El Ayuntamiento de Yaiza reunió a trescientas personas durante dos jornadas en el Restaurante Amura de Puerto Calero para debatir sobre urbanismo, legalidad y corrupción urbanística en el Congreso de Urbanismo y Delitos contra la Administración celebrado la semana pasada. Magistrados del Tribunal Supremo, jueces, fiscales, arquitectos y técnicos coincidieron en que el urbanismo es una materia viva, objeto de apasionados debates y con un alto volumen de litigiosidad. El congreso estuvo moderado por el secretario general del Ayuntamiento de Yaiza, Óscar Cabrera Pérez.
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El evento contó con la colaboración del Gobierno de Canarias, representado por la viceconsejera de Planificación Territorial, Elena Zárate, y el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP). El auditorio reunió a técnicos y juristas de ayuntamientos, cabildos, gobiernos autonómicos, políticos, periodistas y estudiantes de oposiciones.
El planeamiento no puede ser una foto fija
El arquitecto y experto urbanista José María Ezquiaga fue uno de los ponentes más contundentes. Sostuvo que los planes de ordenación municipal o insular se están convirtiendo en "crónicas del pasado": "un plan debe tener una vigencia de unos 12 años y hay planes que son de 20, 30 o más años". Defendió la participación ciudadana en la fase de consulta, considerándola una herramienta democrática: "el urbanismo es una cuestión de valores colectivos y no solo una recopilación de datos".
Ezquiaga también aludió a la anulación del Plan General de Yaiza por la falta de un informe de carreteras, subrayando que a veces "lo procedimental desplaza lo sustancial".
Corrupción: tópico y realidad
Miguel Ángel Torres, magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga y en su momento juez instructor del caso Malaya, la trama de corrupción de Marbella, analizó la pérdida de calidad democrática por el uso lucrativo de la tramitación de licencias. "En España no hay juzgados anticorrupción por falta de interés político", aseguró. Y matizó: "tampoco podemos pensar que todo lo que se haga en desarrollo urbanístico es corrupción, simplemente hay que controlar para que todo lo que se lleva a cabo esté dentro de la legalidad".
El fiscal de Las Palmas, Miguel Pallarés, aportó datos concretos: de 84 demoliciones realizadas en España en 2024, solo 25 fueron voluntarias. Hay 150 demoliciones pendientes en el país. Recomendó a las administraciones paralizar cualquier obra desde que exista una denuncia fundamentada, sin esperar a que el edificio esté prácticamente terminado.
La justicia ante la complejidad urbanística
El magistrado del Tribunal Supremo Wenceslao Olea afirmó que, con independencia de los fallos de la legislación, "nosotros tenemos que dictar sentencia conforme a la legalidad vigente". Describió la situación actual como una "ceremonia de la confusión", con diecisiete leyes autonómicas en materia de evaluación ambiental y urbanismo.
La magistrada del Supremo María Consuelo Uris explicó que los recursos suelen demorar en el tiempo: "a veces y por desgracia, es muy difícil reponer la realidad alterada". El magistrado del TSJC Antonio Doreste abordó la transversalidad del género en el planeamiento, señalando que ante cualquier duda siempre debe incorporarse el informe sobre impacto de género.
El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, valoró positivamente el resultado: "la medida de la importancia del congreso es la valoración del auditorio de las dos jornadas y de los debates que impulsaron las ponencias". El secretario municipal Óscar Cabrera destacó que "el urbanismo interesa, está presente en el día a día de las administraciones y este congreso evidencia que hay mucha gente que lo entiende y que quiere seguir aprendiendo".