Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé. / Elpejeverde.com

El Ayuntamiento exige el cumplimiento de la Ley de Cabildos y denuncia la paralización de inversiones fundamentales para el municipio

El Ayuntamiento de San Bartolomé ha decidido acudir a la vía judicial contra el Cabildo de Lanzarote para reclamar los fondos del Plan de Cooperación Municipal que, sostiene, le corresponden. El Consistorio ejercerá acciones en vía contencioso-administrativa ante la falta de aprobación del Plan Insular de Obras y Servicios de Competencia Municipal de 2025 y la retirada de fondos que el municipio considera propios.

La propuesta fue aprobada por mayoría absoluta de la Corporación en el pleno ordinario del 25 de marzo de 2026. El acuerdo se trasladó después al Cabildo mediante un requerimiento previo, pero la institución insular no respondió dentro del plazo legal, motivo por el que el Ayuntamiento ha decidido seguir adelante con el procedimiento judicial.

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, señaló que "nos hemos visto obligados a acudir a los tribunales para defender unos recursos que pertenecen a todos los vecinos y vecinas de San Bartolomé y que son esenciales para seguir desarrollando proyectos y servicios en el municipio". El regidor recordó que "los planes de cooperación son una obligación legal recogida en la Ley de Cabildos y lo único que estamos exigiendo es que se cumpla la normativa vigente".

Pérez explicó que el Ayuntamiento reclama las cantidades retiradas desde 2023 y lamentó que la situación afecte a actuaciones estratégicas para el municipio. "En 2023 se nos retiró la asignación que nos correspondía y en 2025 ni siquiera se aprobó el plan", detalló.

El alcalde sostuvo además que "existen diferentes sentencias judiciales sobre casos similares que generan jurisprudencia respecto a este tipo de contenciosos y que respaldan la obligación de las administraciones insulares de cumplir con los mecanismos de cooperación municipal". E insistió en que el Ayuntamiento "defenderá hasta las últimas consecuencias los intereses de San Bartolomé y el derecho de la ciudadanía a contar con las inversiones que le corresponden".

Como ejemplo de las consecuencias de esta falta de financiación, Pérez citó la paralización del gimnasio municipal y la actuación prevista en la calle Arrecife, una obra que quedó suspendida tras atender una petición vinculada a trabajos hidráulicos que finalmente no se ejecutaron. "Hemos perdido financiación importante para actuaciones necesarias para el municipio por decisiones que han terminado perjudicando directamente a San Bartolomé", lamentó.

El Ayuntamiento sostiene que el Cabildo tiene atribuida legalmente la competencia de asistencia y cooperación económica, jurídica y técnica con los municipios, conforme a la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Texto Refundido de las disposiciones legales en materia de Régimen Local y la Ley de Cabildos Insulares. Desde el grupo de gobierno municipal se insiste en que la acción judicial responde "únicamente a la defensa de los intereses generales del municipio" y a la necesidad de garantizar inversiones esenciales para infraestructuras, servicios públicos y calidad de vida.