Collage con imágenes del aerogenerador del proyecto de regadío de Teguise y Tinajo en proceso de instalación. Fotos: Elpejeverde.com / Ecologistas en Acción Lanzarote

Ecologistas en Acción señala al Consejo de Ministros de Pedro Sánchez como responsable directo de la exclusión del proyecto de regadío de Teguise y Tinajo de la Evaluación de Impacto Ambiental: obras que continuaron en plena cría de especies amenazadas

El colectivo Ecologistas en Acción Lanzarote ha denunciado públicamente que el proyecto de regadío agrícola para los municipios de Teguise y Tinajo, actualmente en construcción, eludió los controles ambientales obligatorios para una obra de esta envergadura. La organización apunta directamente al acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 4 de febrero de 2025, presidido por Pedro Sánchez, mediante el cual se resolvió eximir al proyecto de la Evaluación de Impacto Ambiental. La única razón: cumplir el plazo límite improrrogable del 30 de junio de 2026 para cobrar una subvención de la Unión Europea. Mientras tanto, las obras continuaron activamente durante la época de reproducción de la avutarda, el guirre, el corredor sahariano, el alcaraván y el camachuelo trompetero.

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El acuerdo está publicado en el BOE. No es una opinión ni una interpretación: el 4 de febrero de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la resolución número BOE-A-2025-2959 por la que se excluía el proyecto de modernización de regadíos para Teguise y Tinajo de la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental. Ecologistas en Acción Lanzarote ha elevado esa decisión a la categoría de denuncia pública y la califica de "extrema gravedad".

La motivación que el propio acuerdo refleja no deja lugar a la ambigüedad: acelerar la ejecución de las obras para que finalicen antes del 30 de junio de 2026, fecha límite improrrogable para cobrar la subvención concedida por la Unión Europea. La prisa por el dinero público se impuso sobre dos estudios de impacto ambiental, redactados en 2022 y 2024, que exigían taxativamente la paralización total de las obras entre los meses de marzo y julio para proteger el período de cría de avifauna especialmente vulnerable.

Los informes técnicos que la decisión del Consejo de Ministros anuló con su exclusión de la EIA exigían parar entre marzo y julio. No pararon. Las obras — que implican movimientos masivos de tierra para la instalación de kilómetros de tuberías y la excavación de dos grandes balsas — continuaron activamente en la zona de El Cuchillo, un área situada dentro y junto a la Zona Especial de Conservación (ZEC) Archipiélago Chinijo y en las inmediaciones de la ZEC Malpaís del Cuchillo.

Las especies en riesgo directo son la avutarda, el guirre, el corredor sahariano o engaña, el alcaraván y el camachuelo trompetero. Todas ellas presentes en la zona. Todas ellas en período de reproducción durante los meses de obra.

El aerogenerador: sin Declaración de Impacto Ambiental

La instalación del aerogenerador del proyecto, visible ya desde varios puntos de la isla, añade otro frente de preocupación. Al carecer de Declaración de Impacto Ambiental, el colectivo advierte que se desconoce si el aparato está ubicado en el emplazamiento idóneo y si dispone de tecnología para evitar colisiones de aves. También se ignora el alcance de la contaminación acústica que afectará a la vecindad de La Santa.

El pozo de salmuera: el precedente de la desaladora de Telde

El tercer foco de alarma es el pozo de filtración de salmuera procedente de la planta desaladora. Ecologistas alerta sobre la alta porosidad del suelo en la zona y recuerda el precedente de la desaladora de Telde, en Gran Canaria, cuyo pozo filtrante tuvo que clausurarse de urgencia por la grave contaminación del subsuelo. Aquella negligencia obligó a construir un costoso emisario submarino. En Lanzarote, sin evaluación ambiental, nadie ha valorado si se repetirá ese escenario.

Un precedente "sumamente peligroso"

La conclusión de Ecologistas en Acción es contundente. Para la organización, la decisión política de eximir de evaluación ambiental a un proyecto de esta magnitud, con el único objetivo de no perder una partida de dinero europeo, "sienta un precedente administrativo sumamente peligroso" que quiebra la seguridad jurídica y ambiental. El mensaje que lanza a promotores y responsables políticos es que las leyes de protección del medio natural y la salud de las personas pueden ignorarse si la justificación económica es suficiente.

Elpejeverde.com ha intentado obtener la valoración del Consejo Insular de Aguas y de la Consejería correspondiente. A cierre de esta crónica no habían respondido.