir su participación en este pacto. Castilla-La Mancha ha destacado la urgencia de una respuesta robusta, no solo a nivel nacional sino también europeo, sugiriendo que se podría considerar la financiación en los países de origen para prevenir la separación de los menores de sus familias. Cataluña, Madrid y Andalucía estarán entre las comunidades que recibirán un mayor número de menores, reflejando así su capacidad y disposición para integrar a estos jóvenes en sus sistemas de bienestar.
El reparto de menores inmigrantes no acompañados es un tema complejo que involucra aspectos legales, económicos, sociales y humanitarios. La solución propuesta busca no solo distribuir de manera justa la responsabilidad entre las comunidades autónomas, sino también proporcionar un mejor futuro para estos menores. Este desafío requiere una coordinación efectiva y una rápida respuesta legislativa para asegurar que España pueda manejar adecuadamente esta situación crítica, reflejando la solidaridad y el compromiso de toda la nación hacia los más vulnerables.