Juan Manuel Sosa durante una sesión plenaria en el Cabildo de Lanzarote / Foto: Cabildo de Lanzarote

Coalición Canaria acredita, según afirma, que Juan Manuel Sosa ha presentado ante el juzgado el decreto firmado por Dolores Corujo en 2021 para intentar que sea el Cabildo de Lanzarote quien asuma los 300.000 euros que está condenado a devolver al Gobierno de Canarias.

Elpejeverde.com | Lanzarote, 30 de junio de 2026

El caso Sosa-Corujo suma un nuevo capítulo. Coalición Canaria asegura haber acreditado que Juan Manuel Sosa ha presentado en los juzgados el Decreto 2021-5684 firmado por Dolores Corujo cuando presidía el Cabildo de Lanzarote para intentar que sea la institución insular —es decir, el bolsillo de todos los lanzaroteños— quien se haga cargo de los 300.000 euros que está condenado a devolver al Gobierno de Canarias por haberlos cobrado de manera ilegal.

Pedro San Ginés, portavoz de CC, fue contundente: "Lean ustedes mismos las tres pruebas de que si el Cabildo no pagó, no fue porque Dolores Corujo no lo intentara, sino porque no pudo perpetrar del todo sus delitos gracias al contundente reparo de legalidad de la interventora, y por eso firmó para blindarse el decreto que investiga la Fiscalía".

El informe que certificaba crédito para pagar a Sosa como médico

Según la documentación presentada por CC, Corujo no solo firmó el decreto que reconocía retrospectivamente una dedicación exclusiva que, según la formación nacionalista, nunca existió. También solicitó y obtuvo un informe del órgano económico del Cabildo que certificó la existencia de crédito para pagar a Sosa un sueldo de 42.045 euros como médico hasta final de 2021, un concepto distinto al del resto de consejeros.

CC sostiene que el decreto pretendía "confirmar" una dedicación exclusiva con cargo al Cabildo "que nunca había tenido lugar" y que fue elaborado "a sabiendas de ir en contra de los informes de Intervención, que ya habían reparado sus pretensiones por ilegales".

"Nuevo hecho documental" para el Gobierno de Torres

La formación nacionalista aporta un informe de la Dirección General de la Función Pública de 30 de marzo de 2023, en el que la propia Administración autonómica reconocía retrospectivamente que el decreto de Corujo fue considerado un "nuevo hecho documental" y que su contenido fue tenido en cuenta para modificar la fundamentación jurídica de la situación administrativa de Sosa.

Según CC, antes de ese decreto "se entendía acreditado que el consejero tránsfuga Sosa no percibía retribución fija ni periódica del Cabildo y que no ostentaba dedicación exclusiva", una circunstancia que la propia Secretaría General del Pleno había certificado. "Frente a esa realidad documental, el decreto de Corujo le reconoció retrospectivamente que venía desempeñando el cargo con dedicación exclusiva desde el 30 de diciembre de 2019, lo cual era falso", sostiene San Ginés.

La contradicción que CC señala como clave

Coalición Canaria plantea una disyuntiva que considera demoledora: o Sosa no tenía dedicación exclusiva y por eso tenía derecho a cobrar asistencias y dietas de pleno y comisión, o si se da por bueno que sí la tenía desde 2019 como dice el decreto, entonces no podía percibir esas dietas y debió promoverse su devolución. "Pero no hizo ninguna de las dos cosas, y no resulta coherente sostener simultáneamente ambas realidades", argumenta San Ginés.

Sosa usa el decreto en el juzgado: "trascendental importancia"

Lo que CC califica como "lo realmente revelador" es que la propia defensa de Sosa ha presentado el decreto de Corujo ante los juzgados calificándolo de "trascendental importancia" para invocar su supuesto derecho al cobro de haberes. Para CC, esto confirma que el decreto "no era inocuo" y evidencia "una clara alineación de intereses entre Sosa y Corujo para que el dinero que el primero tendrá que devolver saliera del bolsillo de todos los lanzaroteños".