La Guardia Civil ha detenido en Lanzarote a un trabajador de una empresa de la isla al que atribuye un delito de apropiación indebida. Según la Comandancia de Las Palmas, el hombre se valió de la autorización que tenía para hacer compras a nombre y cargo de la empresa y fue adquiriendo material para sí mismo desde 2024: herramientas, maquinaria industrial y elementos de construcción y obra por un valor que la propia empresa calcula en unos 100.000 euros. La detención se produjo el 29 de octubre.

Elpejeverde.com, Arrecife, 12 de noviembre de 2026

Fue la empresa la que acudió a la Guardia Civil en cuanto tuvo constancia de lo que estaba ocurriendo. A partir de esa denuncia, el Área de Investigación de Tías se hizo cargo de las indagaciones.

Los agentes actuaron con rapidez para asegurar las primeras pruebas, según explica la Comandancia, porque existían “fundadas sospechas” de que el investigado pudiera deshacerse del material para eludir la acción de la justicia.

Lo encontraron casi todo

La mañana del 29 de octubre los agentes localizaron la práctica totalidad de los efectos. Las imágenes difundidas por la Guardia Civil muestran dos casetas metálicas precintadas y, dentro, minitractores, desbrozadoras, motores y maquinaria de jardinería y obra apilada hasta el techo.

Ese mismo día se practicó la detención y el hombre pasó a disposición de los Tribunales de Instancia de Arrecife, que decretaron como medida cautelar la entrega controlada a la empresa perjudicada de todo el material recuperado.

Qué dice el Código Penal

La Guardia Civil recuerda que la apropiación indebida está regulada en los artículos 253 y 254 del Código Penal, y se produce cuando alguien recibe dinero, efectos o cualquier cosa mueble de forma legítima —por depósito, comisión, custodia o cualquier título que obligue a devolverla— y en lugar de restituirla se la queda o le da un uso distinto.

En este caso concreto se trataría del tipo agravado, por superar los 50.000 euros, con penas que van de uno a seis años de prisión y multa de seis a doce meses, además de la restitución del daño causado.

Parte de la maquinaria intervenida y las casetas precintadas por la Guardia Civil en Lanzarote. Fotos: Guardia Civil.