Pie de foto: Una mujer observa Arrecife desde un edificio en altura. Detrás, la playa de El Reducto y el frente residencial de la avenida marítima, una de las zonas más cotizadas de la capital conejera. / Elpejeverde.com

Elpejeverde.com . 1 de Junio 2026

El alquiler medio en la isla supera la media canaria, la oferta no para de estrecharse y la norma aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en mayo de 2023 cumple tres años con el aval contrario del Banco de España, de los expertos del sector y del propio mercado.

Empezamos por el dato y por la fecha. La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda —la conocida como Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez— acaba de cumplir tres años en vigor. Se vendió como la norma que iba a frenar la subida del alquiler, proteger al inquilino y abrir el grifo de la oferta. Tres años después, los datos hablan por sí solos. Y en Lanzarote, también.

El alquiler medio en la isla está hoy en 1.206 euros al mes, según el agregador inmobiliario Flatspotter, que recoge los anuncios de Idealista de los últimos treinta días. Es un 4,1% más alto que la media de Canarias.

En Arrecife, el alquiler mediano de un piso ronda los 864 euros al mes, con un 80% de la oferta entre 468 y 1.673 euros, según los datos de RealAdvisor de mayo de 2026.

En Tías, donde están Puerto del Carmen y Mácher, los anuncios recientes recogidos por Flatspotter (sobre datos de Idealista, marzo de 2026) se mueven en cifras que cortan el aliento: 2.050 euros al mes por 90 metros cuadrados (22,8 €/m²), 1.600 euros por 60 metros (26,7 €/m²) y 1.300 euros por 110 metros (11,8 €/m²). Las opciones más baratas arrancan en 749 euros por viviendas pequeñas y sin extras.

El precio de venta en Arrecife ha subido un 12,5% en los últimos doce meses. Y el precio medio de la vivienda en Lanzarote ha crecido un 40% desde enero de 2021, pasando de 1.878 a 2.655 euros el metro cuadrado, según datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) recogidos por el medio internacional Travel and Tour World.

El Banco de España lo había advertido

No es opinión de parte. Es el Banco de España quien lo dijo, y lo dijo claro. En su Informe Anual de 2023, el supervisor financiero del Estado dedicó un capítulo entero a desmontar las costuras de la Ley estatal. La conclusión del organismo entonces presidido por Pablo Hernández de Cos fue contundente: el control de precios del alquiler "puede generar nuevos problemas de accesibilidad a la vivienda", elevar el riesgo de impago para los propietarios y, en consecuencia, "incrementar el precio del alquiler por una mayor prima de riesgo o reducir la oferta de alquiler disponible para los hogares vulnerables".

Dicho de otro modo: lo que la Ley pretendía abaratar, lo encarecía. Lo que pretendía abrir, lo cerraba. El Banco de España no necesitó esperar tres años para verlo. Lo dijo al año siguiente de la aprobación. Pero el mensaje cayó en saco roto en La Moncloa.

Lo que ha pasado, en cifras

Las estimaciones del propio sector inmobiliario, recogidas por medios especializados como Idealista y por consultoras como PwC Strategy&, apuntan en la misma dirección. Los precios del alquiler en España han subido un 57% desde 2015. El hogar medio necesita ya 7,5 veces el salario anual para adquirir una vivienda, el doble que en 1999.

Y los efectos concretos de la Ley 12/2023, según los analistas, han sido tres: contracción de la oferta —propietarios que retiran pisos del mercado o se pasan al alquiler de temporada para esquivar la norma—, aumento de la inseguridad jurídica para quien alquila a largo plazo y subidas en los nuevos contratos por encima de lo que se registraba antes de la ley.

La Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, en un artículo académico publicado en 2025 (número 810), lo formulaba sin medias tintas: la regulación intervencionista del alquiler en España "no solo no resuelve el problema, sino que lo agrava, profundizando la crisis del mercado inmobiliario", citando los precedentes de Berlín, San Francisco y Suecia.

Lanzarote, fotografía sin retoque

¿Y aquí, en la isla? La realidad la pintan los carteles de "se alquila" que cada vez son más escasos, los grupos de WhatsApp donde la gente busca habitación, los compañeros de trabajo que comparten piso a los cuarenta años porque solos no pueden. Y el caso, ya documentado por la prensa internacional, del pequeño empresario de cuarenta años criado en Lanzarote que lleva seis meses durmiendo en una furgoneta acondicionada por él mismo —cocina, ducha, paneles solares, depósito de 140 litros— porque con un sueldo de 1.600 euros al mes no encuentra ningún piso que pueda pagar. La historia la recogió Travel and Tour World, pero el lector conejero sabe que no es un caso aislado.

El alquiler vacacional, ni villano ni inocente

Aquí conviene ser honestos. Es cierto que Lanzarote tiene 36.384 viviendas vacacionales registradas en 2025, según el ISTAC — once mil más que en 2021. Es cierto que el récord turístico de 3,2 millones de visitantes en 2024 ha tensionado el mercado. Pero también es verdad lo que dicen los estudios independientes: el informe "Impacto del alquiler de corta duración en España" que PwC elaboró para Strategy& en noviembre de 2024 concluyó que el alquiler vacacional representa apenas el 1,3% del parque total de viviendas en España, y que sus efectos sobre el precio nacional "no son estadísticamente significativos".

La vivienda vacacional, bien regulada, es una actividad económica legítima. Sostiene a muchas familias canarias que se sacan un sobresueldo, da empleo a personal de limpieza, mantenimiento y gestión, y aporta a la economía conejera. Demonizarla en bloque sería injusto y falso. Lo que sí hay que pedir es que se cumpla la Ley canaria de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas (BOC, 12 de diciembre de 2025) y que el Plan Insular de Ordenación del Cabildo de Lanzarote ordene de una vez la actividad. Esa es la vía. La criminalización al por mayor, no.

El problema de fondo: poca obra, poco suelo, poca planificación

El verdadero cuello de botella, recuerdan los analistas, es estructural. España ha dejado de construir vivienda nueva en proporción a las necesidades reales. El propio Banco de España estima que harían falta 600.000 viviendas adicionales para equilibrar oferta y demanda.

Hasta que no haya planificación seria a medio plazo, hasta que no se libere suelo, hasta que no se incentive fiscalmente al propietario que pone su piso en alquiler de larga duración, las leyes intervencionistas como la 12/2023 solo van a conseguir lo mismo: que los precios sigan subiendo y la oferta menguando.

Eso lo dicen los expertos. Eso lo confirman las estadísticas. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Lanzarote, donde la subida del 40% en el precio de la vivienda en cuatro años se ha producido bajo el paraguas de una ley estatal que prometió frenar lo que no ha frenado.