El Pleno del Ayuntamiento de Teguise aprobó este jueves la moción del PSOE para impulsar medidas urgentes que agilicen la tramitación de licencias ante el colapso de 4.787 expedientes acumulados. La iniciativa salió adelante con ocho votos a favor del PSOE, más los apoyos de Primero Teguise y Nueva Canarias, tras la abstención del PP y el voto en contra de CC. El resultado evidencia una nueva división en el gobierno local, integrado por CC, PP y el exconcejal de Vox.

Teguise | Elpejeverde.com

El retraso en la concesión de licencias y autorizaciones se ha convertido en uno de los principales problemas administrativos de Teguise, afectando directamente a vecinos, profesionales y empresas que llevan años esperando respuestas del consistorio. Según datos municipales oficiales reconocidos por el propio gobierno, el volumen acumulado supera los 4.787 expedientes pendientes de resolución, una cifra que en declaraciones públicas se ha llegado a elevar hasta "5.000 y tantos", incluyendo licencias, comunicaciones previas y expedientes de disciplina urbanística.

"Más allá de las diferencias políticas, lo importante es dar un paso"

El portavoz municipal del PSOE, Marcos Bergaz, valoró el resultado del pleno y subrayó que "más allá de las diferencias políticas, lo importante es dar un paso para intentar desbloquear un problema que afecta desde hace años a vecinos, profesionales y empresas del municipio". Bergaz defendió la postura "firme y constructiva" de su grupo durante todo el mandato y criticó la situación interna del gobierno local, que, según afirmó, "penaliza los intereses del municipio y de sus vecinos".

División interna en el gobierno local

La aprobación de la moción puso de manifiesto una nueva fractura dentro del equipo de gobierno. Coalición Canaria votó en contra de la propuesta socialista, mientras que el Partido Popular optó por la abstención, una decisión que resultó determinante para que la iniciativa prosperara. Los ocho votos a favor del PSOE, sumados a los apoyos puntuales de Primero Teguise y Nueva Canarias, permitieron sacar adelante el paquete de medidas.

Este episodio se suma a otros momentos de tensión interna en un gobierno formado por CC, PP y el exconcejal de Vox, que ha mostrado fisuras en varios asuntos clave del municipio durante el mandato.

Refuerzo de personal y tramitación rápida

La moción aprobada incluye un conjunto de medidas orientadas a mejorar la capacidad de gestión de la Oficina Técnica municipal. Entre las principales propuestas destacan el refuerzo del personal técnico y administrativo, la creación de grupos de trabajo con los colegios profesionales, y la actualización de ordenanzas y normativa urbanística para adaptarlas a la realidad actual del municipio.

También se contempla la elaboración de una guía práctica que facilite a los solicitantes la correcta presentación de documentación, reduciendo así los errores que provocan retrasos adicionales en la tramitación.

Prioridad para expedientes de vivienda residencial

Uno de los puntos destacados de la iniciativa es la implantación de procedimientos de tramitación rápida para expedientes considerados prioritarios, especialmente aquellos vinculados a vivienda residencial. Esta medida busca dar respuesta a las familias que esperan permisos para construir o reformar sus hogares, un asunto que los socialistas consideran especialmente sensible en el contexto actual de crisis de vivienda.

Además, se propone la creación de una comisión de seguimiento con representación de todos los grupos políticos del consistorio, que supervisará la aplicación efectiva de las medidas y evaluará periódicamente los avances en la reducción del atasco administrativo.

"Estaremos vigilantes para que se lleven a cabo"

Marcos Bergaz cerró su intervención con un mensaje de vigilancia: "Firmeza para denunciar la acumulación de expedientes y los retrasos que sufren la ciudadanía y el empresariado, pero también utilidad con la presentación de esta batería de medidas. Estaremos vigilantes para que se lleven a cabo". El portavoz socialista dejó claro que su grupo fiscalizará el cumplimiento de los acuerdos aprobados y exigirá resultados tangibles en los próximos meses.