El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa continúa con los trámites administrativos para acordar la paralización cautelar de las excursiones turísticas organizadas en buggies, quads y safaris sobre suelo rústico de la isla, mientras se define una regulación que permita ordenar la actividad. La decisión llega después de una consulta pública previa que, según la Corporación, ha registrado una gran participación y "multitud de alegaciones, en su gran mayoría en contra de estas prácticas", y se apoya en los informes técnicos y ambientales que advierten de las afecciones al territorio insular.

Elpejeverde.com | Lanzarote, 5 de noviembre de 2026

De la consulta pública a la medida

La actuación da continuidad al procedimiento que el Cabildo impulsó a principios de octubre, cuando abrió una consulta pública previa para recabar la opinión de la ciudadanía, los ayuntamientos, los propietarios de suelo rústico, las organizaciones ecologistas, los clubes deportivos y los sectores profesionales afectados sobre la regulación del tránsito de vehículos motorizados en el medio natural.

El objetivo de aquel primer paso era estudiar las herramientas jurídicas necesarias para establecer criterios comunes en toda la isla y limitar las afecciones derivadas de estas prácticas. Con las alegaciones encima de la mesa, la Corporación avanza ahora en los trámites para adoptar lo que ella misma denomina "medidas drásticas", fundamentadas en los informes técnicos y ambientales recabados y en las solicitudes trasladadas por distintas administraciones y organismos competentes.

"Un territorio limitado y especialmente frágil"

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, sitúa la decisión en el terreno de la obligación institucional. "Lanzarote tiene un territorio limitado y especialmente frágil, y debemos actuar cuando existen informes que alertan de afecciones que pueden comprometer su conservación. Nuestra obligación es proteger el patrimonio natural y cultural de la isla y garantizar que las actividades que se desarrollen en ella respeten la normativa y sean compatibles con nuestros valores ambientales", señala.

Betancort insiste en que el horizonte es una regulación que aporte seguridad jurídica y permita abordar el asunto con criterios homogéneos en el conjunto insular. "Estamos trabajando para dar una respuesta responsable, basada en criterios técnicos y jurídicos, ante una situación que requiere ordenar estas actividades. La protección de Lanzarote debe ser una prioridad y debemos contar con herramientas eficaces para garantizarla", añade.

El consejero de Política Territorial y Ordenación del Territorio, Jesús Machín Tavío, apunta en la misma dirección: "Contamos con informes de distintas áreas técnicas y organismos competentes que coinciden en señalar las afecciones que estas actividades pueden ocasionar sobre el territorio. Como Administración responsable de la ordenación y protección del suelo, debemos actuar con prudencia y responsabilidad para evitar que estos impactos sigan produciéndose".

Lo que describen los informes

El listado de impactos que recoge la documentación técnica es largo y conocido por cualquiera que haya visto pasar una fila de buggies por un camino de tierra: compactación y erosión del suelo, pérdida de tierra fértil, levantamiento de polvo, afecciones a cultivos y a la vegetación autóctona, molestias a la fauna, contaminación acústica, aparición de nuevas rodadas y deterioro de caminos e infraestructuras rurales. Se advierte además de posibles afecciones a elementos del patrimonio arqueológico y etnográfico.

El origen del problema: no hay rutas autorizadas

El Cabildo apunta a una causa de fondo. La ausencia de una red insular de recorridos específicamente autorizados para estas actividades ha favorecido que las excursiones circulen por caminos agrícolas, pistas tradicionales y espacios de valor ambiental, con las molestias consiguientes a vecinos y agricultores, además de los impactos sobre el entorno.

Las dos salidas que se estudian

Mientras continúa la elaboración del marco regulador, la Institución maneja dos alternativas. La primera, una Ordenanza Insular Provisional, prevista en la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que permitiría fijar criterios homogéneos para el suelo rústico mientras prosigue la tramitación del nuevo Plan Insular de Ordenación. La segunda, establecer una red oficial de rutas a motor sometida a restricciones específicas.

Una precisión necesaria

Conviene no adelantar acontecimientos: el acuerdo de paralización no está adoptado. El Cabildo "continúa con los trámites" para acordarlo, de modo que a día de hoy la actividad no está prohibida. La Corporación tampoco ha facilitado el número exacto de alegaciones recibidas ni la identificación de los informes en que se apoya, y nada dice la documentación sobre cuántas empresas y empleos quedarían afectados ni sobre un posible periodo transitorio. Este digital ha pedido esos datos y la reacción del sector.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, y el consejero de Política Territorial y Ordenación del Territorio, Jesús Machín Tavío, en suelo rústico de la isla. Foto: Cabildo de Lanzarote.