Ángel Víctor Torres desmiente involucración en Caso Koldo: "Nadie de mi Gobierno participó
S.Calleja
En medio de las crecientes controversias que azotan el paisaje político español, el caso Koldo emerge como el último epicentro de acusaciones de corrupción tambien en Canarias , entrelazando figuras de alto perfil dentro del anterior gobierno de Canarias con una compleja trama de relaciones y comunicaciones sospechosas. En el corazón de esta intriga se encuentra Ángel Víctor Torres, el actual Ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, cuya administración ha sido salpicada por las recientes revelaciones vinculadas a una serie de conversaciones de WhatsApp entre empresarios ahora detenidos por su presunta implicación en la trama de corrupción.
Torres, defendiéndose de las acusaciones, afirmó de manera enfática a través de declaraciones a la Agencia Efe, que ni él ni miembros de su gobierno participaron en actos ilícitos como mordidas, chanchullos o comisiones relacionadas con el caso. Este posicionamiento surge en respuesta a la publicación de informaciones que involucran conversaciones entre los empresarios y menciones directas tanto a Torres como a su actual jefe de gabinete en el Ministerio, Antonio Olivera, quien durante el período en cuestión ocupaba el cargo de viceconsejero de la Presidencia.
Un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y que forma parte de la investigación dirigida por el juez Ismael Moreno, detalla interacciones sospechosas que implican a figuras claves del entorno de Torres, incluyendo una mencionada necesidad de realizar pruebas PCR en el Ministerio de Transportes y conversaciones que sugieren coordinaciones con altos cargos del gobierno.
Antonio Olivera, mencionado en los chats de WhatsApp entre los líderes de la trama Koldo y quien fuera pieza central en la gestión de la crisis sanitaria, se ha distanciado de las acusaciones asegurando la legalidad y transparencia de los contratos gestionados durante la pandemia. Olivera, al ser confrontado con su nombre en los informes de la UCO, ha revisado minuciosamente sus comunicaciones y contrataciones anteriores, negando cualquier irregularidad o vínculo con las empresas mencionadas en la trama.
La defensa tanto de Torres como de Olivera se enmarca en un intento por mantener a flote su integridad y la de sus gestiones ante un escenario de escrutinio público y judicial que amenaza con desentrañar una red más amplia de corrupción y malversación. Mientras tanto, figuras políticas como Patxi López han salido en defensa de Torres, subrayando su confianza en la inocencia de los implicados y rechazando la idea de un sacrificio prematuro sin pruebas concluyentes.
El caso Koldo, con todas sus ramificaciones y los nombres que continuamente se suman a la lista de involucrados, representa no solo un desafío legal para los acusados, sino también un punto de inflexión para la percepción pública de la integridad y la transparencia dentro del sistema político de Canarias y, por extensión, de España.