Coalición Canaria en Tías ha cargado duramente contra la nueva Ordenanza de Tasa de Basuras aprobada en el último pleno municipal. El portavoz nacionalista, Marcos Vizcaíno, acusa al equipo de gobierno de aprobar "una ordenanza coja, fuera de plazo y con trampas burocráticas" que no entrará en vigor hasta enero de 2028, tras las elecciones municipales de 2028. CC denuncia falta de informes técnicos clave, ausencia de incentivos ambientales reales y deficiencias graves en la tramitación. Además, critican el bloqueo a su propuesta de ayudas al IBI para personas con discapacidad.
Tías | Elpejeverde.com
El grupo municipal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Tías ha presentado un duro alegato contra la nueva Ordenanza de Tasa de Basuras aprobada recientemente en el pleno. Su portavoz, Amado Vizcaíno, acusa al equipo de gobierno de aprobar un texto "precipitado, con deficiencias graves y cargado de trampas" que, además, no entrará en vigor hasta enero de 2028, justo después de las elecciones municipales.
"Pretenden aprobar una ordenanza fiscal a ciegas"
Vizcaíno señaló que la propia Tesorera municipal advirtió en su informe de la ausencia del informe preceptivo del área de Medio Ambiente. "Pretenden aprobar una ordenanza fiscal a ciegas, generando inseguridad jurídica", afirmó el concejal nacionalista, quien considera que esta carencia técnica invalida la tramitación del expediente.
El edil también criticó que el calendario de aplicación de la nueva tasa se haya retrasado hasta 2028. "Es obvio que no quieren que les pase factura electoral. El próximo año es electoral. Están trasladando el problema para después de las elecciones", denunció.
Ausencia de incentivos ambientales y bonificaciones inaccesibles
Otro de los puntos criticados por Coalición Canaria es la falta de incentivos ambientales reales en la ordenanza. Según Vizcaíno, el texto no incluye medidas efectivas para fomentar el reciclaje o la reducción de residuos, limitándose a una estructura tarifaria convencional sin componente pedagógico ni de concienciación.
Además, el portavoz denunció la existencia de "trampas burocráticas" en las bonificaciones sociales previstas. Según CC, los requisitos para acceder a estas ayudas son tan restrictivos que la mayoría de las familias que necesitan apoyo quedarán fuera. "Las bonificaciones están diseñadas para quedar bien en el papel, pero no para aplicarse en la práctica", aseguró.
Falta de protección para propietarios con impagos u ocupaciones
Vizcaíno también lamentó que la ordenanza no contemple ninguna medida de protección para propietarios que se enfrentan a impagos de la tasa por parte de inquilinos o a situaciones de ocupación ilegal. "Los propietarios de buena fe quedan desprotegidos y acaban pagando por algo que no les corresponde", apuntó.
Llamamiento a presentar alegaciones
Por todo ello, el concejal nacionalista invita a todos los vecinos, autónomos y pequeñas empresas con actividad en Puerto del Carmen a presentar alegaciones contra esta ordenanza a través de la sede electrónica municipal en cuanto salga a exposición pública. "Traen una ordenanza coja, fuera de plazo y sin garantías. Por responsabilidad con los vecinos, exigimos su retirada", concluyó.
CC denuncia el bloqueo a las ayudas al IBI para discapacitados
Paralelamente, Vizcaíno denunció que el grupo de gobierno ha obligado a dejar sobre la mesa la moción presentada por Coalición Canaria para aliviar la carga fiscal del IBI a personas con discapacidad. El portavoz explica que su grupo reformuló la propuesta original mediante una enmienda para dotarla de viabilidad legal, sustituyendo la bonificación directa por un sistema de subvenciones denominado "IBI Social".
Este sistema permitiría ayudar económicamente a personas con discapacidad en función de su renta y grado de discapacidad. Sin embargo, la propuesta fue rechazada. "Algo tan sencillo como adaptar la propuesta para que fuera legalmente viable ha sido rechazado con la excusa de que no han tenido tiempo para estudiar nuestras propias enmiendas", lamenta el edil.
"Han preferido bloquear una solución real"
Vizcaíno asegura que esta decisión retrasa una medida "urgente y necesaria" para más de 1.600 personas con discapacidad empadronadas en el municipio. "Han preferido bloquear una solución real antes que permitir avanzar en una medida de justicia social", concluyó el portavoz nacionalista.