Canal Gestión Lanzarote ha iniciado formalmente los trámites legales para solicitar la resolución del contrato de concesión del servicio urbano del agua en Lanzarote y La Graciosa, alegando incumplimientos críticos y sistemáticos por parte del Consorcio del Agua de Lanzarote, dependiente del Cabildo insular.
La compañía, que lleva más de doce años prestando el servicio en lo que describe como un escenario de hostilidad jurídica y técnica, ha tomado esta decisión tras un análisis técnico-jurídico que identifica tres grandes frentes de incumplimiento por parte de la Administración insular.
Lanzarote | Elpejeverde.com
Inversiones incumplidas y 50 millones desviados
El Consorcio se comprometió contractualmente a ejecutar y financiar inversiones valoradas en 78,7 millones de euros que nunca llevó a cabo. El incumplimiento es especialmente grave porque Canal Gestión adelantó un canon de 50 millones de euros que el Consorcio destinó a fines ajenos al servicio, en lugar de aplicarlo a la renovación de las infraestructuras hidráulicas, cuyo estado de conservación inicial ya era deficiente.
"El inexplicable abandono de la inversión comprometida por parte del Cabildo ha supuesto una degradación de las infraestructuras del agua en perjuicio de los habitantes de la isla", señala la compañía en su comunicado.
Tarifas bloqueadas desde 2017 y déficit de 40 millones
A la falta de inversión se suma el bloqueo deliberado a la actualización tarifaria. Desde 2017, el Consorcio ha eludido sistemáticamente la revisión de tarifas prevista en el contrato, pese a estar amparada por sentencia judicial firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Esta situación ha generado a Canal Gestión un déficit superior a los 40 millones de euros, cantidad que, según la empresa, el Cabildo tendrá que abonar a la vista de los pronunciamientos judiciales.
El tercer eje del conflicto son las modificaciones contractuales unilaterales impuestas por el Consorcio, incluyendo órdenes de obras que han alterado de forma arbitraria las condiciones esenciales de la adjudicación realizada en 2013 y que han superado el umbral permitido por la Ley de Contratos del Sector Público.
Intervención cautelar "injustificada"
Canal Gestión califica de "agravio enorme e injustificado" la intervención cautelar del servicio acordada por el Consorcio, teniendo en cuenta que la empresa asegura haberse comprometido por encima de sus obligaciones contractuales mientras la Administración desatendía sus deberes más básicos.
La compañía ha solicitado la resolución del contrato y la compensación de todos los perjuicios económicos, sin perjuicio de otras actuaciones que resulten necesarias para "preservar sus recursos económicos y buen nombre".