Pedro San Ginés Desmiente "falacias" y se mantiene firme en su defensa de la verdad ante el juez del Supremo
PJ
Pedro San Ginés, actual senador por la Comunidad Autónoma y destacado nacionalista de CC, ha dado un paso adelante en defensa de su honor y trayectoria política. antes de ayer, martes 16 de abril de 2024, San Ginés compareció voluntariamente ante el Tribunal Supremo en Madrid, en relación con la causa judicial derivada de su periodo como presidente del Cabildo de Lanzarote, reiterando su compromiso con la transparencia y la justicia.
El caso, que inicialmente se centró en investigaciones sobre presuntas irregularidades en las mejoras de Los Jameos del Agua bajo la gestión del entonces responsable de los Centros Turísticos, Carlos Espino, del PSOE, finalmente quedó archivado sin evidencias de malversación. Sin embargo, derivó en una querella contra San Ginés por parte de la familia del empresario involucrado, Antonio González, acusándolo de denuncia falsa, una situación que puso a prueba la fortaleza y la integridad del político nacionalista.
Frente al magistrado del Supremo, Vicente Magro, San Ginés desmintió las alegaciones del juez Jerónimo Alonso, quien había implicado a San Ginés en la denuncia original contra Espino de manera incorrecta, señalando que el auto de archivo del caso Espino nunca mencionó a San Ginés como parte acusadora. Esta aclaración es crucial, ya que demuestra la falta de base en las acusaciones que pesan sobre él.
Además, San Ginés corrigió la versión de los hechos presentada por Alonso, subrayando que fue convocado a declarar por la UCO como testigo y no por iniciativa propia ante el Juzgado de Guardia de Arrecife, lo cual refuerza la imagen de un proceso marcado por malentendidos y errores procedimentales.
La denuncia contra San Ginés se presenta no solo como un desafío a su carrera política sino también como reflejo de las tensiones y dinámicas procesales cuestionables dentro del sistema judicial español. A pesar de las adversidades, San Ginés se muestra firme en su convicción de inocencia y en su disposición a colaborar con la justicia, incluso más allá de lo que se le exige legalmente, una actitud que subraya su compromiso con la transparencia y la integridad.
Con la causa ahora en manos del Tribunal Supremo, la resolución pendiente podría continuar el procedimiento judicial según la solicitud de la Fiscalía o, alternativamente, podría llevar a un archivo del caso si se encuentran fallos en la instrucción inicial. La comunidad espera ansiosa por una resolución justa que, idealmente, reafirme la confianza en el sistema judicial y en la integridad de sus representantes políticos.