Reclaman campañas urgentes para animar a más familias a acoger menores en Canarias
Pejeverde
El Grupo Socialista del Cabildo de Lanzarote ha dado un paso —más bien, un toque de atención— al Gobierno de Canarias: no puede seguir habiendo menores en centros residenciales por falta de familias disponibles o de técnicos que agilicen los trámites. No en un sistema que presume de protección.
La portavoz socialista, Ariagona González, ha sido clara: “Más de 200 niños menores de seis años están en centros, cuando deberían estar creciendo en hogares”. No se trata solo de una cifra alarmante; es un fallo estructural. Y no es nuevo, pero cada día sin solución convierte una anomalía en rutina.
La moción registrada por el PSOE reclama lo que ya dice la ley —la Orgánica de Protección Jurídica del Menor—, pero que no se cumple: que el acogimiento familiar prevalezca sobre el institucional. Para que eso sea posible, hacen falta dos cosas que no llegan: familias dispuestas y una administración que funcione.
“El problema no es solo que falten familias, sino que quienes se ofrecen acaban desmotivados por los retrasos de un sistema sin suficientes manos”, lamenta González. Traducido: el corazón está, pero la burocracia lo enfría. La administración autonómica no tiene personal suficiente para gestionar ni para sensibilizar, y el resultado es una lista de menores esperando algo tan básico como una familia.
La propuesta socialista no se queda en el diagnóstico. Pide más recursos humanos para la Dirección General de Protección a la Infancia, campañas de información, cobertura inmediata de vacantes técnicas y una apuesta firme por el programa de acogimiento familiar. Porque, como recuerda González, “si Canarias quiere pedir solidaridad al resto del Estado, tiene que dar ejemplo en casa”.
No es la primera vez que se escuchan palabras como “urgente”, “solidaridad” o “compromiso” en estos debates. Pero la diferencia está en si, esta vez, se traduce en acción o se suma a la larga lista de buenas intenciones que no llegan al patio de los centros donde los niños aprenden a vivir sin familia.
La infancia no puede esperar a que los procedimientos se alineen. Tampoco puede ser rehén de una agenda política o de un presupuesto raquítico. El derecho a crecer en familia no es negociable. Solo falta que el Gobierno actúe como si realmente lo creyera.