FOTO: Dolores Corujo, secretaria general del PSOE de Lanzarote, junto al ministro y líder del PSOE canario Ángel Víctor Torres. Foto: PSOE Canarias

La secretaria general del PSOE de Lanzarote, María Dolores Corujo, ha emitido un comunicado rechazando el uso de la Fiscalía "para campañas políticas con denuncias falsas" y ha negado estar investigada o imputada. Sin embargo, el Director Insular de Presidencia del Cabildo de Lanzarote  David Monte ha explicado que Corujo entró esta mañana a declarar como testigo y salió con una nueva citación en calidad de investigada, tras aportar nueva documentación. La Fiscalía de Lanzarote contra Delitos en la Administración Pública investiga presuntas responsabilidades penales derivadas de un decreto de la entonces presidenta del Cabildo que, según la denuncia, podría haber blindado el sueldo del presunto tránsfuga Juan Manuel Sosa.

Lanzarote | Elpejeverde.com

El PSOE de Lanzarote está en alerta. Su secretaria general, María Dolores Corujo, acudía esta semana  a la Fiscalía a declarar como testigo en el caso Sosa. Salió con una condición procesal diferente: investigada. Y pocas horas después, su partido publicó un comunicado denunciando el uso de la Fiscalía como "arma política".

De testigo a investigada en una mañana

 David Monte, también abogado y militante de Coalición Canaria, fue meridianamente claro al salir del juzgado: "Esta mañana Dolores Corujo tenía la condición de testigo y por eso compareció sin abogado. Sin embargo, tras su declaración y la nueva documentación aportada, el fiscal entendió que lo procedente era volver a citarla, esta vez en presencia de su abogado y en calidad de investigada."

Es decir: Corujo no llegó investigada. La investigación se abrió a raíz de su propia declaración y de la documentación presentada ante el fiscal. La próxima vez tendrá que ir acompañada de letrado. Así funciona el proceso.

El caso Sosa: el decreto que lo desencadena todo

La denuncia que está en el origen de todo esto apunta a un decreto firmado por Corujo cuando era presidenta del Cabildo de Lanzarote. Según Monte, el decreto habría pretendido blindar la situación económica de Juan Manuel Sosa, el concejal que en diciembre de 2020 abandonó Coalición Canaria para incorporarse al grupo de gobierno del PSOE en el Cabildo, facilitando así que Corujo mantuviera la presidencia al imposibilitar en la práctica una moción de censura.

Según la denuncia, el decreto se dictó en contra de un reparo de Intervención, con efectos económicos retroactivos que no procedían y sobre una cuestión para la que, según Monte, no existía competencia para resolver en esos términos. Además, el abogado reveló que Sosa cobraba como médico cuando ya no reunía las condiciones legales desde que abandonó la portavocía de CC y que percibía dietas por asistencia a plenos y comisiones siendo consejero liberado del grupo de gobierno.

La respuesta del PSOE: Fiscalía como arma política

Pocas horas después de que trascendiera la nueva situación procesal de Corujo, el PSOE de Lanzarote publicó su versión. "Es intolerable que se mienta sobre mi situación procesal. No estoy ni investigada ni imputada", afirmó Corujo, quien negó los hechos y anunció que acudirá a la próxima citación "acompañada de letrado para garantizar mi derecho a la defensa frente a acusaciones falsas". Añadió que la denuncia "pretende utilizar a la Fiscalía como arma política en su campaña electoral, preparándose para mayo de 2027".

El argumento es conocido en los despachos socialistas: cuando la Fiscalía actúa contra los suyos, es política. Cuando la Fiscalía actúa a favor de los suyos — o cuando investiga al fiscal general del Estado, García Ortiz, por presuntamente filtrar datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, caso en el que el PSOE cerró filas con él — es independencia judicial.

El partido que hoy denuncia el uso político de la Fiscalía es el mismo que durante meses defendió al fiscal general acusado de exactamente eso: usar su cargo con fines políticos.

Qué pasa ahora

Una vez la Fiscalía escuche a Corujo y a Juan Manuel Sosa con sus respectivos abogados, decidirá si hay indicios suficientes de criminalidad para presentar denuncia ante el juzgado. Si lo hace, el juez abriría diligencias judiciales. Es aún un momento procesal embrionario, y desde el PSOE canario algunos dirigentes restan importancia al asunto en privado. Corujo, por su parte, manifestó "total confianza" en que la Fiscalía acreditará "plenamente la legalidad" de sus actuaciones.