El Cabildo lleva tres años desbloqueando lo que la izquierda paralizó: "Lanzarote seguía arrastrando un Plan del año 1991"
Foto: Samuel Martín, consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, durante una rueda de prensa en el Cabildo
Pejeverde
El consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Samuel Martín, ha publicado un artículo de opinión en el que defiende los avances del actual gobierno insular en materia de ordenación territorial. El texto tiene doble filo: es un balance de gestión con datos concretos y, al mismo tiempo, un ejercicio de autopromoción política que conviene leer con distancia crítica.
Lo que dice Martín tiene base documental y eso, en política, no es menor. Según el consejero, cuando el actual gobierno llegó al Cabildo se encontró con que Lanzarote arrastraba, en sus propias palabras, "un Plan Insular de Ordenación del Territorio del año 1991, manifiestamente obsoleto". Treinta y cinco años sin un marco territorial actualizado mientras la isla crecía, se masificaba y se transformaba. Eso no es responsabilidad de un solo partido: alcanza a todos los colores políticos que han pasado por el Cabildo desde entonces. Pero el golpe más directo lo dirige Martín contra la última legislatura socialista.
Y es que el dato que lanza el consejero es de los que no se olvidan fácilmente. Según afirma en su artículo, el llamado Plan de Ezquiaga, que "había costado más de 600.000 euros y recogía amplios consensos sociales, fue literalmente tirado a la basura en la pasada legislatura". Si ese dato es correcto —y el Cabildo tiene la obligación de documentarlo públicamente— estamos ante uno de los mayores derroches de dinero público en la historia reciente de la isla. La pregunta que el PSOE y Nueva Canarias tienen pendiente de responder con claridad es exactamente esa: ¿por qué se abandonó ese plan?
La izquierda canaria lleva años hablando de protección medioambiental, de ordenación sostenible, de frenar la especulación. Pero cuando tuvo el gobierno del Cabildo en la mano, dejó morir un instrumento que ella misma había impulsado. Esa contradicción no tiene coartada fácil.
Dicho esto, el artículo de Martín también merece leerse con rigor, no solo como propaganda de gestión. El nuevo Plan Insular de Ordenación del Territorio —el PIOT— que, según el consejero, "prevé proteger el 60% del territorio insular, triplicar el suelo destinado al sector primario y eliminar más de 100.000 metros cuadrados de suelo turístico en Playa Blanca", existe por ahora solo como documento inicial estratégico. Es un punto de partida, no una realidad aprobada. La tramitación de estos instrumentos en Canarias es lenta, compleja y está expuesta a todo tipo de presiones.
Lo mismo ocurre con los anuncios sobre buggies y quads en espacios naturales, la regulación de la extracción del rofe o los criterios para las energías renovables. Martín defiende que estos planeamientos permitirán "establecer itinerarios autorizados y limitaciones en zonas especialmente sensibles". Razonable y necesario. Pero siguen siendo anuncios de intención. El mérito real del actual Cabildo es haber puesto en marcha la maquinaria administrativa que estaba paralizada. Lo que aún no ha llegado es el resultado final: normas en vigor, territorio protegido de verdad y sanciones por incumplimiento.
La creación del Órgano de Evaluación Ambiental Insular es quizás el logro más sólido y concreto de esta legislatura en materia territorial. Según Martín, Lanzarote era "la única isla de Canarias que no contaba" con este organismo. Su ausencia ralentizaba cualquier tramitación medioambiental. Que hoy exista y funcione es un hecho positivo que difícilmente puede rebatirse.
En definitiva, el artículo de Samuel Martín sirve como balance político de mandato. Para el ciudadano de Lanzarote, lo que importa no es lo tramitado sino lo aprobado y en vigor. Y ese resultado, todavía, está por llegar.