Fin del bloqueo político: Caraballo admite que personal y pacientes deben salir del Hospital Insular

Pejeverde

Se acabó el pulso. Tras meses de resistencia dialéctica y política contra la hoja de ruta del Cabildo, el diputado Yoné Caraballo ha tenido que claudicar ante la realidad estructural del Hospital Insular. Tras visitar las instalaciones y reunirse con la dirección y los trabajadores, el representante de Nueva Canarias ha reconocido lo que hasta hace poco era tabú para su formación: que los usuarios y el personal deben ser trasladados al edificio de Enfermedades Emergentes del Hospital Doctor José Molina Orosa si los técnicos así lo certifican.

Esta rendición a la evidencia no ha estado exenta de reproches a la hemeroteca. Caraballo ha recordado que la actual situación de "emergencia" no es fruto del azar, sino de una década de abandono absoluto bajo la presidencia de Pedro San Ginés (2009-2019), periodo en el que no se invirtió ni un euro en la rehabilitación del inmueble. Es la factura de diez años de desidia que ahora obliga a una mudanza traumática.

A pesar de su capitulación, el diputado ha intentado blindar su postura exigiendo un compromiso presupuestario firme al Servicio Canario de la Salud y un calendario de retorno que garantice que lo provisional no sea eterno. Pero el titular es ineludible: Caraballo ha doblado el brazo y ha validado la tesis que Oswaldo Betancort lleva meses defendiendo en solitario frente a la crítica feroz de la oposición. La seguridad física, finalmente, ha ganado la partida al relato político.