NC en Lanzarote: de la buena política al despecho parlamentario contra ADISLAN

Foto de NC Lanzarote
Por Sergio Calleja
Hay errores y hay errores. Hay equivocaciones que nacen de la buena fe, del exceso de celo, de la información mal contrastada. Y hay otras que, con el paso de los días, van adquiriendo un aroma que cuesta ignorar. Lo ocurrido con ADISLAN y Nueva Canarias pertenece, me temo, a esta segunda categoría.
Vayamos por partes. Santana denunció en el Parlamento canario que el Hogar Funcional de ADISLAN tenía plagas de chinches y ratas, comida insuficiente para personas medicadas y trabajadores represaliados por organizarse sindicalmente. ADISLAN lo negó todo de forma categórica, exigió rectificación pública y se reservó acciones legales. Sus trabajadoras salieron en masa a las redes: "Llevo cuatro años y nunca me ha pasado una rata por encima." Una madre de usuario reconoció que sí hay falta de personal — ese sí es un problema real — pero defendió a los profesionales y negó todo lo demás.
Y entonces llegó el silencio.
Ese silencio atronador, incómodo, que conocemos bien los que llevamos tiempo siguiendo la política lanzaroteña.
Pero antes de llegar al silencio, hay que decir algo que se merece ser dicho con claridad: Nueva Canarias en Lanzarote ha sido, hasta este episodio, uno de los proyectos políticos más serios e inteligentes de la isla. No lo digo por simpatía — este digital no tiene simpatías partidistas. Lo digo porque es verdad y porque la verdad, también cuando favorece, hay que contarla.
NC ha construido en Lanzarote una imagen de partido , bien documentado, con una oposición de calidad en las instituciones donde tiene representación o donde gobierna. En asuntos sanitarios y de bienestar social especialmente, su trabajo ha sido notable. Han sabido fiscalizar sin frivolizar, han sabido señalar problemas reales , y han ganado respeto entre sectores de la ciudadanía que no necesariamente comparte su ideología.
Eso hace aún más incomprensible lo que ocurrió con ADISLAN. Porque no hablamos de un partido que improvisa habitualmente. Hablamos de un partido que sabe lo que hace. O que solía saberlo.
¿Qué pasó entonces?
La pregunta lleva días rondando en los despachos, en las llamadas de teléfono y en los mensajes de quienes conocen bien la política lanzaroteña. Y hay algo que me llama especialmente la atención: el malestar no es solo externo. Hay voces dentro de la propia familia de NC en Lanzarote que no están nada orgullosas de esta intervención. Gente que lleva años construyendo este proyecto político con seriedad, que entiende que una denuncia parlamentaria de esta magnitud — sobre una ONG con más de treinta años de trayectoria, más de quinientas personas atendidas y más de doscientos trabajadores — exige algo más que una fuente de dudosa procedencia y mucha indignación.
Porque ADISLAN no es una entidad cualquiera. Es una institución profundamente arraigada en la sociedad lanzaroteña, supervisada por el Cabildo y el Gobierno de Canarias, auditada, inspeccionada y avalada por décadas de trabajo serio con los colectivos más vulnerables de la isla. Manchar esa imagen sin pruebas tiene consecuencias. Para la entidad. Para sus trabajadores. Para las familias de los usuarios. Y, a la larga, para quien lo hace.
Y aquí es donde la política lanzaroteña, que es pequeña y nos conocemos todos, empieza a hacer sus preguntas en voz baja. Las mismas que yo me permito hacer aquí en voz alta.
¿Se debatió esta denuncia en los órganos de NC en Lanzarote antes de llegar al Parlamento? ¿La conocían sus dirigentes locales — los mismos que han guardado un silencio sepulcral desde entonces — o fue una iniciativa tomada sin consulta, sin contraste, sin pedir la versión de quienes trabajan allí cada día?
Y si la conocían, ¿por qué no la frenaron? ¿Por qué dejar pasar una denuncia de esta magnitud sin exigir rigor, sin preguntar de dónde venían esos datos, sin considerar siquiera el impacto que tendría sobre cientos de familias lanzaroteñas?
Y si no la conocían, la pregunta es todavía más incómoda: ¿cómo es posible que el líder más reconocible de NC en Lanzarote, alguien que no suele perderse un debate importante sobre la isla, alguien que tiene criterio y voz en estos asuntos, dejara que una denuncia de este calibre llegara al Parlamento canario sin pasar por el filtro mínimo de la prudencia?
Porque aquí, en Lanzarote, donde todo el mundo se conoce y los círculos son pequeños, la casualidad escasea. Y cuando una institución social seria aparece acusada de ratas y chinches en sede parlamentaria, y cuando esa misma institución ha tomado recientemente decisiones laborales que afectan a personas del entorno de quienes la han denunciado, la ciudadanía tiene todo el derecho a hacerse preguntas. No a sacar conclusiones. A hacerse preguntas.
¿Fue un error de cálculo? ¿Una rabieta mal gestionada que alguien debería haber detenido a tiempo? ¿O algo más? No lo sé. Y sin pruebas sólidas, no me corresponde a mí saberlo.
Lo que sí sé es que sería una verdadera pena que un grupo de personas que estaban construyendo algo serio y valioso en la política lanzaroteña se lo hicieran saltar por los aires por un asunto que huele cada vez más a lo que no debería oler: a lo personal.
He intentado hablar con Natalia Santana. La Semana Santa lo ha dificultado. Quizás después de leer esto, esa conversación sea más urgente para ambas partes.
Porque en política, como en periodismo, hay una regla que no falla: cuando alguien tira la piedra y esconde la mano, el tiempo siempre acaba enseñando dónde estaba esa mano.