Yonathan de León declara como testigo el 9 de junio en la investigación judicial por la anulación irregular de multas en Arrecife
Yonathan de León, alcalde de Arrecife (CC-PNC), en una comparecencia pública donde ha confirmado que acudirá como testigo a declarar ante la magistrada que instruye el caso de anulación irregular de multas de tráfico en el municipio

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha confirmado este martes que acudirá como testigo el próximo 9 de junio ante la magistrada que instruye la investigación judicial sobre la anulación irregular de multas de tráfico en el Ayuntamiento. De León ha recibido la notificación judicial para comparecer y ha reiterado su voluntad de colaborar con la Justicia para esclarecer los hechos. La investigación arrancó tras una providencia del propio alcalde, dictada el 18 de octubre de 2024, que ordenó auditar el sistema informático de gestión de sanciones (CGI) y documentar todas las anulaciones practicadas. Los documentos fueron remitidos a la Fiscalía de Arrecife en enero pasado por la Asesoría Jurídica municipal.

Arrecife | Elpejeverde.com

Providencia de octubre para auditar el sistema de multas

La providencia dictada por Yonathan de León el 18 de octubre de 2024 estableció una batería de medidas de control interno tras detectarse presuntas irregularidades en la anulación de sanciones de tráfico. El documento, al que ha tenido acceso este medio, ordena expresamente la realización de una auditoría técnica exhaustiva del módulo sancionador del sistema informático CGI (Canarias Gestión Integral), utilizado por el Ayuntamiento para tramitar multas.

Entre las actuaciones ordenadas figura la extracción inmediata de registros (logs), histórico de acciones y permisos de usuarios, «asegurando la integridad y cadena de custodia». El responsable del contrato con CGI debía emitir un informe técnico en diez días hábiles detallando usuarios, perfiles y cualquier incidencia detectada.

Bloqueo cautelar de anulaciones y reactivación de multas

La providencia también impuso medidas cautelares para bloquear temporalmente la capacidad de anular o cancelar multas en el sistema por parte de cualquier usuario «distinto de los expresamente autorizados por Alcaldía». Además, ordenó la tramitación de todas aquellas sanciones que hubieran sido anuladas indebidamente y que aún estuvieran en plazo, restituyendo el estado procesal correspondiente y notificando a los interesados.

La Jefatura de la Policía Local recibió el mandato de remitir, en cinco días hábiles, una relación certificada de todas las multas afectadas, con informes de los agentes instructores. Secretaría General, por su parte, debía emitir un informe jurídico sobre las vías de revisión de oficio, revocación o continuación de la tramitación, así como sobre posibles responsabilidades disciplinarias.

"Seguiremos colaborando con la Justicia"

En declaraciones a los medios, el alcalde de Arrecife ha subrayado que «seguirá ofreciendo a la Justicia su colaboración y cooperación para el esclarecimiento de estas anulaciones». De León, que ostenta también la titularidad de la Concejalía de Policía Local, ha confirmado que acudirá como testigo para «reiterar esta investigación interna del Ayuntamiento».

La notificación judicial fue recibida este martes, y el alcalde ha trasladado que comparecerá «con toda la documentación generada en el procedimiento interno». Fuentes municipales indican que el objetivo es poner a disposición de la instructora del caso toda la trazabilidad de las actuaciones realizadas desde octubre.

Remisión a Fiscalía en enero de 2025

Los documentos generados tras la providencia de octubre —incluyendo informes técnicos, relaciones de multas anuladas y valoraciones jurídicas— fueron presentados en la Fiscalía de Arrecife en enero pasado. La remisión fue realizada por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, siguiendo el mandato expreso del alcalde.

El contenido del expediente incluye el detalle de usuarios con permisos de anulación, registros de acciones en el sistema informático y el listado de sanciones afectadas. La Fiscalía inició las diligencias que derivaron en la actual instrucción judicial.

Conservación de evidencias y trazabilidad completa

La providencia de octubre ordenó la «conservación inmediata de documentos, comunicaciones y soportes electrónicos relacionados, con prohibición de borrado o alteración hasta el cierre de la información reservada». Todas las unidades afectadas —Policía Local, Responsable del Servicio de Multas, Secretaría General— recibieron notificación formal de las medidas.

El alcalde ha insistido en que la investigación interna fue impulsada desde el primer momento por la propia Alcaldía, y que la trasparencia con la Justicia será «total». La comparecencia del 9 de junio será, según ha avanzado, una oportunidad para reforzar ante la magistrada instructora «todo lo hecho desde el Ayuntamiento para depurar responsabilidades».