Un informe jurídico encargado por la Presidencia del Cabildo concluye que el consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Ángel Vázquez, debió abstenerse el 14 de julio de 2025, cuando se publicó la lista de admitidos de un proceso selectivo en la que figuraba su hijo. No lo hizo. El documento plantea declarar anulable aquel procedimiento. Y Oswaldo Betancort ha trasladado la pelota al Partido Popular.

Elpejeverde.com | Lanzarote, 13 de octubre de 2026

El informe lo firma la secretaria del Consejo de Administración de los CACT y lo solicitó la propia Presidencia insular para "esclarecer las circunstancias que rodearon este procedimiento". Sus conclusiones son explícitas sobre lo que, a su juicio, debió ocurrir y no ocurrió.

"El consejero delegado debería de haberse abstenido en el momento en el que se publicó el listado de admitidos provisionales en el que consta su hijo, esto es con fecha 14 de julio de 2025, por estar incurso en causa de abstención al participar en el proceso selectivo un familiar directo, su hijo", señala el documento, que invoca el artículo 23 de la Ley 40/2015. Y añade qué debió hacer: "Debía de haber comunicado al presidente de la entidad que estaba incurso en causa de abstención por motivo familiar".

Anulable, que no es lo mismo que nulo

La solución que propone el informe es técnica y conviene explicarla, porque la diferencia entre los términos no es menor. El documento no habla de nulidad, sino de anulabilidad, y lo justifica: la nulidad "debe aplicarse en supuestos tasados y excepcionales".

En términos administrativos, un acto nulo no produce efecto alguno desde su origen y no se puede sanar. Uno anulable, en cambio, es válido mientras no se declare lo contrario y admite corrección: puede retrotraerse el procedimiento al punto donde se torció y conservar lo que sí se hizo bien.

Eso es exactamente lo que plantea el informe: "Declarar anulable el proceso selectivo, retrotraer el procedimiento al momento en el que el consejero debió abstenerse, convalidar todos los actos y actuaciones del tribunal si se demuestra que están documentados en acta u otros soportes".

Los contratados no pierden su puesto

El documento se detiene expresamente en la situación de quienes ya superaron aquel proceso y trabajan en la entidad, para dejar claro que la corrección no debe perjudicarles. Habla de "terceros de buena fe".

"En aras de no perjudicar los derechos de terceros de buena fe, como son todos aquellos aspirantes que han superado el proceso selectivo que se encuentran vinculados ya laboralmente con un contrato de trabajo a la entidad y en situación de alta en la Seguridad Social, convalidadas las pruebas debe de retrotraerse el procedimiento de selección al momento en que el tribunal de selección propone la lista de aspirantes que superan el proceso selectivo y con los que es posible concertar un contrato de trabajo", recoge el texto.

Hay además una instrucción concreta y de aplicación inmediata para el consejero delegado: "El consejero delegado debe abstenerse de firmar documento alguno relacionado o conexo con el proceso selectivo".

Betancort traslada la decisión al PP

A la vista de esas conclusiones, el presidente del Cabildo ha instado al Partido Popular —formación a la que pertenece Vázquez y socio de gobierno de Coalición Canaria en la institución— a "adoptar las medidas oportunas".

Betancort sostiene que corresponde a los populares "valorar la situación y asumir las responsabilidades políticas que pudieran derivarse", y enmarca su posición en tres principios: legalidad, transparencia y ejemplaridad institucional. Según su planteamiento, la obligación de garantizarlos "está por encima de cualquier consideración partidista y constituye una responsabilidad compartida por todas las formaciones que participan en la acción de gobierno".

La Presidencia recuerda que, desde que los hechos trascendieron públicamente, impulsó las actuaciones para recabar la documentación administrativa y someterla a análisis jurídico, con el fin de contar con "una valoración objetiva y fundamentada antes de adoptar cualquier decisión".

Betancort añade que el Cabildo seguirá actuando "con respeto a los procedimientos legales y a las garantías que corresponden a todas las personas implicadas, sin renunciar a la exigencia de responsabilidad y ejemplaridad en el ejercicio de las funciones públicas".

Qué queda por decidir

El informe resuelve la parte técnica, pero no la política. Lo jurídico apunta a una vía de corrección —retrotraer, convalidar, seguir— que no deja sin trabajo a nadie. Lo que queda abierto es qué hace el Partido Popular con su representante al frente de los CACT, una decisión que el presidente insular ha situado de forma deliberada fuera de su propio tejado.

Conviene precisar, en todo caso, el alcance de lo que dice el documento: señala el incumplimiento de un deber de abstención y propone cómo subsanar el procedimiento. No atribuye ilícito penal alguno ni cuestiona los méritos de quienes superaron las pruebas, incluidos los del aspirante cuya relación familiar motivó el informe.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, y la dirigente del Partido Popular de Lanzarote, María Jesús Tovar / Fotos: Cabildo de Lanzarote y Partido Popular